Victoria Ortega inaugura la jornada sobre la reforma de los registros, organizada por ADADE

La secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, inaugura el martes, 19 de marzo, la jornada “La reforma de los registros: Otro proceso de privatización”, organizada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Además de Victoria Ortega, intervendrán Francisco Javier Fernández López, técnico del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; Pablo Durán de la Colina, registrador titular del Registro de la Propiedad número 44 de Madrid, Ignacio Navas, notario, y Javier Ledesma, abogado y presidente de ADADE.

La jornada tiene lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de Recoletos, 13, Madrid) a las 18 horas.

BODAS DE PAGO

Precisamente, la semana pasada el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez, explicó en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), que la reforma del Registro Civil prevista por el Gobierno tendrá como primera consecuencia que las bodas civiles oficiadas hasta ahora por los jueces de manera gratuita, pasarán a ser competencia de los notarios, y los cónyuges deberán pagar al notario entre 90 o 100 euros, tasas que cobran algunos ayuntamientos que celebran bodas.

El borrador también contempla un aumento de los hechos inscribibles en el Registro, como es la inscripción de poderes o el domicilio. El ciudadano tendrá la posibilidad de comprobar que el poder no ha sido revocado, mientras que voluntariamente podrá inscribir su domicilio para recibir notificaciones.

REFORMA RADICAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD JURÍDICA

Por su parte, el Consejo General del Notariado considera que el borrador del anteproyecto de reforma de los registros públicos modificará de raíz el sistema de seguridad jurídica preventiva español pese a ser uno de los mejores del mundo y haber demostrado su eficacia. Para los notarios, con la excusa de encargar la llevanza del registro civil a los registradores, se pretende sustituir el actual modelo de seguridad jurídica preventiva por otro que será perjudicial para la sociedad y un caso aislado en la Unión Europea. Así se lo ha transmitido al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.