Cataluña, Cantabria, Euskadi y Valencia no aplicarán de forma completa la primera fase del ‘papel cero’

Las comunidades autónomas de Cataluña, Cantabria, País Vasco y Valencia no pondrán en marcha de forma completa el próximo 1 de enero la obligación del emplear medios electrónicos en las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia en todo el territorio nacional, según ha informado el Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha señalado las comunidades que han informado de que no cumplirán la fecha prevista por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para iniciar el camino hacia la desaparición del papel en los Juzgados en el caso concreto del orden penal aunque sí en los órdenes civil, social y mercantil.

Por su parte, Valencia no lo hará en ninguno de los órdenes ya que carece de la infraestructura necesaria para garantizar que la presentación de escritos a través de Internet pueda llevarse a cabo.

Catalá ha recordado que el Ministerio ha realizado un enorme esfuerzo para conseguir que este objetivo pudiera cumplirse en toda España y ha mostrado hoy su confianza en que las comunidades autónomas cumplirán con el mandato legal para avanzar en la digitalización de la Justicia, o antes posible.

Ha señalado que, con objeto de acelerar la digitalización de la Justicia y facilitar el cumplimiento de la obligación impuesta por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los últimos meses el Ministerio de Justicia ha colaborado estrechamente con las comunidades autónomas, los colectivos de profesionales y las instituciones con competencias en materia de Justicia.

En relación con las comunidades autónomas transferidas, Catalá ha subrayado que, desde que se anunció en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) de Las Palmas del 25 de febrero de 2015, se han celebrado más de una treintena de reuniones con objeto de abordar la hoja de ruta para impulsar las comunicaciones electrónicas desde el 1 de enero de 2016.

Además, ha recordado que se han firmado convenios de colaboración con estas comunidades autónomas por un importe de seis millones de euros y que en 2016 se destinará la misma partida económica para seguir apoyando los diferentes programas de reforma de la Administración de Justicia.

La colaboración institucional se ha visto también reforzada con la creación de la Comisión para la Justicia Digital, presidida por el ministro de Justicia y en la que han participado a través de reuniones semanales representantes de todos los ámbitos y colectivos afectados. Concretamente, y en relación con los profesionales de la Justicia, se han celebrado reuniones bilaterales, técnicas e institucionales, orientadas a resolver las cuestiones más relevantes, sensibilizar e informar a los distintos colectivos.

En materia tecnológica, el Ministerio de Justicia ha llevado a cabo las acciones necesarias para adaptar las diferentes aplicaciones a las exigencias de la implantación de las comunicaciones electrónicas en todos los órdenes jurisdiccionales y para todos los colectivos.

Así, se ha actualizado el sistema de gestión procesal Minerva y el sistema LexNET, que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas transferidas como medio de comunicación telemática. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña (solo para el envío de notificaciones), Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia ya lo utilizan, mientras que el País Vasco está trabajando en la integración de su sistema de gestión procesal con LexNET y Cantabria, Navarra y Cataluña (para presentación de escritos) disponen de un sistema propio.

Más de 125.000 buzones

Para la ampliación de LexNET a todo el territorio, el Ministerio de Justicia ha habilitado más de 125.000 buzones para profesionales y tras ofrecérselo a todas las CCAA, se han habilitado más de 500 buzones con el objetivo de que existan en todo el territorio puntos donde presentar electrónicamente los escritos. Además, se ha ampliado la capacidad del buzón para permitir el envío de mensajes de hasta diez megas y se ha desarrollado la aplicación LexNETAPP para ayudar a los profesionales a recibir de forma ágil y en tiempo real la información acerca de las notificaciones y escritos presentados a través de este sistema.

Por otro lado, se ha llevado a cabo la adaptación del visor de expedientes electrónicos y una aplicación de firma electrónica para jueces y letrados de la Administración de Justicia.

En cuanto a la provisión de medios técnicos, el Ministerio de Justicia ha realizado el suministro e instalación de los elementos de hardware y software necesarios a los usuarios de los órganos judiciales, fiscalías, Institutos de Medicina Legal e Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses y se han instalado más de 7.000 pantallas, 640 ordenadores, 2.300 tarjetas gráficas, 1.700 impresoras y 500 escáneres en los órganos del ámbito de su competencia.

Catalá ha enumerado asimismo las actuaciones en materia de gestión del cambio que han sido necesarias llevar a cabo con el personal de la Administración de Justicia y que han permitido capacitar a 9.874 profesionales en un total de 1.127 acciones formativas en modalidad presencial, online y mixta. Todo el material formativo se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas transferidas con el fin de que puedan utilizarlo en sus respectivos territorios.

Ha apuntado que, con el objeto de atender las incidencias de tipo tecnológico que puedan surgir a partir del 1 de enero, se ha reforzado el equipo del Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Justicia. Además, para informar a profesionales y ciudadanos el Ministerio de Justicia ha habilitado un nuevo canal web que incorpora un mapa interactivo sobre la situación del proceso de implantación de las comunicaciones electrónicas en cada comunidad autónoma.