Ángela González vuelve a los tribunales contra España

Cuando se cumplen 217 días desde que el Comité de Naciones Unidas para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer (CEDAW) condenase a España por la serie de negligencias que derivaron en que la hija de Ángela González, a los siete años de edad, fuese asesinada por su padre maltratador, las abogadas de Women’s Link vuelven a los tribunales en su representación para exigir al Estado que asuma su responsabilidad, informa Europa Press.

Según han explicado este jueves en rueda de prensa la presidenta de la organización, Viviana Waisman, la letrada Gema Fernández y la propia Ángela González, se trata de dos procedimientos judiciales iniciados uno, para que el Ministerio de Justicia recapacite y reconozca que sí hubo un fallo en la protección de esta mujer y su hija y otro, para exigir la responsabilidad patrimonial al Estado que le ha demandado la ONU y que se viene negando a asumir.

“El Comité indica al Estado español que debe establecer una reparación en concepto amplio y una compensación, una indeminización económica, a Ángela. Como no existe en el ordenamiento jurídico español un mecanismo concreto para hacer efectivas las decisiones que vienen de organismos internacionales, hay que innovar y buscar en vía judicial cuáles son las opciones para forzar una compensación a Ángela por el daño sufrido”, explica la abogada.

Fernández recuerda no obstante que “podría ser una cuestión que no requiriera un procedimiento judicial” ya que el Ministerio de Justicia “tiene la capacidad y competencia para reconocer y otorgar la indemnización, pero no está queriendo hacerlo”, así que se ha iniciado este doble procedimiento para reclamar responsabilidad patrimonial al Estado para con Ángela González, iniciativas estas que pueden tardar una década en resolverse.

Se abre así un “nuevo calvario” para esta mujer que litigó durante doce años, agotó la vía judicial en España y acabó llegando hasta Naciones Unidas que, en un dictamen histórico adoptado por unanimidad de los 36 miembros del Comité obligó al Estado, como parte firmante de la CEDAW, a investigar lo ocurrido en su caso, adoptar medidas para que no se repita, como tener en cuenta los antecedentes de violencia antes de dar una custodia, y garantizar una reparación de Ángela acorde a la magnitud del daño sufrido.

36 NIÑOS ASESINADOS EN 4 AÑOS

Seis meses después, el Estado, en un informe del Ministerio de Justicia, dice que no se puede investigar porque ha pasado demasiado tiempo y asegura pese a ello que no existe un fallo en el sistema que ocasionase el fatal desenlace. Entiende así que no hay base jurídica para indeminizarla y no va, por tanto a hacerlo. Con todo, defiende que se están tomando medidas legislativas para proteger a los niños en el marco de la violencia de género, como la ley de infancia, aunque ninguna haya entrado aún en vigor.

Para Women’s Link, la respuesta del Estado es “inadmisible” y “trasluce claramente que a día de hoy no se ha cumplido con ninguna de las recomendaciones que el Comité dictó sobre el Estado”, algo que le reclama no sólo la organización, sino los particulares y entidades que han suscrito 336 cartas entregadas este miércoles en el Ministerio de Justicia para exigirle que cumpla “punto por punto” el mandato de la CEDAW, que se antoja como “una hoja de ruta” ideal para demostrar el compromiso de España con los Derechos Humanos.

Mientras tanto, conforme ha explicado Gema Fernández, 36 niños han sido asesinados por sus padres maltratadores en España desde el año 2008, 20 de ellos durante un régimen de visitas impuesto por orden judicial, el mismo que se concede al 97% de los agresores con una orden de alejamiento respecto de la mujer a la que maltratan, aunque la madre o el propio menor de edad se opongan.

“Los casos en que se suspende el régimen de visitas son mínimos, poniendo en riesgo a las mujeres y a sus hijos (…) No es tanto que existan normas que permitan suspender los regímenes de visitas cuando hay indicios o sentencias condenatorias por delitos de malos tratos, sino que esas normas no se están aplicando, no se está haciendo uso de ellas”, ha sentenciado la abogada.

LAS LEYES NO SE APLICAN

En este sentido, incide en que “se aplican e interpretan con un sesgo de género que está presente en toda la sociedad”, haciendo que prevalezcan “estereotipos tan presentes en este caso como la falsa idea de que es mejor para niños y niñas estar en comunicación con su padre aunque sea violento”. “Este tipo de estereotipos hacen que las normas de que se dota el Estado no cumplan con su objetivo”, ha asegurado.

Para la presidenta de Women’s Link es obvio que se trata de una forma patriarcal de ver la vida que perjudica el acceso de las mujeres a la justicia en igualdad de condiciones. “¿Por qué en algunos tipos de delitos se hacen preguntas sobre si las denuncias son verdad y en otros no? Cuando uno va a denunciar que le han robado algo, la Policía no pregunta si es verdad lo que le están diciendo. A las mujeres sí se les pregunta. ¿Por qué siempre se piensa que están mintiendo?”, ha planteado.

“Llevo doce años esperando que me pidan perdón y no lo he tenido, ni aunque la decisión de la CEDAW les haya hecho culpables. Todas las negligencias, todas. Han sido errores judiciales y eran culpables. Yo lo he defendido desde el día uno y sólo me han creído fuera”, ha señalado Ángela González, para quien “no duelen tanto” en España las víctimas como su hija frente a las que perecen en otros ámbitos, como el terrorismo.

“Esta Justicia puso a mi hija en manos de su asesino. Llevo 12 años pidiendo justicia. Yo también tengo dignidad y espero que me la devuelvan”, ha añadido.