Campo dará cuenta el 4 de mayo al Congreso de los planes para reactivar la Justicia

• Otro de los asuntos que abordará la Comisión de Justicia será la entrega a Estados Unidos del exgeneral venezolano Hugo Carvajal

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, comparecerá el próximo lunes 4 de mayo, a partir de las 12.00 horas, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar de la gestión que está llevando a cabo su departamento para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, así como para explicar las dificultades que los Registros civiles están teniendo para poder hacer un recuento total de fallecidos por el Covid-19.

Se trata de la segunda vez que el titular de Justicia comparece en la Comisión desde que tomó posesión hace más de tres meses. La vez anterior fue el pasado 17 de abril para cumplimentar el trámite habitual de exponer a los grupos parlamentarios su proyecto al frente del Ministerio.

Ahora, Campo volverá a la Comisión de Justicia –en la que participó como portavoz del PSOE en anteriores legislaturas– a instancia del PP y VOX, pero también a petición propia, para informar sobre las medidas que ha adoptado para luchar contra la pandemia del coronavirus y sus consecuencias.

Desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo, el ministro de Justicia, así como su equipo, ha dictado varias resoluciones para la organización y gestión de unos servicios mínimos de funcionarios de la Administración de Justicia –trabajadores sobre los que tiene competencia en este sector– que granticen la prestación de los servicios esenciales que el Consejo General del Poder Judicial estableció.

PLANES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA JUSTICIA

En esta línea, el ministro pondrá en conocimiento los planes que se están preparando en coordinación con la denominada Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia –Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia y el Consejo General de la Abogacía Española– y las asociaciones y sindicatos de todos los operadores jurídicos para evitar el colapso de los juzgados y tribunales una vez que se levante el estado de alarma.

Se han establecido tres líneas de trabajo que pasarán por un Real Decreto-Ley para adoptar las medidas más urgentes y necesarias para la reactivación de los tribunales; una ley para impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales, con un especial énfasis en la transformación digital de la administración de Justicia; y un ‘plan de choque’ para la agilización de los órdenes social y contencioso-administrativo y de los juzgados de lo mercantil, que deberá ser aprobado por el Gobierno en un plazo máximo de 15 días desde que se levante el estado de alarma.

Por otro lado, el ministro, a petición de VOX, también deberá informar sobre las cifras totales de fallecidos en España en los meses de febrero, marzo y abril de este año en comparación a los mismos meses de 2018 y 2019. Asimismo, deberá explicar los motivos que impiden a los Registros civiles informar sobre la cifra real de fallecidos por el coronavirus.

RECUENTO DIARIO DE FALLECIDOS

Los Registros Civiles llevan desde el pasado 4 de abril cumpliendo con el mandato de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, remitiendo diariamente una relación en la que conste “el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido, y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual”.

Si bien, los funcionarios de los Registros y secretarios judiciales a cargo ya han alertado de los problemas que están teniendo para poder recabar los datos debido al colapso de las oficinas porque hay un mínimo de trabajadores presenciales, las licencias de enterramiento a expedir se están acumulando por el aumento de la mortalidad a causa de la pandemia, así como la falta de datos para poder realizar el registro.

Por último, Vox también quiere que el ministro dé cuenta sobre la entrega a Estados Unidos del exgeneral venezolano Hugo Carvajal para que sea juzgado por los presuntos delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas. Las autoridades norteamericanas le reclaman por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019 “cuando presuntamente pertenecía al llamado ‘Cártel de los Soles’, dedicado al transporte de cargamentos de droga”.

El Gobierno aprobó el pasado 3 de marzo la extradición que quien fuera jefe de la Dirección de Contrainteligencia militar de Venezuela durante ocho años en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, pese a encontrarse en paradero desconocido desde noviembre de 2019, cuando la Audiencia Nacional acordó su entrega.