Ataque al Estado de Derecho y a la Independencia Judicial en Polonia

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, instó la pasada semana a todas las Abogacías a emprender acciones contra la aprobación de dos normas contrarias al Estado de Derecho y a la independencia del poder judicial en Polonia – las instituciones europeas se hicieron eco igualmente de este suceso, amenazando con aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que prevé medidas para aquellos Estados miembros en riesgo grave de incumplir los derechos establecidos por los tratados fundacionales de la Unión Europea.

 Polonia ha aprobado a nivel parlamentario la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial y  la Ley que reforma la Organización de los Tribunales Ordinarios, así como la propuesta sobre el Tribunal Supremo, remitida al Sejm para ser completada.

La reforma de la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial prevé, entre otras disposiciones, el fin del mandato de todos los jueces polacos miembros de su Consejo. Sus sucesores serán designados por el Sejm. Junto con el establecimiento de dos asambleas dentro del Consejo de jueces polacos (la primera formada por 15 jueces nombrados por el Parlamento y la segunda incluyendo a seis miembros del Parlamento polaco, el Ministro de Justicia, un representante del Jefe de Gobierno, el Presidente del Tribunal Supremo y el Presidente del Alto Tribunal administrativo), y con el objetivo de que cualquier resolución del Consejo de jueces deba ser adoptado por las dos asambleas por separado, da un papel preponderante a los políticos en la selección y nombramiento de los jueces. Es contrario al principio constitucional de independencia del poder judicial (artículo 179.1 de la Constitución polaca).

Por otra parte, la Ley que reforma la Organización de los Tribunales Ordinarios cambia las normas de nombramiento y cese de los presidentes de tribunales incrementando la autoridad del Ministro de Justicia, permitiéndole cesar de manera arbitraria a todos los jueces presidentes de tribunales en Polonia durante sus mandatos. Esta provisión ha sido aprobada a pesar de que la oficina de legislación del Sejm polaco la declarara inconstitucional.

Finalmente, a parte de las reformas aportadas a las dos leyes mencionadas, el Parlamento polaco también ha recibido un proyecto de ley sobre el Tribunal Supremo. Esta propuesta mantiene que todos los jueces del Tribunal Supremo (salvo aquéllos designado por el Ministro de Justicia) sean destituidos de manera inmediata cuando la citada norma entre en vigor.

En la definición del sistema político, la Constitución de la República de Polonia establece que Polonia es un Estado democrático y de Derecho. Así su sistema político está basado en la separación y el equilibrio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Al cierre de esta edición, el Presidente de Polonia, tras las presiones nacionales e internacionales ha asegurado que ejercerá el poder de veto para las dos Actas ya votadas en el Sejm. Por lo tanto, el proyecto se reenviará al Parlamento para su revisión. La Abogacía europea y la española seguirán con atención su desarrollo.