Congreso de la Abogacía de Castilla y León: Carnicer denuncia “la desatención y el desprecio” a la Justicia Gratuita

•  La Abogacía castellano-leonesa considera incompleta y “una merma de derechos” la reforma de la Ley de Justicia Gratuita propuesta por el Gobierno
•  Concepción defiende un nuevo modelo de demarcación judicial que no suprima las cabeceras de partidos judiciales

El presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer denunció en Ávila, en el acto de inauguración del II Congreso de la Abogacía de Castilla y León “el desapego, la desatención y el desprecio que las Administraciones Públicas están demostrando a un servicio público de contrastada calidad como es el de la Justicia Gratuita que prestan más de 37.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España”, Para el presidente del Consejo General de la Abogacía “la situación es grave a pesar del gran trabajo que realizan los abogados del Turno de Oficio en un servicio que “es el buque insignia de la Abogacía y la mejor aportación de esta profesión al Estado Social y Democrático de Derecho”.

Carnicer denunció igualmente que, aprovechando la crisis, se está produciendo “una restricción de los derechos económicos” de los abogados que ejercen este servicio para el que se requiere una antigüedad profesional de al menos tres años y una formación especial. También señaló que la futura ley de tasas “no es una buena ley” porque la imposición de tasas para el acceso a la Justicia no es justificable y mucho menos que se ponga como disculpa que es para financiar la Justicia Gratuita. “Para eso están los presupuestos”, dijo y las tasas, “que además son excesivas, ayudarán a tener una justicia para ricos y otra para pobres, por lo que muchos ciudadanos no podrán ejercer sus derechos y sufrirán indefensión”. No tiene sentido, añadió, que por ejemplo, para recurrir una sanción de cien euros haya que pagar una tasa de doscientos”.

En la inauguración del segundo Congreso de la Abogacía de Castilla y León, en el que participan más de 200 letrados, intervinieron también el decano del Colegio, Pablo Casillas, que hizo un repaso de los temas que van a ser objeto de debate, el alcalde la ciudad, que dio la bienvenida a los congresistas, y el director general de  Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde.

LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL

“La abogacía de Castilla y León ha asumido el reto de tomarnos el pulso cada cuatro o cinco años y ver como funciona la Justicia en la región y el objetivo último que tenemos es mejorar el servicio que los abogados ofrecen a los ciudadanos”, señaló Fernando García-Delgado, presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León. Tanto García Delgado como el decano del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas,  criticaron duramente el “desasosiego” y “desconcierto” que ha provocado la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial debido a que ha sido planteada de forma unilateral por el Consejo General del Poder Judicial, “sin consultar con el resto de componentes de la justicia”.

La apertura del II Congreso de la Abogacía de Castilla y León la realizó el ex fiscal y actual magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, con la ponencia ‘La abogacía vista desde el otro lado’,  una apasionada visión de los abogados desde la óptica de los otros operadores de la Justicia. El Congreso continúa todo el fin de semana con cuatro ponencias que versarán sobre ‘Abogacía y justicia gratuita’, ‘Los planes de previsión de la Mutualidad de Abogacía. Aspectos jurídicos, económicos-financieros y fiscales’, ‘Mediación’ y ‘La justicia en Castilla y León’. Por último, está previsto que se celebre un foro de debate en el que intervendrán Fernando García-Delgado García, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, María Jesús Porto Urueña y Teresa Vicario Fernández, ambas consejeras del Consejo de la Abogacía de Castilla y León. En esta mesa se analizarán las futuras leyes de Tasas y de Demarcación y Planta Judicial, así como otras actualizaciones normativas.

REFORMA “INCOMPLETA” Y “MERMA DE DERECHOS”

Una reforma incompleta, e incluso “pírrica”, que disfraza de “racionalización” lo que en realidad, constituye una “inaceptable merma  de derechos del ciudadano, tratando de disuadirle mediante el establecimiento de trabas económicas y burocráticas, de acceder a la justicia para la defensa de sus derechos, al igual que ha ocurrido con las últimas reformas procesales”.

Así explicaron los intervinientes en la primera Ponencia del Congreso su opinión sobre el borrador de reforma de la Ley de Justicia Gratuita remitida por el Ministerio, que apenas recoge una mínima parte de las exigencias de la Abogacía Española, y en ningún caso las de mayor importancia.

El diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Valladolid, Javier Martín, que actuó como ponente en la mesa que presidía el decano salmantino, Luis Nieto, sobre la Justicia Gratuita y en la que también participó Aníbal Fernández, consejero del Consejo castellano-leonés, se mostró partidario de mantener, e incluso incrementar, el nivel de exigencia y reivindicación de una mayor consideración a la trascendental labor que desarrolla la Abogacía, tanto a nivel institucional como a nivel profesional individual, en el modelo de justicia gratuita y en el turno de oficio.

No podemos olvidar que el derecho a la asistencia jurídica gratuita constituye una de las más altas expresiones del principio democrático y constitucional de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y del derecho a la tutela judicial efectiva, y como tal, afirmó Martín, su regulación legal debe ser objeto de una reforma más intensa y profunda, que permita en todo caso garantizar la compensación económica de los profesionales intervinientes de oficio.

En su opinión, la reforma debería haber sido aprovechada para incluir la regulación del derecho a la Justicia Gratuita de las personas jurídicas o para clarificar algunos de los requisitos que se exigen para conceder el beneficio, como por ejemplo, lo que se considera “unidad familiar”, incluyendo las parejas de hecho no inscritas, o aclarando qué medios económicos deben ser computables.

