Catalá propone un plan integral para agilizar la Justicia basado en acciones procesales, tecnológicas y más recursos

• El ministro de Justicia asegura en el Congreso de los Diputados que la asistencia jurídica gratuita se va a mantener exenta del IVA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto durante su comparecencia el jueves 07 de abril ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, un plan de acción integral que conduzca a reformas estructurales que permitan agilidad y rapidez en nuestro sistema de Administración de Justicia, basado en una serie de estrategias de carácter procesal, dotacional, organizativo y tecnológico.

EJE PROCESAL DE REFORMAS PARA AGILIZAR LA JUSTICIA

En el orden procesal, el ministro ha manifestado su convicción de que son necesarios nuevos procesos que superen modelos agotados y nos lleven a la realidad del siglo XXI. Así, ha citado como antigua reivindicación de las asociaciones profesionales apoyada por la mayoría de fuerzas políticas, la necesidad de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgue al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación, contando con un juez de garantías que tutele el respeto a los derechos fundamentales.

Catalá ha manifestado que esta fórmula acabaría con los juicios que se prolongan durante muchos años, dejando atrás el sistema inquisitivo para implantar un modelo acusatorio con protagonismo del juicio oral y mejoraría las garantías de defensa. Igualmente, se simplificarían trámites y recursos, caminando hacia un único procedimiento ordinario, se mejorarían las tareas de coordinación policial y se podría abordar la investigación y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en supuestos especialmente graves, preservando siempre el interés del menor.

Para llevar a cabo estos cambios, el titular de Justicia ha considerado necesaria y en paralelo, una reforma del Estatuto Fiscal que remarque la imparcialidad y otorgue mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las juntas de Fiscalía. Catalá ha recalcado la autonomía del Ministerio Fiscal como garante del interés general y de los derechos de los ciudadanos y ha negado que el Gobierno haya dado en ocasión alguna órdenes o instrucciones ni impuesto exigencias en relación con su labor, totalmente autónoma y libre. Rafael Catalá ha vuelto recordar que en España  contamos con una Fiscalía que no admite injerencias ni se deja intimidar por nada ni por nadie.

Dentro de este eje procesal, se ha referido a la necesidad de una revisión del proceso civil para agilizar la ejecución de sentencias civiles firmes mediante una reducción de trámites o eliminación de duplicidades, por ejemplo, en la tramitación de notificaciones y otras comunicaciones procesales aprovechando las ventajas tecnológicas, haciendo también mención de la mejora de la ejecución de sentencias en el ámbito penal.

En relación a la acción colectiva, el ministro ha propuesto que se perfeccione superando su actual regulación fragmentaria y se favorezca un único proceso para múltiples afectados.

EJE DOTACIONAL: MÁS RECURSOS

Catalá se ha referido a los esfuerzos realizados durante los últimos años por parte del Ejecutivo en esta materia, que se han plasmado en la creación reciente de 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal, la consolidación de 8.500 interinos en la Administración de Justicia y la atención a 1.140 medidas de refuerzo solicitadas por los tribunales con un gasto de 44,2 millones de euros.

Ese esfuerzo se ha visto reflejado en el propio presupuesto del Ministerio que este año crece un 7,7%, con 121,3 millones de euros más en una cuenta global de 1.700 millones, lo que demuestra que la Justicia es una auténtica prioridad para el Gobierno. Este incremento permitirá un aumento de las plantillas con 100 nuevas plazas de jueces y fiscales, así como un crecimiento del 86% de los gastos de inversión.

Habrá más medios, ha dicho Catalá, para cumplir con el principal objetivo del Ministerio, la defensa y protección de los que más necesitan de la Justicia, para lo que en los últimos tres años se han destinado más de 110 millones de euros. En ese sentido ha incidido en que la asistencia jurídica gratuita se va a mantener exenta del IVA y en una de las máximas prioridades del Gobierno como es la lucha contra la violencia de género.

En este último ámbito, ha recordado que las medidas adoptadas recientemente han supuesto una inversión de casi 134 millones de euros entre 2015-2017. Entre ellas ha destacado el endurecimiento de penas y la inclusión de nuevos delitos en el Código Penal, la aprobación del Estatuto de la Víctima y la importante aportación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, la modificación del régimen de asistencia jurídica gratuita para incluir a las víctimas de violencia de género, el incremento de las competencias de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y las medidas incluidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria para impedir el matrimonio de personas que hayan participado en la muerte dolosa de su pareja de hecho.

Catalá se ha comprometido a impulsar una reforma del Código Penal que revise la regulación actual de la omisión de socorro en el ámbito de la seguridad vial para aquellos casos en los que conductores implicados en accidentes huyan dejando atrás a víctimas gravemente lesionadas o en riesgo de muerte, y que tipifique y castigue esta conducta como delito.

