Arrancan en el Ministerio de Justicia los trabajos para elaborar el anteproyecto de ley del Derecho de Defensa

• El abogado Antonio Garrigues preside la Comisión para la Ley del Derecho de Defensa
• Con la participación de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega
• El secretario de Estado de Justicia destaca la “oportunidad histórica” que se abre con la creación de la Ley de Derecho de Defensa

La primera reunión de la Comisión para la Ley del Derecho de Defensa ha tenido lugar el lunes 22 de junio en la sede del Ministerio de Justicia y ha contado con la asistencia de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, entre otros expertos de la Comisión que coordina el abogado Antonio Garrigues.

Durante esta primera reunión han arrancado los trabajos para la elaboración del anteproyecto de ley del Derecho de Defensa, uno de los compromisos adquiridos por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al comienzo de la legislatura.

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha presidido la primera reunión de la comisión de expertos que participará en la elaboración del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa por encargo del ministro, Juan Carlos Campo. Zapatero ha calificado de “oportunidad histórica” la integración en una única norma de las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, actualmente dispersas en diferentes instrumentos legales.

Por su parte, el presidente de la comisión, el jurista Antonio Garrigues Walker, ha señalado que uno de los principios rectores de la ley deberá ser su orientación al ciudadano “porque aunque ya existe un derecho de defensa, se trata de impedir las situaciones de indefensión que todavía hoy se producen”.

Antonio Garrigues preside la comisión de expertos que ha empezado a redactar un texto legislativo que regule de forma “coherente e integral” las facetas profesional, procesal y asistencial del derecho fundamental.

UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DE LA ABOGACÍA

La ley del Derecho de Defensa es una reivindicación histórica de la Abogacía para regular un pilar esencial en la configuración de nuestro modelo de Justicia. Además de un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, el ejercicio de la defensa constituye un elemento vertebrador del proceso judicial moderno.

Con la propuesta de elaboración del texto de este anteproyecto se pretende crear una norma que recoja en un mismo texto las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, la tramitación de los procedimientos y el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Este derecho fundamental abarca el conjunto de garantías y facultades jurídicas que asisten a las partes en un proceso judicial, permitiéndoles defender sus intereses legítimos y satisfacer así su derecho a la tutela judicial efectiva. Constituye, en este sentido, un instrumento ineludible para evitar la indefensión y garantizar la igualdad real entre las partes del proceso.

Además, la futura ley deberá abordar el régimen en que los profesionales de la abogacía prestan este servicio, regulando la dimensión deontológica propia con su función. El nuevo texto deberá recoger también el régimen jurídico que detalle las facultades y salvaguardas de quienes participen en los mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la jurisdicción, como son la mediación o la conciliación.

Todo ello sin olvidar el aspecto asistencial del ejercicio de esta prestación por los abogados del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: SIETE ABOGADOS

La comisión está coordinada por el abogado Antonio Garrigues Walker y también cuenta con el ponente constitucional Miquel Roca; con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; con la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro; con la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Angeles Jaime, y con los abogados Cristóbal Martell y Eduardo Peña.

La comisión se completa con la profesora Alicia González Alonso, la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer, la fiscal del propio Tribunal Supremo Isabel Rodríguez Mateo y con tres altos cargos del propio Ministerio de Justicia: el subsecretario José Miguel Bueno, la secretaria general Técnica, Paula Novo, y el asesor del ministro Javier Truchero.