La Abogacía Europea lleva el espionaje masivo a los tribunales

Las Abogacías que forman parte del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) han votado a favor de la intervención en un proceso pendiente frente a Holanda en defensa de los abogados que fueron objeto de vigilancia por parte de una agencia del gobierno.

El pasado 19 de mayo las delegaciones nacionales del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) adoptaron la decisión de intervenir en el proceso pendiente ante el Tribunal del Distrito de La Haya, incoado frente al propio Estado holandés a instancia del despacho de abogados con sede en Amsterdam Prakken d’Oliveira y la Asociación Holandesa de Abogados Penalistas (NVSA).

CCBE mantiene una política de intervenir como tercero interesado, a petición de un miembro de una Abogacía nacional,  en aquellos procesos judiciales que afecten a los valores fundamentales de la profesión. Un abogado holandés representará a CCBE en el proceso seguido ante los tribunales.

El ministro de Interior holandés admitió en diciembre de 2014 que la Agencia de Inteligencia y Seguridad holandesa (AIVD) había estado espiando durante años a Prakken d’Oliveira, escuchando las llamadas mantenidas con clientes y terceros. Sin embargo, el ministro sigue negándose a tomar medidas para proteger el derecho de los clientes al secreto de las comunicaciones mantenidas con sus abogados. Los demandantes solicitan que el Servicio de Inteligencia holandés cese inmediatamente en la interceptación de las comunicaciones protegidas por el secreto profesional.

El jefe de la Delegación Española ante CCBE, Oriol Rusca, señaló que “desde la Abogacía Española manifestamos nuestra gran preocupación y malestar por la actitud de determinados Estados de menospreciar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, atacando de forma flagrante e injustificada el derecho de defensa, que es una pieza clave del Estado de Derecho”. Asimismo, consideró que “por encima de todo debe estar siempre la dignidad de las personas, que comporta, entre otros, el derecho a la intimidad, que debería ser objeto de protección y respeto. Y más aún las comunicaciones entre ciudadanos y sus abogados, que deben ser objeto de una mayor protección, ya que su violación elimina el derecho de defensa y debilita la función del abogado en el Estado de Derecho”.

“Si no existe el secreto profesional, no es posible la defensa de los ciudadanos, lo que afecta directamente a la dignidad de las personas y al respeto de sus derechos frente a los posibles abusos por parte de los Estados”, concluyó.

Bert Fibbe, al frente del Comité de Derecho penal de la Abogacía holandesa, ha declarado que “la vigilancia a  abogados socava la confidencialidad de las comunicaciones, y los clientes deberían poder confiar siempre en que lo que comuniquen a sus abogados será confidencial. Por otra parte, la interceptación de las conversaciones entre abogado y cliente daña los valores fundamentales de la profesión jurídica, como la independencia y la confidencialidad, fuertemente protegidas en todos los Estados miembros de la UE. El objeto del proceso pendiente ante el Tribunal del Distrito de La Haya tiene por tanto una clara dimensión europea, razón por la que la Abogacía holandesa considera importante que CCBE intervenga también en el proceso”.

La Presidenta de CCBE, Maria Ślązak, ha expresado que: “El principio esencial de confidencialidad entre abogado y cliente está cada vez más amenazadao por razones que no siempre se dejan claras a los ciudadanos. Éste es otro ejemplo desafortunado. Con nuestra intervención en este proceso queremos apoyar a nuestros colegas holandeses en sus esfuerzos por eliminar la interceptación de las comunicaciones entre abogado y cliente. Nuestro objetivo es poner fin a la vigilancia arbitraria y, a través del debate público y la acción judicial, contribuir a la creación de un marco jurídico que ponga límites claros a la vigilancia de las comunicaciones privadas”.

 CCBE ha denunciado con anterioridad la intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente, y desde 2013 ha instado a la UE a que establezca un nivel mínimo de protección legal del secreto profesional frente a la vigilancia electrónica por parte de los gobiernos, incluyendo el uso de los servicios de comunicaciones electrónicas u otros servicios en la nube para las comunicaciones entre abogado y cliente.