Al menos 185 activistas ecologistas fueron asesinados en 2015, según Global Witness

Un total de 185 activistas ecologistas fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe ‘En tierra peligrosa’ publicado este lunes por la ONG Global Witness.

Esta cifra supone el balance anual más alto hasta la fecha y un incremento del 59 por ciento con respecto a 2014, aunque Global Witness teme que los datos reales deben ser indudablemente más altos, dados los graves límites a la información.

Los países donde se han producido más asesinatos de activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente han sido Brasil, con 50 víctimas, y Filipinas, con 33, una cifra récord en ambos casos. A ellos les siguen Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12) y República Democrática del Congo (11).

Los principales motivos por los que se produjeron estos asesinatos fueron minería (42 muertes), negocios agrícolas (20), explotación forestal (15) y energía hidroeléctrica (15).

“A medida que la demanda por productos como los minerales, la madera y el aceite de palma continúe, los gobiernos, compañías y bandas criminales se apoderarán de tierras en desafío de las personas que viven en ellas”, ha denunciado el responsable de campaña de Global Witness, Billy Kyte, en un comunicado.

“Las comunidades que se oponen se encuentran cada vez más en el fuego cruzado de la seguridad privada de las empresas, de las fuerzas estatales y un floreciente mercado para los asesinos a sueldo. Por cada asesinato que documentamos, muchos otros no se documentan. Los gobiernos deben intervenir de forma urgente para frenar esta espiral de violencia”, ha añadido.

EL 40% DE LAS VÍCTIMAS, INDÍGENAS

El informe de Global Witness pone de relieve la especial vulnerabilidad de los indígenas, cuyos débiles derechos sobre la tierra y el aislamiento geográfico les convierte en objetivos frecuentes de la apropiación de tierras y recursos. En 2015, casi el 40 por ciento de las víctimas pertenecían a grupos indígenas.

En Brasil, la lucha por salvar el Amazonas es cada vez más una lucha entre bandas criminales que aterrorizan a la población local por orden de las empresas madereras y de las autoridades a las que han corrompido.

Además, han surgido miles de campamentos ilegales de explotación forestal en el Amazonas brasileño, donde hombres armados con machetes y sierras han talado maderas valiosas como caoba, ébano y teca.

Según Global Witness, se estima que el 80 por ciento de las maderas valiosas que proceden de Brasil son ilegales y que equivalen al 25 por ciento de la madera ilegal en los mercados mundiales. Buena parte de esta madera se vende en Reino Unido, Estados Unidos, Europa y China y está contribuyendo a una de las mayores tasas de pérdida forestal en el mundo.

“Los asesinatos que están quedando impunes en remotas localidades mineras o en la profundidad de los bosques tropicales son fomentados por las elecciones que están haciendo los consumidores en el otro extremo del mundo”, ha lamentado Kyte.

“Las empresas y los inversores deben romper con los proyectos que pisotean los derechos de las comunidades sobre sus tierras. El cambio climático y la creciente población significan que las presiones sobre las tierras y los recursos naturales van a aumentar. Sin una intervención urgente los números de muertes que estamos viendo ahora quedarán pequeñas por las que haya en el futuro”, ha añadido.

PETICIONES A LOS GOBIERNOS

Así las cosas, la ONG ha instado a los gobiernos de los países afectados a que aumenten la protección de los activistas en riesgo de violencia, intimidación o amenazas e investiguen los crímenes, incluidos a los ‘cerebros’ detrás de los matones que los cometen y que se lleve a todos ante la justicia.

Igualmente, les ha pedido que apoyen el derecho de los activistas a rechazar los proyectos en sus tierras y a garantizar que las empresas buscan proactivamente su consentimiento. Además, Global Witness les ha reclamado que resuelvan las causas que subyacen en la violencia contra los defensores, reconociendo formalmente los derechos de las comunidades a sus tierras y combatiendo la corrupción y las ilegalidades que empañan los sectores de recursos naturales.