Carnicer: “Es necesario completar el sistema de tutela judicial efectiva con la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa”

Por Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española

BUENOS DIAS – EGUNON

En primer lugar, quiero comenzar mi intervención agradeciendo, de forma muy especial y sincera, la presencia en este acto de SM el Rey, el Jefe del Estado según reza nuestra Constitución.

Gracias Majestad, sabemos de su cercanía y aprecio por nuestra profesión y es para nosotros un enorme honor y satisfacción el que haya podido y querido estar con nosotros, en este su primer año de reinado.

Gracias también muy sinceras al resto de autoridades: al Lehendakari Sr. Urkullu, al Ministro de Justicia, Sr. Catalá, a la Presidenta del Parlamento Vasco, Sra. Tejeira, al Alcalde Sr. Maroto y al Diputado General de Alava Sr. De Andrés.

Gracias a las autoridades Judiciales, Presidente del TSJ y Fiscal Superior, y al resto de autoridades presentes y que han querido acompañarnos.

Me van a permitir también que exprese mi más sincero y profundo agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Alava, en la persona de su Decano Sr. García Pascual y al Consejo Vasco de la Abogacía, en la persona de su Presidente Sr. Fuentenebro.

Y, en fin, muchas gracias a todos vosotros, compañeras y compañeros congresistas, a los ponentes, a los patrocinadores, colaboradores y expositores, así como a los organizadores y al personal del Consejo, que han contribuido de manera fundamental a que este XI Congreso de la Abogacía sea una realidad.

BIENVENIDOS – ONGI ETORRI

Celebramos la decimoprimera edición de este Congreso de la Abogacía, en esta preciosa y acogedora ciudad de Vitoria. Nos produce enorme satisfacción volver a una tierra tan fecunda de brillantes juristas como es Euskadi, que ha contado con excelentes Decanos, de cuya generosidad la Abogacía española se ha beneficiado enormemente.

Y digo volver porque, efectivamente, el primer Congreso de la Abogacía española se celebró en otra ciudad vasca, San Sebastián, en 1917, y marcó un hito en la historia de la abogacía.

Han pasado ya muchos años de aquel Congreso y hoy, en Vitoria, cien años después renovamos el impulso congresual.

PERIODO DESDE CÁDIZ

Los Congresos de la abogacía, son importantes para nosotros. Son momentos de mirar hacia atrás evaluando lo acontecido desde el anterior y, sobre todo, proyectando nuestras ideas hacia adelante para diseñar el futuro.

Pero, como digo, la presencia de S.M. en la inauguración de este Congreso, en el primer año de su reinado, lo hace especial porque me permite mirar más allá de la perspectiva temporal de un próximo Congreso, dentro de cuatro años, y abordar algunas cuestiones  de gran futuro en torno al papel que la Abogacía quiere y debe asumir en nuestro Estado social y democrático de Derecho

Por ello, no me detendré mucho relatando  lo que la Abogacía ha podido sufrir y conseguir en estos 4 años.

Todos sabemos que han sido tiempos difíciles marcados por una profunda crisis económica, que ha conllevado también, una crisis política y una crisis de valores.

En este periodo hemos tenido que estar muy atentos ante una gran profusión de ideas, propuestas y proyectos de reformas legislativas para manifestar nuestra opinión, a veces incomoda, pero con seguridad necesaria en la tarea siempre inacabada de la construcción del Estado de Derecho, especialmente en lo que se refiere a los derechos  y libertades de los ciudadanos.

Es de sobra conocido el papel fundamental que la Abogacía ha jugado en cuestiones tales como la implantación de tasas judiciales, las propuestas de regulación de los servicios y colegios profesionales, las ideas para la reforma de la planta judicial y supresión de partidos judiciales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,… por no citar el código penal, la ley de seguridad ciudadana, la Ley Mordaza, la Ley de Jurisdicción Voluntaria o la reforma del Registro Civil.

Creo, sin falsa modestia, que la abogacía española ha dado en todas estas cuestiones ejemplo de unidad y firmeza, demostrando la capacidad de liderazgo de nuestro colectivo, sin más armas que la razón ni más aliados que una sociedad necesitada de asesoramiento y defensa.

Este periodo ha demostrado que no es bueno  abordar reformas de calado sin contar con la Abogacía Española.

Sí quiero destacar un hito que puede parecer menor pero que es esencial a la hora de afrontar un próspero y dilatado  futuro: me refiero a la puesta en marcha, del Sistema de acceso  a la profesión de Abogado que, sin duda hará que los ciudadanos cuenten con los mejores letrados, equiparados además a las exigencias de formación de sus homólogos europeos. Por fin hemos alcanzado aquellas tres observaciones del Congreso de San Sebastián: Formación, Formación y más, Formación.

