Carlos Carnicer informa en el Senado del impacto del Anteproyecto de la LSyCP

El presidente de Unión Profesional (UP) y del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, compareció ayer en el Senado para informar sobre la posición del conjunto de las profesiones colegiadas agrupadas en UP ante el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

En su comparecencia ante la comisión formada en el Senado para analizar dicho Anteproyecto de Ley, Carlos Carnicer expuso la necesidad de atender al significado del Artículo 36 de la Constitución, que recoge a los colegios profesionales como una institución diferente a los sindicatos, asociaciones y otras organizaciones, ya que representa la garantía institucional en beneficio de los derechos ciudadanos constitucionalmente reconocidos.

«Nuestro modelo de colegio es reconocido y cotizado por Europa y en el mundo gracias precisamente a algunas profesiones como la arquitectura e ingenierías, entre otras, que tanto han contribuido a la Marca España», dijo Carnicer.

Trasladó asimismo que el texto propuesto por el Gobierno modifica radicalmente este modelo de ejercicio en el que las 35 profesiones reunidas en Unión Profesional requieren colegiación como requisito para ejercer. «En todas ellas, el objetivo es el cliente o paciente. Es lo que justifica la existencia misma del profesional y de sus órganos de ordenación y control como son los colegios profesionales y sus consejos generales o superiores».

El presidente de UP apuntó el hecho de que cada colegio desarrolla sus funciones dentro de los márgenes y posibilidades de que disponen. Los cargos de las juntas, normalmente, no tienen remuneración alguna. Carnicer planteó la cuestión de por qué el Gobierno había redactado un texto de Anteproyecto en el que se percibe desconfianza hacia la institución colegial. Ya la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2013 viene a confirmar el carácter de administración pública de las corporaciones colegiales en el desempeño de las funciones que la ley les tiene atribuidas. Como destacó: «todo ello conlleva reconocer estas centenarias instituciones, pero a la vez modernizadas y actualizadas, como entidades que cumplen funciones sociales de manifiesta repercusión para el interés general».

Según afirmó, «el Anteproyecto de Ley no ha encajado bien en las diferentes profesiones pero estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Competitividad, con la Secretaría de Estado de Economía y con la Dirección General de Política Económica para adaptar el texto pero aún dista mucho de ser aceptable».

La Comisión Europea ya manifestó en su momento que España había desarrollado satisfactoriamente la transposición de la Directiva de Servicios mediante la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus de 2009. Se están produciendo hechos, tanto en el orden social como normativo, que van a cambiar el escenario y ello hay que tenerlo muy en cuenta en esta nueva Ley impulsada por el Gobierno.

Por su parte, el presidente de este grupo de senadores y portavoz de la Comisión de Justicia, Manuel Altava, manifestó el convencimiento de que los colegios profesionales son la máxima garantía para el ciudadano, para evitar el intrusismo y garantizar la formación más adecuada de cara a la prestación de unos servicios de calidad. «Está probado que estas instituciones lo hacen bien», afirmó el senador. También explicó que este grupo de senadores, que ha promovido las diferentes comparecencias relacionadas con el Anteproyecto de Ley, continuará recibiendo a los implicados de los diferentes sectores, tanto de las profesiones como de las autoridades ministeriales relacionadas.

El presidente de Unión Profesional dio respuesta a todas aquellas cuestiones planteadas por los senadores allí presentes, haciendo entrega asimismo de las alegaciones presentadas por UP al citado Anteproyecto que contienen un análisis de impacto económico y social, unas propuestas concretas y un informe jurídico al respecto. Se entregó asimismo la ponencia elaborada por la organización titulada “El ejercicio de las profesiones tituladas en el marco de los Derechos Fundamentales”.

Carnicer agradeció esta iniciativa y apostó por el diálogo para llegar a la solución más satisfactoria para todos.