EJE DE REFORMAS ORGANIZATIVAS

Como parte de este bloque de medidas para agilizar la Justicia, el ministro se ha referido a la necesidad de optimizar los medios disponibles con medidas como realizar un reparto equilibrado de las cargas de trabajo entre juzgados. La solución debe pasar por paliar las situaciones de sobrecarga que se producen en algunos juzgados, al tiempo que se facilita la compensación en los casos de infrautilización de los recursos.

Para Catalá, la implantación de las Oficinas Judicial y Fiscal va a jugar un papel esencial en la agilización de la Justicia, por lo que defiende la necesidad de potenciar el modelo. Al mismo tiempo, la apuesta por la especialización puede ofrecer muchas respuestas para reducir la litigiosidad. Esta especialización será fundamental en el caso de la Fiscalía, en ámbitos tan sensibles como la ciberdelincuencia, la propiedad intelectual y la diversidad funcional.

En esa misma apuesta por la especialización, el titular de Justicia ha mencionado las respuestas aplicadas para absorber el previsible impacto litigioso tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las cláusulas suelo, aplicando una solución extrajudicial, consensuada, ágil y voluntaria para el consumidor.

Para el titular de Justicia, agilizar este servicio esencial para la sociedad también pasa por introducir una serie de cambios culturales en la mentalidad de sociedad y empresas. Figuras como la mediación, el arbitraje o la jurisdicción voluntaria deben imponerse como formas para resolver diferencias desde el acuerdo, evitando llegar a los tribunales.

Para ello, la mediación deberá incrementar su calidad, reforzando el papel de las instituciones que a ella se dedican y trabajar por el conocimiento de esta figura, estableciendo incentivos para su elección. En relación con el arbitraje, Catalá está abierto a algunas reformas que refuercen su confianza como mecanismo de resolución de conflictos.

Para completar estas figuras alternativas, el ministro se ha referido a la conveniencia de ultimar la transposición de la Directiva Europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

EJE TECNOLÓGICO: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Agilidad y tecnología son conceptos que caminan en paralelo y por eso, Catalá apuesta firmemente por la transformación digital asociada a la tramitación de los procedimientos existentes, el acceso de los ciudadanos y profesionales a la información y la implantación de procesos más simples y dinámicos en cuestiones como el Registro Civil o la concesión de nacionalidades.

La tecnología, ha resaltado, acorta los plazos de los procedimientos judiciales. Por eso, se ha implantado ya el concepto de juzgado digital a un 68% de los órganos judiciales del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, que firman cada semana 200.000 resoluciones de este modo. Las comunicaciones electrónicas están generalizadas para procuradores, abogados y graduados sociales desde el 1 de enero de 2016 y ya se han practicado más de 100 millones de demandas, escritos y notificaciones, al tiempo que se ha mejorado sensiblemente el funcionamiento del sistema LexNET con un incremento de su capacidad.

Los objetivos trazados por el ministro para la presente legislatura pasan por implicar a las comunidades autónomas con competencias transferidas y llegar a un sistema de gestión procesal común que acabaría con los 9 sistemas diferentes que existen en España.

Otra de las potencialidades de la tecnología tiene que ver con el mejor acceso de ciudadanos y profesionales a la información a través de la Sede Electrónica, donde pueden recibir notificaciones mediante un modelo de Justicia abierta y más transparente.

Al mismo tiempo la tecnología hace posible la reducción de trámites, como ya se ha hecho realidad en la comunicación electrónica de nacimientos al Registro Civil, respecto al que el ministro se ha reafirmado en su compromiso por un modelo 100% público, gratuito, electrónico y cercano al ciudadano. También, ha dicho, tiene grandes posibilidades de optimización de recursos en el modelo de tramitación de la concesión de nacionalidad española por residencia, ámbito en el que Catalá se ha felicitado porque las declaraciones de lesividad nunca han superado el 0,069% de las nacionalidades concedidas cada año. En este contexto, se ha comprometido a mejorar y agilizar el servicio y ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular ya ha presentado una Proposición no de Ley en este sentido.

El ministro ha defendido el derecho a la libertad de expresión junto al derecho al honor, a la intimidad, a la presunción de inocencia y a no ser vejado ni humillado por nadie. En ese sentido, entiende que el espacio digital no puede ser una coartada para el anonimato ni para la humillación a las víctimas. Asimismo, defiende el derecho de huelga junto al derecho al desarrollo de la actividad económica y cuando exista conflicto entre ambos, ha señalado, serán los jueces los que deban resolverlo.