Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, galardonado con el XXIII premio Pelayo

• Al acto asistió Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, ha hecho entrega hoy a Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, del galardón del XXIII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio. La semblanza del galardonado la efectuará Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Premio está dotado con 30.000 € (que goza de exención fiscal) y una estatuilla conmemorativa.

Han participado desde la Mesa Presidencial: el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el ministro de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el presidente del Jurado del Premio Pelayo y Consejero Permanente de Estado y el presidente de Pelayo.

En esta ocasión asistieron más de 800 personas al acto de entrega, entre las que figuró el Jurado en pleno, así como una nutrida representación de las personalidades políticas, jurídicas y empresariales, entre ellas: anteriores ministros como Mariano Fernández Bermejo, Javier Moscoso, Marcelino Oreja o Dª Isabel Tocino, anteriores fiscales Generales del Estado como Juan Ortiz Urculo, Consuelo Madrigal, Eduardo Torres-Dulce o Cándido Conde Pumpido, así como Sergio Alvarez, director General de Seguros, y José M. Holgado Merino, irector General de la Guardia Civil. Asistieron también juristas del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía, Audiencias, parlamentarios, rectores de Universidad, letrados y procuradores de los más prestigiosos despachos, máximos representantes de la Universidad, de la política, así como de la sociedad y del mundo empresarial.

El Premio Pelayo, que alcanzó así su Vigésima tercera Edición, cuenta con Fernando Sánchez Calero, catedrático de Derecho Mercantil; Enrique Ruiz Vadillo, magistrado del Tribunal Constitucional; Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo; Eduardo García de Enterría Martínez Carande, catedrático de Derecho Administrativo; Aurelio Menéndez Menéndez, catedrático de Derecho Mercantil; Manuel Alonso Olea, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Fernando Garrido Falla, magistrado del Tribunal Constitucional; Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, presidente Tribunal Constitucional; Landelino Lavilla Alsina, consejero Permanente del Consejo de Estado; Manuel Albadalejo García, catedrático de Derecho Civil; Manuel Díez de Velasco, catedrático de Derecho Internacional; María Emilia Casas Baamonde, presidenta del Tribunal Constitucional; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, letrado Mayor del Consejo de Estado; Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, primer Defensor del Pueblo Español; Juan Antonio Xiol Ríos, presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo; Gregorio Peces-Barba Martínez, catedrático de Filosofía del Derecho; Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado; Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona;  Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, consejero permanente-presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado; Manuel Olivencia  Ruiz, catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla y vicepresidente de Cuatrecasas Gonçalves Pereira Abogados;  Fernando Ledesma Bartret, consejero-permanente-presidente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; y Eduardo Torres- Dulce Lifante ex fiscal  General del Estado, como premiados en las anteriores convocatorias.

Antonio Hernández-Gil, en su discurso como galardonado, hizo de forma brillante un balance sobre su concepción del derecho. En sus propias palabras, “el derecho no sólo está impregnado de valores, sino que es él mismo un valor, por su capacidad de transformación social”. Sólo a través del derecho se progresa hacia una sociedad más justa. Antonio recordó cómo ahora “Europa y España parecen condenadas a la confusión, sin una decisión inmediata de esfuerzo colectivo”. Pero también destacó la importancia de seguir el mandato Constitucional, con el que estamos comprometidos, siendo el papel de los juristas el de integrar las ideas y los valores en una arquitectura institucional adecuada, que debería desarrollarse en una nueva Edad de los Deberes.

Por su parte, Consuelo Madrigal, miembro del Jurado y ex fiscal General del Estado, realizó una impecable semblanza del galardonado, destacando su precocidad, así como su sabiduría, que abarca más allá del ámbito del derecho, en mundos como la música, la filosofía o la astronomía, por mencionar algunos. Pero sobre todo, Consuelo Madrigal destacó la profunda vertiente humanista de Antonio, quien a lo largo de toda su obra jurídica siempre ha promovido el poder que tiene la ética, la filosofía y el derecho, para transformar y mejorar el mundo.

Para finalizar, José Boada Bravo, presidente de Grupo Pelayo, convocó la XXIV Edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.