CERMI presenta la Guía de fácil uso de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad para operadores jurídicos

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, participó ayer en la presentación de la ‘Guía de fácil uso de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad para operadores jurídicos’, publicada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). En la presentación también intervinieron la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el presidente del Órgano Rector del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández; el delegado de Derechos Humanos del CERMI, Jesús Martín Blanco; y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

Durante su intervención, Victoria Ortega destacó que la Abogacía ha recibido esta guía con “responsabilidad y con compromiso de trabajar en una causa en la que creemos y que es lo mínimo que se tiene que hacer en una sociedad que aspira a la igualdad”. Y añadió que no se trata de “defender los derechos de las personas con discapacidad, se trata de conseguir que se disfrute de esos derechos en toda su plenitud, algo que parece lógico pero que vemos muchas veces que no es así”.

En este sentido, destacó que “la Convención supone un cambio de paradigma sobre el lugar que deben ocupar las personas con discapacidad en la sociedad, ya que no se habla solo de modificarlo, sino de aplicarlo para conseguir un régimen de igualdad de todas las personas, puesto que desde ahí tenemos que avanzar”. Igualmente, mostró su repulsa a “la violencia de género que sufren las mujeres y niñas con discapacidad” y abogó por “seguir trabajando intensamente para conseguir acabar con ello”. Además, incidió en varios aspectos del acceso a la Justicia que afectan a las personas con discapacidad, como la hostilidad que sufren las personas con discapacidad intelectual, las adaptaciones en el ámbito penitenciario y las necesidades de defensa legal y protección que tienen las personas con discapacidad.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo un llamamiento para seguir avanzando en la implementación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y señaló que “para romper las barreras hay que seguir trabajando”. Además, puso en valor el trabajo realizado para la redacción de la guía publicada por el CERMI y ha indicado que “sería imposible trabajar desde el Gobierno sin la labor tan importante que realiza la sociedad civil”. Igualmente, resaltó que para el Gobierno “ha sido una prioridad trabajar en materias que suponen inclusión y en eliminar barreras, aunque a veces sean imperceptibles, que son las más peligrosas”.

En esta línea, detalló las principales medidas que se han aprobado durante la anterior legislatura, como la modificación de la ley electoral para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. Además, ha denunciado las “dramáticas” cifras de la violencia machista, “un fenómeno de una magnitud alarmante y sistémica”.

El presidente del Órgano Rector del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández, enumeró algunas de las reformas que se iniciaron en la pasada legislatura como la modificación del Código Civil para reforzar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y el impulso del Anteproyecto de protección a la infancia frente a la violencia, que contiene medidas en favor de los menores con discapacidad.

En este punto, reclamó que se dé cumplimiento a cuestiones que se recogen en la guía como la necesidad de que existan más datos estadísticos sobre la violencia de género que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. “Quiero expresar en nombre de los 5.500 jueces y juezas de España nuestro compromiso con los derechos humanos, que es de lo que hablamos cuando nos referimos a las personas con discapacidad”, ha añadido Juan Manuel Fernández.

TOMA DE CONCIENCIA

Por su parte, el delegado de Derechos Humanos del CERMI, Jesús Martín Blanco, enumeró los principales contenidos de la guía y señaló que “el CERMI hace suyo el mandato de la ONU de dar a conocer la Convención” y contribuir a su cumplimiento. Además, ha recordado que “desde el 3 de mayo de 2008 la Convención forma parte del ordenamiento jurídico español, lo que significa que la legislación debe adaptarse a los mandatos de este tratado”.

Martín Blanco afirmó que “la guía nace con la pretensión de favorecer la toma de conciencia sobre que contamos con una ley que nos devuelve la condición de persona que tantas veces nos ha sido negada”, al tiempo que ha subrayado que “el acceso a la justicia es un principio básico que tenemos que reivindicar” porque “es esencial para hacer frente a cualquier forma de vulneración de derechos”.

También hizo hincapié en que la guía dedica un apartado específico a la accesibilidad universal, “requisito imprescindible” para que las personas con discapacidad puedan acceder a los derechos fundamentales en igualdad de condiciones. Igualmente, incidió en la “especial discriminación” que todavía sufren las mujeres con discapacidad” que como ha explicado, “se enfrentan a los prejuicios de una sociedad machista y patriarcal, pero también capacitista”.

Martín Blanco concluyó su intervención mostrando su agradecimiento por el trabajo realizado en la elaboración de la guía al Comité de Apoyo para la Convención del CERMI Estatal y subrayó que “proyectos como este son posibles gracias a las personas que marcan la X Solidaria en su declaración de la renta”.

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que “las formas de abordar la discapacidad no han sido “muy honrosas históricamente, pero se ha superado gracias al movimiento social de la discapacidad y se ha conseguido que se vea la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos”. Algo que, para Pérez Bueno, es “un imperativo jurídico”, haciendo así alusión a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Hemos comprobado que la Convención no es demasiado conocida y queremos que llegue a todos los operadores jurídicos para que sea un arma de inclusión que se haga efectiva y cada persona con discapacidad sepa que en cualquier operador jurídico va a encontrar un aliado”, ha concluido el presidente del CERMI.