Asociaciones de defensa de abogados piden al Gobierno de Colombia investigar acciones de vigilancia ilegales contra abogados defensores de DDHH

La Caravana Colombiana de Juristas ha remitido una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, en la que expresa su preocupación por el presunto espionaje ilegal contra abogados de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y otras personas defensoras de derechos humanos. A esta carta se han adherido, como co-firmantes, la Fundación Abogacía Española, ABColombia; London Mining Network (Red de Minería de Londres); Colombia Solidarity Campaign (Campaña Solidaria con Colombia); Lawyers for Lawyers (Abogados para Abogados); Kolumbien Plattform Schweiz (Plataforma Colombia Suiza, 17 organizaciones suizas que trabajan sobre Colombia); UIA-IROL (Instituto para el Estado de Derecho de la Unión Internacional de Abogados); Lawyers Rights Watch Canada (Abogados para la Vigilancia de los Derechos Canadá); Sol de Paz Pachakuti, y Kolko – Menschenrechte für Kolumbien (Kolko – Derechos Humanos para Colombia), así como diferentes personas.

Las organizaciones firmantes expresan su preocupación por las recientes acusaciones contra el Ejército Nacional colombiano de haber llevado a cabo acciones de vigilancia ilegales contra 130 individuos, que incluye a abogados del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz (CIJP) y otras personas defensoras de derechos humanos, tales como Luz Marina Cuchumbé y Jani Silva.

Según los firmantes de la carta, es indispensable garantizar que los hombres y mujeres abogados de CIJP y CCAJAR – además de otros grupos de abogados y defensores de derechos humanos que realizan funciones de representación equiparables a las de los abogados-, puedan ejercer su labor sin intimidación o amenaza. Cualquier vigilancia no justificada o ilegal supone una amenaza a su capacidad de cumplir su trabajo, añaden.

Además, subrayan que las personas que denuncian irregularidades juegan un papel fundamental en la rendición de cuentas y el buen gobierno y que deben ser protegidas, y por tanto reclaman que cualquier testigo que pudo o pueda brindar información en relación con cualquier actividad de vigilancia u hostigamiento ilegales a abogados o defensores de derechos humanos debe ser debidamente protegido, y que el estado tiene la responsabilidad de garantizar que no sufran daños como resultado de haber brindado información sobre presuntas ofensas penales o violaciones de derechos humanos.

Reclamaciones de los firmantes

Mientras reconocen y celebran la decisión de abrir una investigación de las nuevas acusaciones de presunta vigilancia, las organizaciones firmantes de la misiva instan a  la Fiscalía General de Colombia a que:

• Adopte de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos afectadas, y sus familiares, y que dichas medidas sean acordadas con los individuos afectados. Esto incluye la apertura y depuración de todos los expedientes de inteligencia que pueden haber sido compilados sobre organizaciones de derechos humanos, pertenezcan ellos a los cuerpos de seguridad del estado o a otras instituciones;
• Lleve a cabo una investigación rápida, independiente, imparcial y efectiva sobre las amenazas de muerte mencionadas en esta carta, dirigida a identificar los máximos responsables, para que respondan ante un tribunal competente, independiente e imparcial y que, en caso de ser hallado culpables, sean sancionados de acuerdo con la ley;
• De manera privada y segura, se comunique con las víctimas de la presunta vigilancia ilegal, para informarles de toda la información que se ha recogido sobre ellos, garantizando su seguridad y que se mantenga la seguridad de la información en todo momento; Cuando sea apropiado, notifique a la CIJP, al CCAJAR y a otras entidades sobre el progreso de las investigaciones del ex-General Nicacio de Jesús Martínez Espinel y otros miembros del ejército vinculados a las acusaciones de vigilancia ilegal;
• Tome la acción necesaria para garantizar que futuras operaciones de inteligencia cumplan con los derechos humanos, tal y como se delinea en Necesarios y proporcionados: Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones;
• Brinde garantías de protección a los testigos y denunciantes de irregularidades que están dispuestos a contribuir a la reconstrucción de la verdad, a sus familiares y a la información que tienen; esto es un paso indispensable para garantizar la no repetición. Actualmente, tenemos entendido de que estos individuos no gozan de los estándares mínimos de seguridad para hacerlo.

Además, realizan un llamamiento al gobierno colombiano para que:

• Termine de manera inmediata todo acto de intimidación y vigilancia contra defensores de derechos humanos y en particular contra abogados, garantizando que cualquier vigilancia que se haga a cualquier individuo cumpla con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, que toda decisión tomada para iniciar vigilancia se haga de forma independiente y que la actividad sea necesaria, proporcional, legitima, transparente y supervisada y reglamentada por una autoridad judicial competente;
• Emita declaraciones públicas en apoyo de la independencia del proceso judicial y reconozca la importancia de los abogados y defensores de derechos humanos y la contribución fundamental que aportan para lograr la verdad, justicia y reparación, brindándoles garantías de no-repetición, como es lo debido en cualquier sociedad democrática;
• Apoye la propuesta del Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de reestructurar el Ejército Nacional, generando condiciones que no permitan la repetición de los presuntos incidentes narrados en esta carta. Garantice la promoción de garantías para que el Ejército colabore plenamente con las autoridades judiciales en sus labores para identificar y sancionar a los perpetradores directos y a los autores intelectuales de cualquier actividad ilegal.

Aunque los firmantes aseguran no actuar directamente en nombre de la CIJP, del CCAJAR o de otro individuo, ni como sus representantes, esta carta se escribe para apoyar sus esfuerzos para lograr justicia en este caso y para hacer eco del llamado internacional a proteger los abogados defensores de derechos humanos y otros defensores y a combatir la impunidad.

Más información sobre la Caravana Colombiana de Juristas: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/asociaciones-de-defensa-de-abogados-advierten-al-gobierno-de-colombia-de-los-graves-riesgos-para-la-abogacia-colombiana-por-la-pandemia-del-covid19/