César Pinto: “Los más vulnerables están desprotegidos, mi papel es acompañarles en su búsqueda de dignidad”

César Pinto (Madrid, 1966) está acostumbrado a dar titulares: el abogado de oficio que ha vencido a un fondo buitre, el que ha conseguido que el Supremo suavice los requisitos para la nacionalidad a una inmigrante marroquí, el que planteó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dejar a dos menores en la calle es inhumano….

A este letrado especializado en temas de administrativo lo que le gusta es ayudar a la gente, y lo consigue de la manera que mejor sabe, peleando una instancia tras otra – “llegar a todas me encanta”, confiesa- para combatir las injusticias. “Hay que luchar jurídicamente, así es como se paran las cosas. La gente no se da cuenta la fuerza que se tiene con el Derecho”, cuenta.

Lleva más de un cuarto de siglo en el turno de oficio – al que dedica, confiesa, en torno al 60% de su tiempo, el resto “a casos para poder pagar el turno”-. Y tiene muy claro cuál es su misión: “El Derecho tiene que apoyar más las personas más vulnerables económicamente, o con discapacidad, porque están muy desprotegidas. Las leyes tienen grandes declaraciones pero en el día a día, en los casos concretos, si no hay alguien que esté detrás respaldándolas, no se les hace caso a estas personas. A mí eso lo que más me atrae.  Para mí no tiene sentido ejercer el derecho para que otros sigan adelante con más o menos dinero”.

Gracias a esa tenacidad consiguió que el Tribunal Supremo reconociera en 2021, tras una batalla judicial de ocho años, la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas sociales por parte de la Comunidad de Madrid a Encasa Cibeles, propiedad de Goldman Sachs. Se paralizaron así los desahucios y se obligó a la Comunidad a ofrecer de nuevo un alquiler social a los inquilinos, algo que todavía está peleando Pinto a día de hoy. “Muchos de los desahuciados siguen viviendo en condiciones precarias, se está alargando mucho todo”, lamenta.

Ese caso llegó hasta él porque a uno de los afectados, Rachid, un padre de familia marroquí solicitó justicia gratuita y le asignaron a Pinto. La misma suerte tuvo A.Z.B., una mujer marroquí, que reside en España desde el 2000 y a la que denegaron la nacionalidad, que sí le fue concedida a su marido, por suspender el test sobre conocimientos políticos y socioculturales al que deben someterse los solicitantes de nacionalidad para demostrar la integración en la sociedad española.

Pinto recurrió, argumentando que se trata de un  colectivo que enfrenta “singulares dificultades”. Y por ello pidió que, para valorar su integración, se ponderaran otras circunstancias como son las relaciones familiares, el tiempo de estancia o el tipo de vida. Así logró convencer al Supremo, que en 2022 estimó el recurso y ordenó que se le concediera la nacionalidad española, estableciendo que los requisitos para esta concesión deben adecuarse en el caso de mujeres migrantes con escasa formación.

A Pinto no le gusta el término “justicia gratuita”: “La gente no valora lo que no paga. Piensa que los buenos abogados solo están en los grandes despachos y eso no es así”. Y tampoco que se hable de recuperar la “dignidad” para el turno de oficio. “La dignidad nunca la hemos perdido, depende de cómo ejercemos cada día, pero sí que pienso que de alguna forma lo tendrían que reconocer más, pero no solo por un interés económico, porque yo lo seguiría haciendo aunque no me pagaran nada, sino para no dejar desprotegidas a muchas personas en situaciones muy diversas”.

“En la sociedad actual priman los beneficios económicos, los derechos humano no se toman en consideración. Mi papel es acompañar a las personas vulnerables en su búsqueda de dignidad, dar forma jurídica a sus preocupaciones y necesidades, a veces sale bien y a veces no”, cuenta.