Aplazado un juicio cuatro meses porque una abogada está a punto de dar a luz y otra se ha roto una pierna

El macrojuicio por narcotráfico que debía celebrarse hoy 22 de marzo en la Audiencia Provincial de Pontevedra ha sido aplazado in extremis, cuando estaba a punto de comenzar,  porque una de las letradas que debía intervenir iba a dar a luz y otra se encontraba de baja porque se había roto una pierna. “La jueza finalmente ha entrado en razón”, afirmó tras el aplazamiento la abogada Begoña Trillo,  que se había fracturado la tibia y el peroné.  Trillo es una de los 17 abogados que han de intervenir en este juicio contra tres organizaciones gallegas por el alijo de 1.700 kilos de cocaína intervenidos en 2018 en el remolcador Titan III.

Esta abogada había pedido la suspensión de la vista junto con otra de las letradas, Noemí Martínez, que está a punto de dar a luz, pero se lo habían denegado a ambas, algo de lo que se hizo eco El Faro de Vigo.

“Aunque me habían dado al menos tres meses de incapacidad, -esto era hasta el 29 de abril-, el Ministerio Fiscal alegó que mi situación no imposibilitaba el desplazarme desde Santiago hasta Vigo y acudir en silla de ruedas”, dijo Trillo, que calificó esta sugerencia de “aberrante”.

La abogada, a la que se había emplazado a un enjuiciamiento separado de sus clientes, no acudió al inicio del juicio. Tampoco lo hizo Noemí Martínez, de Pontevedra, que salía de cuentas este mismo lunes y tenía dos citas médicas a primera hora del día: “Pedí aplazamiento por asistir a citas médicas previas y estoy de baja desde hoy y hasta dentro de cuatro meses”, cuenta Martínez, quien se mostró sorprendida por la decisión de aplazar la vista. “No es lo habitual”, comentó.

La Sala de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, formada por tres magistradas, decidió atrasar la fecha del inicio del juicio hasta el 22 de julio, fecha en la que ambas letradas ya estarán plenamente incorporadas al caso. Pero en el caso de Trillo sus dos clientes serán juzgados por separado, según han determinado las magistradas de la Audiencia, algo que le parece injusto a la letrada.

La Abogacía Española ha reclamado reiteradamente, por activa y por pasiva, un cambio legislativo que clarifique los derechos de los profesionales de la abogacía y los equipare a los de cualquier otro trabajador. Así lo recordó en el acto por el Día Internacional de la Mujer la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, quién pidió al ministro de Justicia que se regule la suspensión de vistas en casos de maternidad u otras circunstancias personales,  “para que no dependa, como ahora, de la discrecionalidad” de los jueces.

Los abogados María Benito y Antonio Jiménez lograron que el Juzgado de Cáceres aplazara su juicio en enero de este año, pero solo durante 10 días. La titular del Juzgado en esta ocasión, lejos de reconocerles los plazos que imponen los permisos de maternidad o paternidad, forzó a ambos letrados a renunciar a su permiso de paternidad/maternidad.