Carlos Castresana, abogado y ex fiscal Anticorrupción: “La corrupción vulnera los derechos humanos”

Carlos Castresana ingresó en la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995, donde estuvo dedicado a investigar delitos económicos, en algunos casos de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Encabezó investigaciones como el caso Gil, sobre las presuntas irregularidades cometidas por el fallecido alcalde de Marbella y ex presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, o la que presentó ante la Audiencia Nacional contra Augusto Pinochet, a quien acusó de genocidio, tortura y terrorismo, así como a los militares que gobernaron Argentina desde 1976, lo que dio origen al juicio contra Pinochet y a la detención del militar chileno. En septiembre de 2007, recibió el encargo de la Secretaría General de la ONU, de dirigir

la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una instancia única en su género, dedicada a colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales que se han incrustado en las instituciones para procurar impunidad. En junio de 2010, el magistrado español renunció como director de la Cicig, por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad. Recientemente ha recibido el I Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción convocado por Transparencia Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía Española.

1. ¿Qué ha cambiado en la lucha contra la corrupción desde 1995, cuando se creó la Fiscalía Anticorrupción, hasta la fecha actual?

Al principio disponíamos de muy pocos medios personales y materiales –éramos ocho fiscales para toda España– y no recibíamos ningún apoyo de la Fiscalía General. La opinión pública no tenía conciencia de que la corrupción fuese un problema grave en nuestra sociedad, y los jueces tampoco. Hoy en día la Fiscalía Anticorrupción tiene muchos más medios, hay excelentes unidades especializadas de investigación en las Fuerzas de Seguridad del Estado, la sociedad y los medios de comunicación se han sensibilizado y movilizado, y los jueces están reaccionando.

2. ¿Cuál ha sido su experiencia más gratificante en la lucha contra la corrupción?

La confirmación de la condena a 28 años de inhabilitación de un alcalde que por muchas razones se había convertido en el paradigma de los excesos urbanísticos con la mayor impunidad. Costó mucho conseguirla porque las resistencias eran enormes, y creo que representó un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción.

3. ¿Y la más decepcionante?

Cuando tuvimos que suspender el procedimiento contra un imputado italiano que fue elegido primer ministro en su país.

4. ¿Cuál es la mejor manera de luchar contra la corrupción?

La educación, la participación activa de una sociedad libre e informada, que exija a los gobernantes acceso a la información, transparencia en la gestión, y rendición de cuentas. No se puede erradicar la corrupción, pero sí pueden eliminarse las condiciones que propician que se generalice y se haga endémica. El estado de Derecho crea múltiples mecanismos e instituciones de equilibrio y de control, que si funcionan bien, si hacen su tarea con eficiencia y objetividad, son capaces de prevenir y evitar muchos casos de corrupción antes de que se produzcan: el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, la CNMV, la CNMC, etc. A los tribunales de justicia hay que reservarles los casos más graves y recalcitrantes.

5. ¿Considera que la sociedad española es tolerante con la corrupción cuando acude a una cita electoral?

El derecho de sufragio no fue concebido para castigar, sino para que el votante elija libremente la opción que prefiera. Los electores votan lo que les parece, lo que creen conveniente a sus intereses en cada momento, y es una decisión legítima; para castigar a los corruptos están el Código Penal. Cuestión distinta es que la opinión pública censure la corrupción: es cierto que no hay suficiente reproche social para los corruptos. Pero ese reproche no tiene porqué expresarse mediante el sufragio. Para enviar ese mensaje de “tolerancia cero” bastaría con la condena moral, con que ejerciéramos más los otros derechos fundamentales, el de expresión, reunión, asociación, manifestación, etc. El reproche público de las conductas de corrupción y de sus actores debería operar como un factor poderoso de disuasión, pero eso apenas está ocurriendo. Y hablamos de la corrupción pública: el reproche de la corrupción privada es casi inexistente.

6. ¿Los corruptos tienen sensación de impunidad?

Sí. La respuesta judicial, aunque haya mejorado desde la crisis económica, sigue siendo de eficacia limitada. En parte, se debe a que los recursos disponibles siguen siendo muy insuficientes. Tenemos la mitad de jueces que la media de la Unión Europea. Y los procedimientos para la recuperación de las ganancias procedentes de la corrupción siguen siendo muy incipientes. Los jueces y fiscales, además, tienen que tomar conciencia, en mayor medida que la actual, de que son servidores públicos, y los garantes últimos del principio de legalidad.

7. También es un experto en la lucha contra la impunidad a nivel mundial ¿Cómo valora esta experiencia en relación con los Derechos Humanos?

La corrupción vulnera los derechos humanos; de manera inmediata, los derechos económicos, sociales y culturales, porque priva a los organismos públicos de recursos indispensables para las prestaciones sociales. En última instancia, viola también los derechos civiles y políticos: la financiación ilegal de los partidos políticos, por ejemplo, pervierte por completo el sistema democrático: primero, porque no gana las elecciones el mejor candidato, sino el que dispuso de más recursos para gastar en propaganda electoral; segundo, porque una vez electos, los gobernantes deben más al que les financió que al que les votó.

8. En su lucha contra la impunidad en Latinoamérica ¿Por qué renunció tras tres años de trabajo en Guatemala para desmantelar los grupos criminales?

Había conseguido con creces los objetivos que me planteé al llegar, y para ello no había eludido la confrontación con los sectores más poderosos: era un fusible quemado, incómodo para todos. Cuando eso ocurre, es el momento de irse. Hay que saber llegar, y también hay que saber cuándo toca dimitir. Si no, como decía Giovanni Falcone, en estos trabajos te quedas solo y te conviertes en un coleccionista de balas.

9. También fue pionero en la lucha por la memoria histórica con su denuncia a Augusto Pinochet ¿Qué actuaciones puede realizar la Justicia Internacional para abordar este problema? ¿Cómo valora la persecución de los crímenes del franquismo?

La comunidad internacional tiene el deber de complementar la protección de los derechos humanos que brindan los Estados. Ese es un principio fundamental, establecido desde 1945 en la Carta de Naciones Unidas: si un Estado no cumple con su deber de garantía, las víctimas no pueden quedar desprotegidas. Por desgracia, ese deber se incumple muchas veces, casi siempre por razones políticas. El ejemplo más sangrante en este momento es posiblemente Siria, pero antes fueron Darfur y tantos otros. Y en España también pasó. Los derechos de las víctimas de la dictadura fueron sacrificados durante la transición y han seguido siéndolo después.

10. Desde la Fiscalía a director del Departamento de Derecho Penal de Ejaso; ha ejercido como abogado, magistrado y fiscal para reincorporarse a la abogacía ¿Qué satisfacciones le aporta su actual ejercicio profesional?

Tengo más trabajo y no gano más dinero. Sin embargo, he ganado mucha libertad, y esa es impagable.