Carnicer pide la revisión de los tratados y que se sancionen las conductas contra los derechos de los refugiados

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el vicepresidente de la Abogacía y jefe de la Delegación Española en el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Oriol Rusca, presidieron la inauguración del Curso del Consejo de Europa sobre Asilo y Convenio de Derechos Humanos para Abogados y Jueces que ha tenido lugar el 18 de septiembre en el Consejo General de la Abogacía Española.

El Curso está organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Europa en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y forma parte del Programa Europeo de Formación en Derechos Humanos para los profesionales del Derecho (Programa HELP). Este Curso es una de las iniciativas del Consejo General de la Abogacía en relación con la crisis de refugiados.

Durante la inauguración, Carnicer recordó que más de 60 millones de migrantes suponen un importante reto para el que nuestra sociedad no está preparada. Por ello, el presidente de la Abogacía pidió “la urgente revisión de los tratados internacionales y que se sancionen las graves conductas contra los derechos humanos” de los refugiados que pretenden entrar en Europa.

“Debemos denunciar la vulneración de derechos al establecer penas de hasta 5 años por cruzar una frontera (en referencia a Hungría), denunciar la incapacidad de los políticos para resolver este problema y denunciar la inercia de los poderes públicos al observar las actividades de la Abogacía en defensa de los Derechos Humanos”, aseguró Carnicer.

Además, recordó que “los abogados son solidarios pero también tienen un profundo sentido de la Justicia” y eso les mueve a ayudar a los refugiados. Más de 1.000 abogados y abogadas de toda España se han inscrito en el Registro puesto en marcha el viernes 4 de septiembre por el Consejo General de la Abogacía Española para dar asistencia jurídica a las personas refugiadas y desplazadas que han llegado a Europa a causa de los conflictos armados.

Por su parte, Oriol Rusca incidió en que “si las leyes no giran en torno a la persona son discriminatorias” porque “la dignidad de la persona y los derechos humanos están muy por encima de cualquier corpus legislativo” y todo lo demás, es “el mal: la falta de empatía”. Para Rusca, “si esta es la Europa que hay” los ciudadanos van a estar “cada vez más alejados de ella”. “No es la Europa de los valores en que creemos sino otra que sirve a intereses mezquinos”, ha denunciado.

En opinión del vicepresidente de la Abogacía y decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, “no puede ser que en otros temas sean capaces de resolver en tres o cuatro días” y en la crisis humanitaria “se discuta si hay que discutir” cuando, según ha dicho, “Europa ya tiene el dinero, es sólo decisión política utilizarlo”. Hay tres mil millones de euros destinados a afrontar esta crisis y sólo falta aplicarlos.

CURSO DEL CONSEJO DE EUROPA

Finalizada la inauguración, la Jornada continuó con la intervención de Natacha de Roeck, directora del programa HELP (Human Rights Education for Legal Professionals), que explicó el funcionamiento del programa.

El objetivo de HELP es la formación de profesionales jurídicos en materia de derechos humanos. Para elaborar los cursos que se imparten, el Consejo de Europa, las autoridades nacionales y los órganos jurídicos (Colegios de Abogados, fiscales y judicatura) de cada país realizan una valoración de las necesidades. Además, los cursos se traducen a los idiomas de los países participantes y se adaptan al ordenamiento jurídico de cada Estado.

Natacha de Roeck destacó la importancia de las tecnologías para el desarrollo de estos cursos: se imparten a través de Internet, lo que facilita la participación de más gente porque es más sencillo encajarlo en el día a día. Además, esta modalidad también permite que, cuando finalizan los cursos, todos los profesionales del derecho puedan acceder a la documentación de los mismos.

La letrada-jefa de División del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Carme Morte, hizo un repaso de la jurisprudencia de la justicia europea sobre el acceso a las fronteras. Destacó la importancia de una reciente sentencia –junio 2015- que por primera vez examina el artículo 4 del Protocolo Cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros. La importancia de esta sentencia es que si existe expulsión colectiva, el recurso interpuesto ante las autoridades tiene que tener efectos suspensivos.

