Carnicer: «El anteproyecto de LSP supone un grave riesgo para los derechos de la ciudadanía»

Ante la aprobación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales con la que el Gobierno pretende modernizar el sector, desde Unión Profesional se pone de manifiesto que el subsector de los servicios profesionales, y sus organizaciones colegiales, ya habían sido modernizados en 2009 a partir de la Ley Ómnibus, yendo más allá de lo exigido por la Directiva europea de Servicios.

Según Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional: «si, como afirmó el ministro de Economía, el subsector de los servicios profesionales es competitivo en la actualidad, no se entiende que haya que reformarlo». Este sentido, Carnicer enfatiza que «cuando un sector funciona bien, presentando incluso una evolución alcista, y además ya ha sido reformado, no es comprensible que se le someta a una nueva reforma, como la presentada, y menos aún que se haga a espaldas del sector».

Unión Profesional muestra su sorpresa ante la aprobación de un anteproyecto de tal complejidad e impacto social sin la interlocución real y necesaria con el sector. «La liberalización de los servicios profesionales no es una cuestión baladí ni debe ser mirada únicamente desde un prisma económico, existen unos derechos de los ciudadanos que proteger a través de la sujeción del profesional a unas normas éticas y deontológicas mediante la colegiación y eso no creo que haya sido tenido en cuenta», afirma Carnicer.

Pendientes de poder analizar el texto completo del Anteproyecto, desde la organización que agrupa a las profesiones colegiadas españolas se reitera la necesidad de mantener la colegiación en todas aquellas profesiones cuyo ejercicio afecten a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente. Además de las ya contempladas —jurídicas, sanitarias y técnicas (en su más amplio ejercicio)—, existen muchos profesionales como psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física que deben ser ayudados y controlados por los colegios profesionales para proteger los derechos de la ciudadanía.

«Cuando se trata del ejercicio de profesiones colegiadas, los ciudadanos deberían contar con la confianza de que quien les atiende cuenta con los conocimientos y la formación necesaria para ejercer. Esa garantía es precisamente la que ofrecen los colegios profesionales con su propia independencia a través de la colegiación», dice Carlos Carnicer.

El presidente de Unión Profesional concluye que «la tramitación precipitada de una ley de esta importancia recomendaba no sólo un mayor cuidado en su redacción sino, sobre todo, una mayor participación de las profesiones afectadas».