Aplicación del Derecho de la Unión: Defensa de los derechos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho

La Comisión Europea ha adoptado su Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión. El informe expone las medidas de ejecución adoptadas por la Comisión en 2021 para garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y las empresas en toda la UE.

Las decisiones sobre procedimientos de infracción deben considerarse en el contexto más amplio de la labor de la Comisión Europea en defensa de los derechos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho dentro de la Unión. La Comisión Europea acaba de presentar el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que se examinan las principales tendencias y la evolución en toda la UE. Como mecanismo preventivo, el informe llama la atención sobre los retos relacionados con el Estado de Derecho y, por primera vez este año, también dirige recomendaciones específicas a los Estados miembros. Para aquellas cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho, que se van agravando con el tiempo y constituyen una infracción del Derecho de la UE, la Comisión puede recurrir a los procedimientos de infracción. Aunque su naturaleza sea diferente, tanto el Informe sobre el Estado de Derecho como los procedimientos de infracción son elementos importantes del conjunto de instrumentos de la UE sobre el Estado de Derecho.

En total, en 2021, la Comisión incoó 847 nuevos procedimientos de infracción, frente a una media de 809 en los cinco años anteriores. Dos tercios (571) de los nuevos casos se incoaron por transposición tardía de Directivas de la UE, mientras que el otro tercio (276) fue debido a la aplicación incorrecta del Derecho de la Unión o a la no conformidad de las normas nacionales con el Derecho de la Unión, incluidos los Tratados. Las medidas coercitivas de la Comisión contribuyeron a que los Estados miembros volvieran a ajustarse al Derecho: a lo largo del año se cerraron 704 procedimientos de infracción.

En 31 casos, la CE decidió llevar a un Estado miembro ante el TJUE. Un tercio de estos casos se referían a la calidad del aire o del agua potable, o al tratamiento de aguas residuales.

La Comisión Europea siguió velando por que se cumplan las normas de la UE en todos los ámbitos de actuación, aunque dando prioridad a los que más afectan a la vida cotidiana de personas y empresas. Casi la mitad de los procedimientos incoados por la Comisión por aplicación incorrecta del Derecho de la Unión o por no conformidad de las normas nacionales con el Derecho de la Unión se referían al medio ambiente, el empleo, el transporte y la movilidad, o el mercado único.

Para que los ciudadanos y las empresas se beneficien plenamente de las ventajas del mercado único, es fundamental una correcta aplicación de sus normas. La Comisión inició o prosiguió 13 procedimientos contra Estados miembros para proteger a las empresas europeas, en particular las pymes, contra la morosidad en las transacciones comerciales o para garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE sobre contratación pública y contratos de concesión. La Comisión también tomó medidas en 22 casos para hacer cumplir las normas de la UE sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales o para garantizar que cualquier nuevo requisito nacional para las profesiones reguladas sea necesario y equilibrado, y puso en marcha 24 casos para reforzar la aplicación práctica de las normas sobre el desplazamiento de trabajadores.

La CE actuó con decisión para proteger sus valores comunes y el Estado de Derecho. Por ejemplo, incoó procedimientos contra 11 Estados miembros por incumplimiento de las normas de la UE para luchar contra el racismo y la xenofobia, e inició procedimientos contra Hungría y Polonia para proteger el derecho a la no discriminación de las personas LGTBIQ. La Comisión incoó procedimientos contra Polonia para proteger la independencia judicial. Globalmente, el número de nuevos asuntos en materia de justicia, derechos fundamentales y consumidores alcanzó un nivel récord en comparación con años anteriores.

Con carácter prioritario, la Comisión Europea actuó para proteger a los consumidores y garantizar la libertad de circulación, puesta a prueba por la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, la Comisión adoptó nuevas medidas en los procedimientos de infracción contra los Estados miembros por incumplimiento del Derecho de la Unión en lo que respecta a los derechos de los viajeros a obtener el reembolso de los viajes cancelados y supervisó la aplicación por parte de los Estados miembros del certificado COVID digital de la UE.

Para que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar de todas las ventajas del Derecho de la UE, es fundamental que los Estados miembros transpongan rápidamente el Derecho de la Unión a su ordenamiento jurídico. La Comisión intensificó sus esfuerzos para evitar que se produjeran las infracciones, prestando apoyo temprano a los Estados miembros con el fin de garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión, incluida la transposición a tiempo de las directivas.

En 2021, la CE ofreció directrices sobre la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión en todos los ámbitos políticos principales. Además, se reunieron más de 40 comités o grupos de expertos para promover la correcta aplicación del Derecho de la Unión.

El número de nuevos procedimientos de infracción relacionados con la transposición tardía de directivas disminuyó, pasando de 599 en 2020 a 571 en 2021, a pesar de que el número de directivas con plazo de transposición en 2021 fue superior al de 2020.

La correcta aplicación y ejecución del Derecho de la Unión sigue siendo una responsabilidad compartida de los Estados miembros y las instituciones de la UE. Para lograr un cumplimiento rápido o recopilar información para llevar a cabo su evaluación, la Comisión siguió haciendo uso del proceso «EU Pilot», un diálogo informal con los Estados miembros. La Comisión abrió 246 nuevos expedientes EU Pilot en 2021, lo que supone un aumento con respecto a 2020 (212). El 81 % de estos casos tramitados el año pasado se solucionaron con los Estados miembros afectados, evitando así tener que recurrir a un procedimiento de infracción.

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4145