Asociaciones de defensa de abogados advierten al Gobierno de Colombia de los graves riesgos para la abogacía colombiana por la pandemia del Covid19

• A la carta, elaborada y enviada por la Caravana Colombiana, se han adherido la Fundación Abogacía Española y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, entre otros
• El riesgo de los abogados colombianos se ha visto incrementado al unificar en un solo espacio su lugar de residencia y el del ejercicio de la profesión

La Caravana Colombiana ha escrito y enviado una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, en la que expresa su gran preocupación por la situación del acceso a la justicia y el ejercicio de la profesión de la abogacía en Colombia, en particular para la defensa de los derechos humanos, escenario que ha empeorado por la pandemia del COVID-19. A esta carta se han adherido, como co-firmantes, la Fundación Abogacía Española, Action for Justice (Acción para la Justicia), Lawyers for Lawyers (Abogados para Abogados), Lawyers’ Rights Watch Canada (Abogados para la Vigilancia de los Derechos Canadá), la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, así como diferentes personas.

La suspensión de la gran mayoría de procesos judiciales implica que las víctimas deben esperar más tiempo para obtener justicia y reparación. Además, los abogados se han visto abocados a una situación de paralización absoluta de los procedimientos judiciales, con la consecuente pérdida de su fuente de ingresos. Asimismo, debido a que son profesionales liberales, no han tenido acceso a las ayudas económicas estatales ofrecidas a los trabajadores de otros sectores profesionales, por lo que se han visto sin ninguna fuente de ingresos de manera sobrevenida, poniendo en peligro su subsistencia, tanto personal como profesional.

Respecto a los abogados y abogadas que defienden los derechos humanos, su riesgo es elevado en Colombia. Durante la pandemia, este riesgo se ve aún más incrementado al unificar en un solo espacio su lugar de residencia y el del ejercicio de la profesión, poniendo en jaque también a sus familias. El confinamiento de los abogados y defensores ha aumentado el riesgo para sus vidas, al convertirse en un blanco fácil ante sus potenciales agresores, por lo que algunos abogados han adoptado estrategias para bajar el riesgo como confinarse en viviendas que no son sus domicilios habituales o cambiar de vivienda en varias ocasiones para para poder salvaguardar la vida frente a posibles ataques.

Debido a las restricciones de movimiento implementadas en respuesta al COVID-19, los abogados y defensores han tenido muchas dificultades para acompañar a las comunidades que representan, pues muchas de ellas requieren que se les visite en persona y no tienen acceso a internet, lo que les deja en una situación de desprotección aún más aguda de la que normalmente ya se encuentran. Los abogados que tienen asignada protección solamente han sido acompañados por los escoltas cuando han tenido que trasladarse a algún lugar fuera de su domicilio dentro de los casos permitidos por la ley, pero no han sido acompañados mientras permanecían en sus casas.

RECLAMACIONES

Estas asociaciones piden al presidente de Colombia y a las entidades estatales responsables que:

• Garanticen que cualquier persona pueda interponer denuncias antes la policía o entidad relevante con las debidas medidas de
• Ofrezcan las debidas medidas de seguridad y telemáticas para poder reestablecer los procesos judiciales;
• Garanticen las debidas medidas de seguridad y telemáticas en las cárceles para que los abogados puedan seguir representando a sus clientes que están privados de su libertad;
• Garanticen las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad física de los abogados y defensores y sus familias que les permita llevar a cabo su importante labor, particularmente si tienen que quedarse en casa o tienen que visitar comunidades aisladas para asegurar el cumplimiento con los derechos fundamentales de la población.
• Se realicen las investigaciones oportunas en los seguimientos, amenazas, vigilancias y otras agresiones mencionadas en esta carta y cualquier otra denuncia de abogados o defensores recibidas por las autoridades.

SITUACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ Y LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

Estas asociaciones también expresan su preocupación por la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), ambas con un mandato temporal limitado a 15 y tres años respectivamente, el cual se ve troncado por la actual situación de ralentización y, en algunos casos, de paralización causada por las medidas restrictivas tomadas por motivo del Covid-19. Esto obstaculiza el cumplimento de sus mandatos de esclarecer la verdad y obtener justicia y reparación para las víctimas, ya que continúa corriendo el plazo de vigencia para el cual fueron creadas.

Magistrados de la JEP han informado de las dificultades de acceder a los archivos, ya que no están accesibles online. Asimismo, también se vuelve más difícil que la recogida de testimonios por la CEV pueda llevarse a cabo con las necesarias garantías requeridas para este tipo de procesos y, en muchos casos, las comunidades que prestan testimonio no tienen acceso al internet.

Además, existe un miedo a que la financiación prevista para dotar de recursos al sistema integral se vea reducida para dar respuesta a la emergencia del Covid-19, lo cual dificultaría aún más la labor de dichas instituciones y, en consecuencia, el cumplimiento de su mandato.

En este sentido, los firmantes de la carta piden al Gobierno que asegure que la JEP y la CEV puedan cumplir con sus mandatos establecidos en el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, proporcionando los recursos estatales requeridos para su trabajo y el apoyo político de sus mandatos.