Catalá: “Las tasas nunca pueden generar una limitación al derecho de acceso a la justicia por los ciudadanos”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha adelantado en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, algunos de los aspectos más relevantes que incluirá la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para hacer más próxima la Justicia al impulsar un servicio cercano, ágil y amigable para los ciudadanos.

La reforma de las tasas judiciales ha sido uno de los asuntos abordados por el ministro en el Senado. Catalá ha propuesto estudiar los datos y la información aportados por el Consejo General del Poder Judicial, de los Puntos de Estadística Judicial y de la Agencia Tributaria para “asegurarnos que las tasas nunca puedan generar una limitación al derecho de acceso a la justicia por los ciudadanos”.

Para que ningún ciudadano resulte perjudicado en cuanto a los tiempos de respuesta de los órganos judiciales se establecerán nuevos criterios para el reparto provincial de asuntos sin que desaparezcan los partidos judiciales. Así, cuando un juzgado supere el máximo de la carga de trabajo prevista, con la finalidad de evitar retrasos y demoras, se repartirán los asuntos a otros próximos con carga inferior.

Catalá ha destacado, además, la importancia de adecuar la plantilla judicial a las necesidades reales de los ciudadanos. En este sentido ha recordado que, según el reciente informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, España tiene 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes lo que nos sitúa en torno a la media europea; muy cerca de Holanda (14,4), Bélgica (14,3), Suecia (11,8) y por delante de otros países como Noruega (11), Francia (10,7), Italia (10,6) o Reino Unido (4).

Asistencia jurídica gratuita

En cuanto a la ampliación del número de beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita, el ministro ha asegurado que en el trámite de la ley que pronto comenzará a debatirse en el Senado se introducirán enmiendas de mejora para que “nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos”.

En este sentido, ya se ha introducido una enmienda en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 para financiar con 6 millones de euros la partida destinada a justicia gratuita. El reparto de esta cantidad se materilizará a través de convenios con las comunidades autónomas para garantizar la mejor prestación del servicio.

Rafael Catalá ha destacado el reto que supone para todas las Administraciones luchar contra la corrupción, una lucha en la que ha subrayado la “batería histórica de reformas” que anunció el pasado jueves el presidente del Gobierno en su comparecencia del Congreso de los Diputados.

Entre esas medidas, el ministro ha recordado que, por primera vez en democracia, se crea el delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos, se agravan las penas de inhabilitación y se aumentan los plazos de prescripción de los delitos relacionados con corrupción.

En materia procesal, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá agilizar las causas más complejas para hacer posible instruir y juzgar delitos sin necesidad de concatenar piezas e impedir así que los procesos se alarguen durante años. Además, la reforma fijará un plazo máximo de instrucción y se regulará de nuevo el comiso a través de la modificación de la carga de la prueba que contribuirá a que la sociedad vea cómo el delincuente devuelve los bienes que se le encuentran y que no es capaz de justificar.

El ministro Catalá ha concluido su intervención en la Comisión de Justicia del Senado reiterando su oferta de diálogo sincero, abierto al consenso con los representantes de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, para sacar adelante las reformas que mejoren y modernicen la Justicia.