Carlos J. Galán, presidente de la Asociación Española de Abogados de Economía Social : “Es la hora de la Economía Social y los abogados tenemos que estar preparados para ese reto”

Por Ana Sanz Martín

Carlos Javier Galán, abogado ejerciente desde 1990, ha desarrollado un intenso ejercicio profesional en todos los órdenes jurisdiccionales. Desde 2003 su dedicación preferente ha estado orientada al Derecho Laboral. Actualmente es el director de Alberche Abogados, presidente de la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y ostenta la presidencia de la Asociación Española de Abogados de Economía Social (AESOC).

1. Para muchas personas la Economía Social sigue siendo una gran desconocida. ¿Cómo la definiría usted?

La Economía Social es un modelo empresarial integrado por una serie de entidades en cuya actividad, en lugar de  prevalecer el capital, priman las personas y el fin social. Esto conduce necesariamente a un determinado funcionamiento: gestión democrática, distribución de beneficios en función del trabajo aportado o con criterios colectivos, solidaridad interna y compromiso social y territorial.

Las figuras más características y conocidas de la Economía Social son las cooperativas y las sociedades laborales, pero en España, según la Ley 5/2011, forman parte también de este sector las mutualidades de previsión social, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cofradías de pescadores y además, siempre que lleven a cabo actividad económica y cumplan los requisitos de la ley, las asociaciones y fundaciones.

2. Es socio fundador de la Asociación de la Economía Social, ¿En qué contexto surge la misma?

En junio de 2015, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y el Colegio de Abogados de Madrid suscribieron un convenio de colaboración. La Confederación empresarial española de la economía social (CEPES) había puesto de manifiesto que las más de 43.000 empresas de economía social que existen en nuestro país demandaban abogados realmente especializados en sus modelos y el ICAM quiso dar respuesta a esa necesidad.

Meses después se convocó la primera edición de un curso, muy completo y especializado, de asesoramiento jurídico integral a cooperativas y sociedades laborales, impartido por los mejores especialistas del país y completado con actividades prácticas y con un acercamiento personal a empresas del sector.

De ese extenso curso salió una primera promoción de 17 abogados en toda España formados para esa tarea. Los participantes del curso pertenecíamos a todas las especialidades: mercantilistas, laboralistas, tributaristas, administrativistas, penalistas… Todos teníamos ya una amplia experiencia en el ejercicio profesional, a la que vinimos a sumar el conocimiento específico de estos modelos.

Cuando finalizó aquella actividad en el Centro de Estudios del ICAM, varios de los abogados de la promoción entendimos que había que impulsar una asociación que nos permitiera seguir en contacto, para profundizar en la formación especializada y para compartir las experiencias que íbamos adquiriendo en la prestación de servicios profesionales a las sociedades laborales y cooperativas.

3. ¿Cuáles son sus objetivos al frente de la Asociación de la Economía Social?

El arranque no ha sido sencillo, pero finalmente, tras meses de trabajo en diseñar de forma adecuada el proyecto, se constituyó la asociación y se ha elegido una junta directiva en la que estoy acompañado por Alicia Neira como vicepresidenta, Antonio Tobares como secretario y Elena de Luis como tesorera, compañeros que forman un equipo muy competente y plural.

Mis objetivos no son otros que los que hizo suyos la propia asociación al nacer, por lo que ahora toca ponernos en marcha y convertirnos en un foro de encuentro entre abogados y en un agente más en la difusión de los modelos de economía social, impulsar actividades públicas, mantener las necesarias relaciones institucionales y, en definitiva, ayudar a dar visibilidad al colectivo de especialistas ante el propio sector al que nos dirigimos.

4. ¿La crisis económica ha propulsado la economía social?

Obviamente la crisis no ha ayudado a las empresas ni a las familias, todo lo contrario, pero sí podríamos decir que las fórmulas empresariales de Economía Social ha superado mejor la difícil prueba a la que nos ha sometido a todos esta durísima etapa.

Cuando el desempleo crecía desaforadamente en España, en los modelos de Economía Social la destrucción de puestos de trabajo fue 6’5 puntos inferior al resto y, en concreto, en las cooperativas hasta 10 puntos menos, según datos del propio Ministerio de Empleo. Desde sus principios y sus valores, estas empresas optaron por la flexibilidad interna para superar la crisis, en lugar de por el ajuste externo, evitando así el despido.

Además, ha habido casos de empresas en crisis que estaban abocadas a la desaparición y que se salvaron porque sus propios trabajadores se hicieron cargo de las mismas, transformándolas en cooperativas o sociedades laborales.

Ahora, una vez que hemos entrado en la tendencia de creación de empleo, el sector también está demostrando un gran dinamismo.

5. ¿Cuáles son las habilidades profesionales de un abogado especializado en Economía Social?

En realidad, las mismas habilidades que se exigen al abogado en general, pero aplicadas a unos modelos empresariales que hay que conocer bien. Es decir, actualización constante, atención de calidad, capacidad de anticiparse al conflicto, habilidad negociadora, defensa de los intereses del cliente… pero desde un buen manejo de los valores, de los procedimientos y de la problemática específica de las empresas de Economía Social.