Aunque, también es cierto, que no está todo hecho. La excelencia que buscamos para la abogacía española, nos exige seguir trabajando para que los Masters sean de una calidad y de un nivel excepcionales, con gran contenido práctico. Y que formen abogados audaces con proyección internacional, por lo menos al nivel de conocimientos de los jueces y de fiscales. Solo así se podrá garantizar el principio de contradicción y el de igualdad de las partes en el proceso. Me gusta recordar que el Abogado es el primer juez, el que decide asesorando si procede  negociación, mediación, transacción, arbitraje o simplemente convicción de que no nos asiste la razón. La formación por tanto del abogado resulta hoy vital.

En fin, no quiero detenerme más en la mirada retrospectiva, máxime tras el nuevo periodo abierto con la llegada del actual Ministro, señor Catalá.

FUTURO

Como decía, Majestad, su presencia me anima a mirar con más detenimiento al futuro. A reflexionar sobre lo que debe ser el papel que quiere jugar la abogacía en el futuro y, por tanto, a lo largo de su reinado.

A.- En primer lugar, y diría que de forma  muy destacada, la Abogacía Española debe estar en permanentemente vigilancia por el respeto de los DERECHOS HUMANOS. Y este compromiso, con la defensa de los derechos humanos, debe ser enseña de identidad de la Abogacía. Cada despacho de abogados me gusta decir que debe ser una oficina de defensa de los DD HH.

Es nuestra obligación permanecer siempre atentos y ser valientes y decididos en la denuncia de la injusticia, se produzca donde se produzca. No podemos mirar hacia  otro lado cuando las vulneraciones de los derechos humanos se producen aquí o más allá de nuestras fronteras

No puedo, en estos momentos, dejar de elevar, una vez más, mi voz, para recordar a los miles y miles de conciudadanos que huyendo de la desesperanza y la miseria de sus países de origen, son capaces de dejarlo todo, endeudándose hasta límites insospechados, para intentar llegar a nuestra próspera Europa, abandonadas a las mafias inhumanas y dejándose, en muchos casos la vida en ese baldío intento de lograr una vida mejor. No puede ser, no podemos consentirlo. Esta noche pasada 40 conciudadanos nuestros han vuelto a encontrar la muerte en ese sarcófago que llamamos Mare Nostrum. Todos, absolutamente todos, debemos involucrarnos y ser capaces de dar una respuesta a esos miles de conciudadanos para hacer realidad la Declaración Universal de Derechos del hombre.  Por mucho que elevemos las alambradas no impedirán el paso de los famélicos y desesperados

B.-  En segundo lugar ha de colocarse a la Abogacía Española en el lugar que le corresponde. Nuestra Constitución cita a la Abogacía o a los abogados en cuatro ocasiones relacionadas con los derechos fundamentales a la libertad (17.3) y a la defensa (24) y también con el CGPJ órgano de gobierno de los jueces y con el  Tribunal Constitucional.  Por añadidura el artículo 36 CE contiene una garantía institucional de protección de los Colegios Profesionales colocando a estos en la defensa de los consumidores y usuarios. Sus fines y funcionamiento democrático solo han sido constitucionalizados en España. Ninguna otra Constitución en el mundo ha dispensado tanta atención a los Abogados como la española.

Se equivocan quienes creen que en el ejercicio de nuestra profesión han de primar solo las cuestiones relativas al Mercado y al Derecho de la Competencia.

La abogacía institucional, los colegios profesionales, ni son ni quieren ser, un club distinguido de profesionales. Tenemos una alta función social que cumplir exigida por nuestra Constitución.

El ejemplo paradigmático es nuestro sistema de Turno de Oficio y Justicia Gratuita que es un modelo de referencia para el resto de países en la atención de la defensa de los más desfavorecidos.

Aunque es lamentable que un servicio espléndido que funciona a la perfección en su prestación, se encuentre permanentemente con problemas por su financiación, con algunas Administraciones públicas poco respetuosas con los Colegios y con la dignidad de los abogados.

De ahí que debamos exigir que no pueda abordarse una nueva regulación de los SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES sin tener en cuenta las peculiaridades  de los Colegios en general y de los de Abogados en particular, de su vocación y función social y  de los servicios públicos que prestan a la sociedad en garantía del derecho de defensa, elemento indispensable para que pueda hablarse de una tutela judicial efectiva.

C.- En tercer lugar, debemos plantearnos como un reto para los próximos años conseguir el desarrollo legal del Derecho de Defensa, elemento esencial en la construcción de un Estado de Derecho y duradero, y que en muchas (demasiadas) ocasiones vemos amenazado.

