Ali Yildiz: “Cada día que pasa, la situación de los abogados en Turquía se hace no solo más insoportable, sino también más irreparable”

La trágica muerte de la abogada turca Ebru Timtik después de 238 días en huelga de hambre ha vuelto a poner en el foco la dramática situación que viven los letrados en Turquía que no ha hecho más que deteriorarse desde el intento de golpe de estado de 2016. El abogado Ali Yildiz tuvo que salir de su país tras este suceso porque el Gobierno comenzó a detener a miembros de su profesión. Poco después fundó The Arrested Lawyers, para ayudar a letrados que están en riesgo. Es un buen conocedor de la situación actual, y por ello considera que la muerte de Timtik es “una acusación directa al sistema judicial turco, porque la Corte de Casación tuvo 238 días para considerar su apelación, pero no lo hicieron y por eso murió”. Aunque considera que las reacciones internacionales que se han producido ante este suceso son valiosas y pueden resultar beneficiosas para defender los derechos de los abogados, cree que estas acciones tienen que tener consecuencias y sanciones por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

“Cada día que pasa, la situación de los abogados en Turquía se hace no solo más insoportable, sino también más irreparable”, asegura. Además, la pandemia de Covid-19 no ha hecho más que empeorar el estado de los arrestados en las cárceles y “exacerbar las tendencias populistas”. No obstante, “dado que los líderes autoritarios suelen tener muy en cuenta su imagen en el extranjero, todo impacto internacional es importante para nuestra causa y para devolver el Estado de Derecho a Turquía”.

Sin embargo, no es optimista respecto a que esta posibilidad pueda cambiar en el corto plazo. Con otro abogado turco, Aytac Unsal, compañero de Ebru Timtik, también al borde de la muerte por otra huelga de hambre -“algo que al Gobierno no le importa ni hará nada para evitarlo”, asegura- el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante la apertura del año judicial el pasado 1 de septiembre arremetió de nuevo contra los abogados, asegurando que “actúan como terroristas”, por lo que “haremos lo necesario para frenar esta sangrienta carrera de la abogacía hacia el terrorismo”. (Poco después de la publicación de esta información, conocimos la noticia de la liberación del abogado turco Aytac Ünsal).

Ante este escenario, Yildiz apunta que desde el golpe de estado de 2016 más de 1.500 abogados han sido procesados y 605 siguen detenidos en espera de juicio. Hasta ahora, 441 abogados han sido sentenciados a un total de 2.728 años de cárcel por cargos de pertenencia a organización terrorista o por distribuir propaganda terrorista (puede verse un informe completo sobre estas cifras en

https://arrestedlawyers.org/2020/07/30/report-update-mass-prosecution-of-lawyers-in-turkey-2016-2020-2/)

También denuncia Yildiz que el presidente de la Unión Turca de Colegios de Abogados, Metin Feyzioglu “actúa como un socio de hecho del Gobierno” y “ha perdido el apoyo de todos los Colegios de abogados locales”. En julio de este año se aprobó una nueva ley que afecta a los Colegios con dos objetivos: “proteger a Feyzioglu y debilitar a Colegios como Ankara, Diyarbakir o Sanliurfa, que están investigando torturas y otras violaciones de derechos”, asegura. Además, los dirigentes de Ankara y Diyarbakir están bajo investigación criminal. Pero a pesar de las dificultades “la mayoría de los Colegios de abogados siguen trabajando para proteger la independencia y la integridad de la profesión”.

Por ello, considera crucial el apoyo del Observatorio de la Abogacía en Riesgo (OIAD) a Colegios como Ankara o Diyarbakir, que “están siendo investigados y cualquier apertura de procedimiento o condena contra ellos podría tener graves consecuencias, porque estas entidades han recopilado información muy valiosa en informes sobre torturas y otras violaciones de derechos humanos, por lo que se hace especialmente importante mantener el diálogo con los abogados turcos” por parte del OIAD.

En la misma línea, Yildiz señala que el TEDH “necesita entender que no existe remedio para Turquía dentro del país”. “Recientemente”, relata, “me reuní con el presidente de la organización Magistrados Europeos por la Democracia  las Libertades (MEDEL), Filipe Marques, y el presidente de la Asociación Europea de Jueces, Jose Igreja Matos. Ambos admitieron que no hay independencia judicial en Turquía y por tanto no se puede remediar la situación desde dentro. Sin embargo, el presidente del TEDH, Robert Spano, va a visitar Turquía a invitación del ministro de Justicia y recibirá un doctorado honorífico de la Universidad de Estambul, que despidió a 192 profesores también en el marco del golpe de estado. Esto supone un duro golpe para las esperanzas de los ciudadanos turcos en el TEDH”.

Como alternativas, Yildiz apunta a la utilización de “la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos para sancionar a los responsables de estas violaciones de derechos humanos”, o que “las asociaciones de abogados de toda Europa realicen una consulta al Relator Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayan, para utilizar los mecanismos de Naciones Unidas”. En todo caso, considera que “es hora de identificar a los responsables de todas estas violaciones y que rindan cuentas”.