06 marzo 2015
Carnicer pide el tercer grado “urgente e inmediato” para españoles condenados por Ecuador
El presidente del Consejo General de la Abogacía, y de la Fundación Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha solicitado a los directores de centros penitenciarios españoles que promuevan “de forma urgente e inmediata” la clasificación en tercer grado de varios presos condenados en Ecuador por tráfico de dogas a pequeña escala, que ya han extinguido su pena tras la entrada en vigor del un nuevo Código Penal.
Unos 50 españoles – de los que 40 están en prisiones de nuestro país y el resto en cárceles ecuatorianas- condenados por tráfico de pequeñas cantidades de droga tendrían cumplidas sus condenas desde agosto de 2014, fecha de la entrada en vigor de un nuevo Código Orgánico Integral Penal que, entre otras modificaciones, modula las penas en función de la cantidad de droga incautada. Gracias a esta nueva ley, las condenas a 8 años de cárcel, pasarían ahora a 3, con lo que estos 50 españoles habrían cumplido sobradamente sus condenas.
Carnicer informa a los directores de centros penitenciarios de que, dadas las circunstancias, los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria de varios Colegios de Abogados y con el apoyo de varios letrados voluntarios, bajo la coordinación de la Fundación Abogacía Española, han facilitado información a los internos “para que conozcan cómo les afecta la nueva ley penal de Ecuador y el procedimiento a seguir para verse favorecidos por el efecto retroactivo de las nuevas penas más benignas establecidas”.
“Le ruego que- concluye la carta de Carnicer a los directores de centros penitenciarios- promueva de forma urgente e inmediata la clasificación en tercer grado mientras el interno inicia su solicitud de revisión de condena y el procedimiento judicial tiene lugar en Ecuador, trámite que puede demorarse varios meses. Le rogamos por tanto desde la Fundación Abogacía Española, apelando a los principios de justicia material, intente impedir que continúe en privación de libertad a quien la ley reconoce que ha cumplido ya la pena por el delito cometido.