Asociaciones progresistas de jueces y fiscales muestran su “rechazo” ante los nuevos recortes

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han manifestado “su más enérgico rechazo” e “indignación” ante las nuevas medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que, a su parecer, su aplicación conllevará “el empobrecimiento de las clases más desfavorecidas” y “el creciente desmantelamiento del Estado Social”.

“Las medidas adoptadas se han centrado en castigar a los sectores más desfavorecidos y a los empleados públicos, a través de reducciones salariales, disminución de las prestaciones sociales y aumento de los impuestos indirectos”, denuncia JpD a través de un comunicado, recogido por Europa Press, en el que también critican que, al mismo tiempo, “no se exige ningún sacrificio a quienes son responsables de la grave situación económica actual”.

Según la asociación progresista de jueces, estas medidas suponen además en el ámbito judicial “un agravamiento” de su situación profesional, ya que a la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre de los funcionarios se suma “el reiterado incumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones y la posterior reducción de los salarios por encima de la media”.

“Esta situación inaceptable se completa con la falta de compromiso ministerial de abonarnos las retribuciones variables, que sí se han pagado a los fiscales y a los secretarios judiciales. Además, todos estos sacrificios no se encuentran justificados en modo alguno y contrastan con la falta de austeridad que se detecta en numerosos gastos públicos”, manifiestan.

Las nuevas medidas, sumadas al anuncio del Ministro de Justicia de modificar de la estructura, las funciones y las potestades del CGPJ, lo cual provocará, a su juicio, “una subordinación del poder judicial al poder ejecutivo”, va a suponer –denuncian– “una degradación sin precedentes del Estado Social y Democrático de Derecho”.

Por todo ello, desde JpD hacen un llamamiento al resto de asociaciones judiciales para celebrar una reunión “unitaria” y “de forma inmediata” para “valorar la gravedad de la situación y analizar las respuestas contundentes que sean necesarias”.

UPF: “SISTEMA FISCAL INJUSTO”

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), denuncia, también a través de un comunicado recogido por Europa Press, que las nuevas medidas, y en concreto, la “privación” a la función pública “de una de las mensualidades legalmente reconocidas”, no sólo ahondan “en el empobrecimiento de las clases más desfavorecidas” sino que “contribuyen al fortalecimiento de un sistema fiscal manifiestamente injusto que hace recaer la carga de la crisis en los asalariados y ciudadanos con menos poder adquisitivo”.

“La adopción de dicha medida es un acto irresponsable porque contribuirá al estancamiento de la economía del país y a la paralización del consumo, además de suponer un ataque a los ciudadanos que vemos como ceden nuestros derechos para procurar indemnizaciones millonarias a la banca, habiéndose llegado incluso a disminuir las prestaciones por desempleo o la ayuda a la dependencia”, señalan.