En definitiva, opina la Abogacía castellano-leonesa, el borrador de propuesta de reforma pierde la oportunidad de actualizar y adaptar a la realidad social actual una Ley que ya tiene 16 años y muchas carencias.

Libre elección del abogado de oficio

Por su parte, Aníbal Fernández explicó el éxito de la experiencia piloto que se ha llevado a cabo en los últimos 5 años en Ponferrada con el sistema de libre designación del abogado de oficio en el turno civil, propuesta que surgió del primer Congreso de la Abogacía de Castilla y León, celebrado precisamente en esa ciudad en 2008.

El consejero del CRACYL destacó que esta iniciativa consigue igualar en derechos, señaló, a quienes carecen de medios con quienes sí disponen de recursos, puesto que tienen la posibilidad de elegir su letrado de la misma manera.

La asamblea del Congreso aprobó por unanimidad una recomendación del Consejo de la Abogacía de Castilla y León a los Colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma para que, dentro de su autonomía, convoquen a sus abogados del turno y les planteen la posibilidad de poner en marcha la iniciativa en sus circunscripciones.

Fernández afirmó que ningún abogado del turno de oficio civil de Ponferrada designado por un ciudadano ha rechazado la designación durante estos 5 años.

El sistema fue concebido, además, con ciertas correcciones que evitan la sobrecarga de trabajo para unos abogados y la carencia para otros. En base a estudios estadísticos, se había observado que cada abogado del turno de Ponferrada recibía una media de 3,2 designaciones al año, de forma que se estableció que cada abogado pudiera ser designado una vez por trimestre y como máximo 3 al año.

En estos 5 años, nunca se ha planteado el caso de que un abogado no pueda ser elegido por estar ya ocupado en ese trimestre, pero si así fuera, el ciudadano puede optar por segunda, tercera o cuarta designación.

Impulsar la mediación

La Abogacía considera la Mediación como una herramienta útil para la gestión del conflicto. Este fue el argumento de la segunda ponencia de la jornada en el Congreso, en la que intervinieron Ignacio Esbec, decano del Colegio de Abogados de Zamora, Arturo Almansa, consejero del CRACYL, Mauricio Muñoz, magistrado de la Audiencia Provincial de Burgos y el secretario de la Cámara de Comercio de Ávila, Francisco Isaac Pérez de Pablos, que analizó la normativa de  la mediación en el ámbito europeo y  su desarrollo  en España , consecuencia de la transposición de Directivas Europeas reguladoras de la materia, así como el papel de las Cámaras de  Comercio como instituciones de mediación.

Arturo Almansa planteó para el debate el papel  que corresponde a los abogados y a sus  colegios profesionales como  instituciones de mediación y cómo desde ellos impulsarla en asuntos civiles y mercantiles.

El consejero del CRACYL presentó algunas propuestas encaminadas  al  ejercicio  de la actividad mediadora, como la conveniencia de ofrecer a los colegiados que se sumerjan en el mundo de la mediación formación complementaria y  especifica, tanto inicial  como continua, para la  prestación del servicio de un modo eficaz y eficiente, que de  respuesta satisfactoria a los ciudadanos que  demandan la intervención de los abogados en los Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos. 

En definitiva, expuso, “se trata de establecer  tres ejes en el desarrollo  de la actividad mediadora: formación, publicidad y registro y aseguramiento de la actividad”.

NUEVO MODELO DE DEMARCACIÓN JUDICIAL

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción ha asegurado que España necesita “un nuevo modelo de demarcación judicial que contribuya a modernizar la justicia porque el actual no responde a las necesidades actuales de la sociedad”.

Concepción, quien participó en el Congreso con una conferencia sobre el estado de la Justicia en Castilla y León ha destacado que el actual borrador realizado por el Consejo del Poder Judicial es “la fase inicial de un proceso” que debe incluir la opinión de todos los colectivos implicados en la justicia.

El presidente del TSJ ha señalado que el nuevo modelo de demarcación judicial debe incluir cuestiones como “llegar al expediente digital, la implantación de servicios externos tales como los gabinetes psicopedagógicos o los servicios de atención al ciudadano, la optimización de recursos económicos o la comunicación telemática que implique una mejor comunicación entre el ciudadano y los juzgados a través de las nuevas tecnologías”.

José Luis Concepción ha afirmado que estar reorganización “no debe, en ningún caso, suponerla desaparición de las cabeceras de partidos judiciales” y ha abogado por “mantener las infraestructuras existentes ya que manifiestan la presencia del poder judicial y garantizan el acceso de los ciudadanos a la justicia”.

Tras recordar que este último es un derecho constitucional, Concepción ha destacado que una opción a valorar podría ser la integración de los juzgados de paz en estas infraestructuras que, en muchos casos, “acaban de ser renovadas”.

Por su parte, el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha reclamado “más competencias en materia penal para el Ministerio Fiscal” en relación con la nueva Ley de Enjuiciamiento Penal  que el Gobierno de España está redactando y de la que ha afirmado “sólo conocemos filtraciones”.

Martín Granizo ha insistido, durante su intervención en el II Congreso de la Abogacía de Castilla y León en que “debe limitarse el ejercicio de la acción penal”, especialmente en el caso de las administraciones públicas, ya que, en su opinión, esta limitación “frenaría la politización de la justicia” al tiempo que simplificaría muchos procedimientos ya que “las administraciones públicas ya disponen de un órgano público que puede ejercer la acción penal, que es precisamente el Ministerio Fiscal”.

De acuerdo con la nueva legislación en materia penal  el fiscal asumirá la instrucción en materia penal, con lo que, según el fiscal superior, “debe desaparecer la figura del juez de instrucción que es una figura anacrónica e inconstitucional”.