Catalá reconoce en el Congreso de los Diputado que LexNET es mejorable

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su comparecencia reveló que tras conocerse públicamente 27 de julio el fallo del sistema de gestión procesal LexNet el Ministerio detectó 49 intentos de acceso por parte de profesionales a la información de otros perfiles, “todos ellos infructuosos y perfectamente identificados”.

Catalá: “49 profesionales de la Justicia, con nombres y apellidos, intentaron acceder a buzones de otros compañeros, conscientes de que esto no es ético ni legal, y sabiendo, además, que el problema había sido ya resuelto por el Ministerio”. Quien pudo entrar en el sistema eran usuarios habilitados, reconoció en su turno de respuestas a los grupos parlamentarios.

Estos intentos de acceso irregular a documentos judiciales se produjeron durante las 16 horas posteriores a que se hiciera público el fallo en el sistema, lo que el ministro ha calificado de “grave”.

Catalá defendió la eficiencia y seguridad del sistema LexNET insistiendo en que es manifiestamente mejorable y que en ello se sigue trabajando desde su Departamento, aseguró Europa Press. Ha negado que el fallo que se produjo el pasado 27 de julio dejara expuestos a cualquiera millones de documentos judiciales a través de Internet.

El ministro aseguró que se tuvo conocimiento de la existencia de un defecto en LexNET que se produjo por cumplir la petición a un acceso multifunción (abogados, procuradores y graduados sociales) a los buzones de los usuarios.

El ministro de Justicia compareció a petición propia para explicar el fallo de seguridad en LexNET del 27 de julio, que consistió en un error de programación del software que permitía que un profesional de la Justicia podía acceder, bajo determinadas circunstancias muy concretas, al buzón de otro profesional. “Por decirlo con otras palabras, durante un tiempo volvimos, en cierta forma, al sistema de papel tradicional, donde en las salas de procuradores las notificaciones se depositan en los casilleros”, insistiendo en que ello no quiso decir que cualquier procurador o abogado pudiera ver la información de otro entrando de forma normal en su perfil.

Para haber logrado dicho objetivo, había que dar una serie de pasos “que no están al alcance de cualquier usuario medio”, ya que dicha persona tendría que acceder previamente al sistema autenticándose con su certificado y posteriormente modificar la URL de acceso a su buzón, un número de diez dígitos en el cual hay un código de cuatro que indica el número de buzón.

Sobre LexNET, el ministro reconoció que llevan gastados algo más de 11,8 millones de euros para realizar durante su vigencia 340 millones de comunicaciones y que utilizan 230.000 usuarios. Indicó que es una plataforma de intercambio seguro de documentos que se borran a los 60 días, no pudiéndose acceder a documentos judiciales como las pruebas, las declaraciones testificales… Calculó que cada comunicación con LexNET cuesta 3 céntimos de euro.

Catalá aseguró que LexNET estará plenamente operativo el 01 de septiembre, al ser un día crítico para presentar documentos.

AUDITORÍA INTERNA

Catalá aseguró que está a esta a la espera de recibir las conclusiones o los resultados de una auditoria interna y valorar las medidas pertinentes de acuerdo con los Consejos Profesionales de los diversos usuarios de LexNET. También indicó que durante las 52 horas de paro de LexNET un hubo ninguna vulneración de los derechos de los ciudadanos. Durante este tiempo se mantuvo una comunicación permanente con los Consejos Generales, a los que el ministro agradeció su colaboración.

Tras la auditoría, el ministro -en el turno de respuestas- se comprometió a exigir responsabilidades de acuerdo con los expedientes que están tramitando la Agencia Española de Protección de Datos y el CGPJ.

También se detectó un intento de hackeo a una información desfasada y sin relevancia, por lo que el 1 de agosto se presentó una denuncia ante la persona que intentó hackear los sistemas informáticos del Ministerio, pero no LexNET.

SEPARACIÓN DE PODERES Y LEXNET

El ministro de Justicia afirmó que la competencia para gestionar LexNET y la separación de poderes es un “debate sin fundamento”. La Constitución reconoce que la Justicia la impartirán jueces independientes, pero la gestión de la administración de Justicia está bajo potestad del Poder Ejecutivo (según la Constitución) y facilita la labor de los jueces. “Tratar de alterar esta separación de poderes no tiene ningún sentido”, aseguro Catalá. Por el hecho de proveer el servicio tecnológico al Poder Judicial no se genera ninguna capacidad para obtener información impropia o alterar la separación de poderes. Además cualquier acceso impropio queda registrado e identificado.

Durante la réplica del ministro a las intervenciones de los diputados, Catalá aseguró que el reparto competencial se puede debatir, “pero no es razonable que el CGPJ tenga mejores capacidades para la gestión material de los servicios para la Justicia”.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

La modernización de la Justicia es un compromiso de todos los Gobiernos y Catalá aseguró que ha asumido una apuesta por acelerar este proceso porque “llevamos demasiado tiempo con periodos de implantación”. Las dos líneas de trabajo del Ministerio serán culminar con la implantación de la comunicación electrónica de LexNET y en cumplimiento de la Ley 18/2011 lograr una tramitación procesal electrónica.

Catalá reconoció que el panorama es desalentador tras las diversas aplicaciones presupuestarias por la falta de interoperabilidad. Aseguró que en el Departamento están trabajando por un sistema procesal común al que se incorporen las CCAA para superar el sistema fragmentario actual.

También reconoció, que tras 13 años de LexNET en el Ministerio están trabajando en un escritorio digital porque “debemos evolucionar”. Debemos superar un sistema fragmentado (con casi 10 plataformas) que no es interoperable.

