Becerril pide aplicar el Estatuto de la Víctima para asegurar el derecho de los menores a ser oídos

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha remitido al Congreso el estudio “La escucha del menor, víctima o testigo” que analiza la posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado en tres momentos claves del proceso penal: la sede policial, la preconstitución de la prueba y el juicio oral.

Tras comparar la legislación nacional con los principales estándares internacionales y europeos, el estudio formula recomendaciones para que las Administraciones den cumplimiento al nuevo Estatuto de la Víctima en relación a la escucha del menor, víctima o testigo.

La Institución propone medidas para favorecer entornos que disminuyan en lo posible el impacto emocional que sufren los menores cuando tienen que declarar o testificar.

Así, recomienda instalar sistemas de videoconferencia y salas específicas en edificios judiciales que permitan al menor prestar declaración en un entorno adecuado y acompañado por personas de su confianza. El Defensor del Pueblo aboga, además, por utilizar un lenguaje comprensible y que no intimide al menor.

También recomienda que se adopten las medidas necesarias para que los menores víctimas de delito no coincidan en sede policial con los presuntos autores. Otra recomendación insta a reforzar las oficinas de asistencia a las víctimas y que éstas cuenten con una persona que pueda acompañar a los menores a lo largo de todo el proceso penal.

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

El estudio señala la necesidad de reforzar la especialización policial para la atención de menores víctimas de delitos y propone que el personal que atiende a estos menores reciba formación sobre las novedades que incorpora el Estatuto de la Víctima en materia de derechos, formas de efectuar la declaración, motivación de las resoluciones y otros aspectos que inciden en la adecuada escucha al menor en el proceso penal.

El estudio da continuidad al trabajo “La escucha y el interés superior del menor. Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia” (Mayo 2014). Ha contado con la colaboración de jueces, fiscales, abogados, miembros de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas con competencias de policía judicial, personal de los equipos psicosociales adscritos a órganos judiciales y representantes de organizaciones sociales y del Ministerio de Justicia, a lo largo de jornadas de reflexión celebradas en la sede de la Institución entre noviembre y diciembre de 2014.

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