Cataluña se suma a Andalucía y recurrirá la Ley de Tasas ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno de Cataluña aprobó el martes 5 de febrero interponer recurso ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 1 a 11 de la Ley 10/2012 que regula las Tasas Judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia.

El Gobierno catalán considera que la cuantía de las nuevas tasas judiciales del Estado, notablemente más altas que las que estaban vigentes hasta ahora, pueden suponer un “impedimento desproporcionado” para acceder a la Justicia. El Ejecutivo considera que de esta forma se puede vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 de la Constitución Española.

Por otro lado, el Gobierno catalán advierte que la Ley de Tasas puede estar invadiendo competencias en materia de Justicia que corresponden a la Generalitat de Cataluña. La nueva norma atribuye implícitamente a la definición del hecho imponible de la tasa judicial “el ejercicio de la potestad jurisdiccional” en un sentido muy amplio, no sólo a jueces y magistrados, miembros del Ministerio Fiscal y secretarios judiciales sino también a todos aquellos otros servicios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia. Estos asuntos, son competencia exclusiva de Cataluña.

El recurso está avalado por el preceptivo dictamen del Consejo de Garantías Estatuarias emitido el pasado 17 de enero a solicitud del Gobierno catalán y en el que también se aprecia la inconstitucionalidad del artículo 4.1.f, relativo a las exenciones en la tasa.

Además de la posible vulneración de competencias y del agravio representado por estas tasas en el acceso a la Justicia, el Estado recaudaría sobre un ámbito competencial propio de la Generalitat sin saber si esta contribución repercutiría finalmente en Cataluña.

RECURSO DE ANDALUCÍA

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó el martes 22 de enero interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales que entró en vigor el pasado mes de diciembre por considerar que vulnera los principios constitucionales de “igualdad y tutela judicial efectiva”.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que desconoce cuánto puede tardar el Tribunal Constitucional en resolver este recurso, si bien ha expresado que tiene la esperanza de que los magistrados sean lo suficientemente sensibles con los ciudadanos para resolverlo cuanto antes y ha confiado, por ello, en que se le dé “preferencia”.

Ha expuesto que los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la nueva norma estatal vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución Española, al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un “efecto disuasorio” para gran parte de los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas.

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