Becerril pide que los centros de menores infractores comuniquen las sanciones a los abogados

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha formulado una recomendación al Ministerio de Justicia para que los centros de menores infractores tengan la obligación de comunicar al abogado del menor todas las sanciones disciplinarias que se le impongan a éste, con el objetivo de garantizar el interés superior del menor, su derecho a la defensa y la asistencia letrada.

Según explica esta institución en su boletín mensual ‘El Defensor al Día’, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, propone para ello la modificación del artículo 76 del Real Decreto 1774/2004 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de  esponsabilidad penal de los menores.

En su recomendación, también aboga por clarificar en qué casos será obligatoria esa comunicación. Para la Institución, ésta debería producirse al menos cuando la sanción sea de separación de grupo, algo que ocurre en los casos de faltas graves o muy graves.

En los centros que la Institución ha visitado en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se ha constatado que las sanciones son comunicadas al juez y al fiscal de menores y a la Consejería correspondiente, pero no al abogado del menor a pesar de que las sanciones puedan ser recurridas. La inexistencia de esta comunicación impide que el abogado del menor pueda recurrir la sanción ante el juez de menores al no tener conocimiento de ella.

Con su recomendación, la Defensora pretende garantizar el interés superior del menor, su derecho a la defensa y a la asistencia letrada.