Por su parte, Samuel Boutruche, coordinador judicial de ACNUR, destacó la importancia de las iniciativas de los abogados para proceder redactar demandas ante los tribunales. Boutruche recordó que este curso conjunto –Consejo General de la Abogacía y Consejo de Europa- sirve para responder a una necesidad identificada sobre el terreno.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN LA VALLA

La mañana continuó con una mesa redonda moderada por Marcelo Belgrano, abogado de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, sobre “Protección internacional en la valla: Acceso al territorio y no devolución en frontera”, en la que participaron María Valles, responsable de ACNUR para Ceuta y Melilla; Pedro Escribano, magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; Patricia Bárcena, abogada y directora de CEAR-Esuskadi, y Gonzalo Boye, abogado ante el TEDH en el asunto de las devoluciones en caliente de Ceuta.

Boye aseguró que las devoluciones en frontera vulneran el artículo 13 de la Declaración Europea de Derechos Humanos, uno de los motivos por los que las denunció ante el TEDH. El abogado pidió buscar vías de colaboración entre “todos los que trabajamos en esto” y centrarse en litigios estratégicos “porque el derecho es un instrumento para cambiar realidades”. Por último, recordó que desde 2012 ningún país europeo tiene representación diplomática en Siria y calificó de “demagogia” las indicaciones de que los refugiados deben pedir asilo en origen. También advirtió del peligro de la proliferación de muros y fronteras: “las vallas son restrictivas de derechos. El resultado final es que los encerrados vamos a ser nosotros”.

Por su parte, María Valles denunció que se está hablando de los refugiados que vendrán, “pero en España ahora mismo se está denegando el acceso a la protección internacional a refugiados sirios”. Valles recordó que Ceuta y Melilla son espacio Schengen y criticó que algunas instituciones se escudan en lo contrario para restringir los derechos de las personas solicitantes de asilo, fundamentalmente el derecho a la libre circulación. Valles recordó que en este momento hay 800 solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla y subrayó la sobreocupación del CETI, “que no es un centro de acogida, sino de retención”, dijo.

Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi e integrante de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, puso de relieve las deficiencias en el procedimiento e indicó que el asilo es “un derecho desconocido, un derecho en crisis”. “Desde la ley de 2009, una ley sin reglamento, todo han sido obstáculos para que no se solicite asilo. Hay muchas comunidades que tienen tal colapso, que ni siquiera dan cita para solicitarlo y la tarjeta que se entrega a las personas cuya solicitud se ha admitido a trámite, se demora tres o cuatro meses”. Bárcena animó a trabajar para mejorar “ahora que el asilo está en el discurso social” y hacerlo con rigor;”cada caso es único y hay que dedicarle tiempo”. Bárcena destacó el papel de los abogados en la identificación de potenciales víctimas de trata, “ya que a las mujeres y a las niñas se las invisibiliza” y pidió que se “judicialicen todas las situaciones de vulneración de derechos que se conozcan”.

Finalmente, el magistrado Pedro Escribano recordó que el asilo no es una cuestión de punto de vista o que guste más o menos, “el asilo es un derecho obligatorio, no discrecional. Cuando hablamos de protección internacional, hablamos de derechos. No es cuestión de decir se merece el asilo. Es cuestión de tiene derecho a”. Escribano analizó también las “ilegalidades flagrantes” de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla y fue muy crítico con la actual normativa que las ha legalizado en la Ley de Seguridad Ciudadana.

CLAUSURA 

Tras exponer el funcionamiento del curso y resolver las dudas de algunos participantes, Pascual Aguelo –presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española- clausuró la jornada, recordando las iniciativas que está desplegando el Consejo ante esta crisis extraordinaria. En este sentido, destacó la generosidad de los compañeros que, de forma desinteresada e incondicionalmente,  se han puesto al servicio del Consejo General de la Abogacía para intervenir, si fuera necesario, en cualquier situación de emergencia que pudiera surgir en materia de refugiados.  Asimismo, señaló que la defensa del derecho de asilo no es una mera obligación moral, sino una obligación legal de los estados de respetar el derecho que han hecho suyo.