En el turno de respuesta, Catalá pidió a todos los partidos políticos trabajar juntos para mejorar la Justicia.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Los diputados Artemi Rallo (PSOE) Mikel Legarda (PNV) y Marcial Gómez (C’s) reprocharon al ministro Catalá que su departamento denunciara ante la Policía al estudiante de ingeniería que detectó y reveló el agujero de seguridad del sistema de gestión procesal LexNET el pasado 27 de julio.

Para Rallo llama la atención que el fallo fuera detectado por un operador y que, tras serle revelado el Ministerio ni le contestara y en cambio se “ensañara contra el mensajero”, mientras que Gómez también ha subrayado esta circunstancia por tratarse además de un estudiante de ingeniería. “No fue un fallo técnico, sino un fallo inadmisible en la seguridad del sistema”, ha indicado el diputado socialista, alertando que se pusieron en riesgo contenidos sensibles. También criticó que el ministro utilizara la mayor parte de su intervención, que se ha extendido más de una hora y media, a hablar de LexNET en términos generales reservando tan sólo 15 minutos a la explicación de lo ocurrido a finales del pasado mes de julio.

Rallo, quien recordó que el Consejo General de la Abogacía Española había exigido que se depuraran responsabilidades, también echó en falta que Catalá no se haya referido a otras situaciones en las que se hayan podido detectar brechas de seguridad en el sistema ni detallado qué actuaciones ha emprendido para evitarlas en el futuro. Finalizó su intervención asegurando que la “confianza en LexNET está bajo mínimos, como la suya. Usted es un mal político (por su reprobación) y ahora un mal gestor”.

A juicio de Esther Capella, de ERC, el fallo puso de manifiesto la vulnerabilidad de la separación de poderes en España “porque es un sistema totalmente centralizado en el Ministerio de Justicia” mientras que la diputada María del Carmen Pita, de Unidos-Podemos, le reclamó un “plan creíble” para solucionar los sistemas estructurales del sistema y sobre todo incrementar los medios humanos. Pita aprovechó para pedir la dimisión del ministro: “Créame, nuestro país no le merece”.

Marcial Gómez, de Ciudadanos, insistió durante su intervención que LexNet no funciona bien y que así lo demuestra el constante parcheo al que se ve sometido, con 23 actualizaciones sólo en año y medio ya que “ni siquiera un programa ‘on line’ de juegos tiene tantas actualizaciones”. También preguntó quién va a asumir la responsabilidad por lo ocurrido, y se ha referido al pleito que Indra -participada por SEPI- tiene en Ecuador por el “fiasco de sistema como el de LexNet” que se vendió en dicho país.

Lourdes Ciuró, de PdCAT, se ha referido al fallo detectado como “lexnetleaks” y ha recordado que el sistema electrónico utilizado por la Generalitat no ha tenido fallos. Según esta diputada el CGPJ podría ser un buen gestor de este sistema en sustitución del Ministerio, y ello supondría además una apuesta por la separación de poderes.

Finalmente, el diputado del PP Leopoldo Barreda criticó el intento de la oposición de convertir un problema técnico en un asunto de “pretendidas consecuencias apocalípiticas” y ha lamentado que algunos quieran “poner una denuncia” a la persona que reveló en redes sociales que había accedido a documentos que no le correspondían por el fallo del sistema. “De un problema técnico, la oposición pretende un escándalo político y habla de situación de caos”, finalizó Barreda.

EXTRADICIÓN DE PERIODISTAS TURCOS

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que han recibido la documentación de Turquía que solicita la extradición del escritor turco-sueco Hamza Yalçin, actualmente en prisión provisional en Barcelona, una petición que su departamento tiene 40 días, aproximadamente hasta el 10 de octubre, para estudiar y decidir si continúa con el proceso o lo deniega. De momento no adelanta ninguna opinión.

En su intervención en la Comisión de Justicia en el Congreso, en donde ERC y Unidos Podemos habían reclamado su presencia para hablar sobre esta materia, el ministro señaló que la situación de Yalçin, así como la de su colega turco-alemán Dogan Akhali, –también detenido este mes de agosto en España y reclamado por el Ejecutivo de Erdogán– debe seguir el camino que detalla el Convenio Europeo de Extradición y la Ley de extradición pasiva.

Así, indicó que esta normativa determina que, tras la decisión tomada por la justicia, el país que reclama al detenido tiene 40 días para presentar los documentos que argumentan su extradición, y que en el caso del periodista turco-sueco, se han recibido. El mismo periodo tiene después el país en el que se encuentra el reclamado para decidir si accede a esta petición, o no.

Catalá apuntó en esta materia no caben “valoraciones sobre los motivos y alegaciones” que, en este caso, da Turquía, sino que sólo se valora si concurren los requisitos formales del convenio europeo, “si la documentación presentada está incompleta o si se presentan aspectos pocos

“En el caso que en la documentación enviada consten todos los elementos exigidos en la normativa, el Ministerio de Justicia analizará si concurren algunas de las causas para denegar la extradición que están previstas en la Ley de extradición pasiva y en el convenio”, ha indicado, para añadir que estos supuestos son: la falta de la doble incriminación, la existencia de un delito de carácter militar, la prescripción del delito o el reconocimiento de la situación de asilo del reclamado.

Es el Consejo de Ministros el que valorará finalmente la continuidad del proceso o no. En el primer caso, debe enviar la información final a la Audiencia Nacional para que valore las cuestiones técnicas. En el segundo caso, España enviará la documentación correspondiente a Turquía.