6. ¿Están los profesionales jurídicos preparados para abordar la Economía Social?

Con carácter general, hoy por hoy aún no. Precisamente se constituye esta asociación para agrupar a quienes constituyen la excepción y para que cada vez sea menos excepcional esta especialización.

En las Facultades de Derecho se pasa de puntillas por los modelos de empresas de Economía Social. Esto provoca que, como los profesionales –abogados, economistas, notarios, etc.- no conocen en profundidad el modelo, no lo toman en consideración como una opción más cuando asesoran para constituir una empresa. Y si, a pesar de ello y gracias a la actividad de CEPES y de las federaciones y asociaciones del sector, se constituyen entidades bajo estas fórmulas, luego no encuentran juristas especializados y se quedan un tanto desatendidas desde el punto de vista del asesoramiento específico que precisan.

Por eso creemos conveniente que el Colegio de Madrid y CEPES repitan una experiencia que fue indudablemente positiva. Y que otros Colegios y entidades pongan en práctica iniciativas similares. A ello queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades.

Lejos de tener miedo a la competencia, los abogados de esa primera promoción queremos que el colectivo de especialistas aumente, porque el sector al que nos dirigimos es muy amplio y porque ese crecimiento nos fortalecerá. Tenemos que apoyarnos mutuamente y darnos a conocer y que, cada uno desde su despacho o proyecto profesional, pueda ofrecer un servicio jurídico de calidad.

7. ¿Qué diferencias jurídicas hay entre las cooperativas y las empresas mercantiles tradicionales?

Básicamente, las cooperativas son un modelo empresarial en el que la propiedad recae en los propios trabajadores. Se caracterizan por la libre entrada y salida de socios, la gestión democrática, la participación económica, una apuesta muy decidida por la educación y la formación, y un acreditado interés por la comunidad en la que desarrollan su actividad.

8. ¿Cuáles son las principales ventajas de la Economía Social?

Estas empresas han demostrado que ser más participativo, más solidario o más transparente no te hace menos competitivo. En muchos sectores –alimentación, comercio, crédito, enseñanza, vivienda o sanidad, entre otros- hay firmas punteras y relevantes bajo fórmulas de Economía Social.

Las empresas de la Economía Social destacan en la creación de empleo indefinido y de calidad: el 80 % de trabajadores vinculados a las mismas tiene relación indefinida y más del 80 % a tiempo completo.

Aunque la igualdad es una asignatura pendiente en nuestra sociedad, la Economía Social presenta una situación algo mejor: mientras que la mujer representa sólo el 4 % de cargos de dirección en el conjunto de las empresas, en la Economía Social ha alcanzado el 38 %. Sigue siendo insuficiente, pero es indudable que se avanza a mayor ritmo.

Son, además, modelos que destacan en la integración de colectivos con mayor dificultad para el empleo, como los jóvenes que inician su actividad, los mayores de 55 años y las personas con discapacidad o con riesgos de exclusión social.

Tampoco se plantean la deslocalización, por ese arraigo al que hacíamos referencia: una multinacional de modelo capitalista tradicional puede llevarse su fábrica a otro país simplemente para abaratar costes, buscando salarios más bajos. Una cooperativa aceitera andaluza, una cooperativa ganadera de Galicia o una cooperativa de enseñanza de Madrid, por ejemplo, están tan vinculadas a su entorno, familiar y socialmente, que esa opción es sencillamente inconcebible. Al contrario, la riqueza que generan se reinvierte en los territorios y ha contribuido de forma innegable al desarrollo de amplias zonas de nuestro país.

9. ¿Qué tienen que hacer los abogados que quieran formar parte de la Asociación?

Con carácter previo, formarse. La pertenencia a la asociación implica un sello de calidad y de especialización. Queremos que suponga una garantía para las cooperativas y las sociedades laborales que recurran a los abogados asociados. Los estatutos sólo permiten que entren a formar parte quienes tengan una formación especializada similar a la que antes describimos o una extensa experiencia profesional en la materia, acreditada por CEPES o las asociaciones que integran esa confederación. Una vez cumplido ese requisito, pueden solicitar formalmente su incorporación.

10. Por último, ¿Cómo ve el futuro de la Economía Social en nuestro país?

Con más de 150.000 millones de euros de volumen de negocio, la Economía Social supone ya el 10 % del Producto Interior Bruto de nuestro país y un 12,5 % del empleo. En Europa, hay más de 2 millones de empresas de Economía Social, que representan el 8 % del PIB europeo y el 15 % del empleo.

Hay una apuesta innegable por estos modelos, que ha cosechado una inusual unanimidad: PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y la mayor parte de los nacionalistas se pronunciaron recientemente en el Senado a favor de potenciar la Economía Social en España. Y también desde la Unión Europea la voluntad de atención e impulso al sector es muy decidida, con numerosas iniciativas.

Creo que es la hora de la Economía Social y los abogados tenemos que estar preparados para ese reto.