Es  inaplazable desarrollar de una vez nuestro sistema de defensa jurídica. Sin defensa efectiva no puede haber contradicción ni igualdad de las partes en el proceso ni, por tanto, Justicia y sin Justicia no puede haber Estado de Derecho, no puede haber ni siquiera democracia. Es necesario completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una LEY ORGANICA DEL DERECHO DE DEFENSA, que regule el asesoramiento y defensa jurídica en general pero también el turno de oficio y la Justicia Gratuita, acabando de una vez con los indignos retrasos y recortes económicos, así como  reforzar otros derechos  conexos, como la formación, la confidencialidad de las conversaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología, el secreto profesional, etc.

La defensa jurídica es y debe ser exclusiva de la abogacía y estamos convencidos que sin una buena defensa jurídica, sin abogacía, no puede haber Justicia.

D.- En cuarto lugar la abogacía debe reafirmar en el futuro su compromiso con nuestro sistema de Administración de Justicia.

El buen funcionamiento de la Administración de Justicia no es sólo, en contra de lo que muchas veces suele decirse, un problema de medios. Además, son muchas otras las cuestiones que deben abordarse, desde la formación, hasta la organización y los sistemas de gestión por citar algunas. Debemos buscar la calidad y la excelencia.

Un sistema de Justicia, que es la base de la convivencia y la paz social, no puede estar al albur del juego de mayorías siempre contingente.

Por eso es necesario separar un tiempo a la Justicia del debate político partidista y dar entrada a los profesionales para alcanzar un gran PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA.

Hay que reconstruir la Justicia en España y para ello hace falta el compromiso de todos porque, entre todos, hemos de conseguir que la Justicia funcione de forma ágil, previsible y neutral. Que exista en definitiva  calidad, seguridad jurídica, previsibilidad y resolución de conflictos en tiempo razonable.

La Abogacía, como observadora privilegiada del sistema, por su cercanía a los destinatarios del servicio público, conoce a la perfección la insatisfacción que produce hoy el servicio público de la Justicia y  está dispuesta a implicarse en las soluciones.  A coliderar incluso ese pacto de Estado  con el conjunto de operadores jurídicos y con los partidos políticos representantes últimos de la soberanía nacional.

En quinto y último, los próximos años deben hacer realidad la necesidad de que la ABOGACÍA SEA OÍDA en todo tiempo y en todo tipo de procedimiento en los que se hable de derechos y libertades.

REFERENCIA AL CONGRESO

Estos son los retos que tenemos por delante y que nos proponemos abordar ya desde este XI Congreso con la ponencia central “El abogado 3.0 en la aldea global”.

Puede sonar ya a tópico, pero el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la presencia creciente de un mercado de servicios gestionados a través de internet está teniendo un impacto extraordinario en nuestro sistema jurídico y en el trabajo del abogado.

La aparición de dispositivos móviles cada vez más inteligentes, la generalización del uso de las redes sociales, la capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos y la universalización del uso de Internet, han conformado un nuevo panorama en el que los ciudadanos hemos adquirido nuevos hábitos y expectativas en la utilización de los servicios.

La Abogacía debe ser capaz de adaptarse de manera ágil a las nuevas demandas de un entorno cambiante.

Como se ha dicho, no estamos en un ciclo de muchos cambios, sino en un cambio de ciclo.

Adaptarnos sí, pero no olvidar los valores de la abogacía secular. No olvidéis nunca la dimensión humana de nuestra profesión.

Creo sinceramente que estamos preparados para afrontar los retos del futuro. Los abogados debemos intentar ir siempre un paso por delante de la ley, identificando problemas y cada vez  con más intensidad, proponiendo soluciones.

Así, hemos querido adelantarnos y estar preparados con una decidida apuesta por las nuevas tecnologías, destacando la creación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, que es modelo para todas las Abogacías de Europa.

Por ello, Ministro, te ofrezco nuestra leal colaboración en el esfuerzo, que habéis asumido para hacer una realidad la extensión del uso de Lexnet y, con ello, caminar hacia el expediente judicial electrónico, sobre el que ya tuvimos ocasión de profundizar en el año 2009 durante las Juntas de Gobierno de Pamplona.

Voy terminando, los modestos logros y pequeñas satisfacciones conseguidos hasta ahora nos sirven de acicate para que, en los próximos años,  cada año, presentemos a la mejor Abogacía posible.

Majestad, nuestro compromiso, como siempre hemos perseguido, ha de extenderse no sólo a quienes defendemos como clientes sino al conjunto de la ciudadanía.

Hemos podido comprobar que cuando la Abogacía delimita claramente sus objetivos y prioridades, actúa con unidad y decisión, y mantiene sus principios por encima de todo, cuatro años pueden dar mucho de sí. Os animo por ello a que nos fijemos metas ambiciosas para que nuestro compromiso con la justicia y las libertades, el respeto y conocimiento de la ley, y nuestro amor por esta profesión demuestren que la Abogacía es un arma cargada de futuro.

Muchas gracias – MILA ESKER

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