Clausura de las XX Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Pontevedra

• Entre las conclusiones presentadas hoy se destaca el papel fundamental que juegan estas Jornadas, que las han situado como un grupo de trabajo de referencia en este ámbito a nivel mundial en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
• La situación de los menores y personas con enfermedades mentales sigue siendo uno de los problemas más acuciantes en los que es necesario seguir trabajando e incidiendo.
• Las Jornadas denuncian la permanencia del artículo 78 del Código Penal, que representa una suerte de cadena perpetua encubierta y la manera en la que se sigue aplicando el primer grado en las prisiones, que supone un modo de tortura aceptada institucionalmente.

Esta tarde se han clausurado las XX Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra en las que cerca de 200 expertos de toda España han debatido sobre el futuro del sistema penitenciario español.

Durante sus dos días de duración destacados ponentes han tratado algunas de las materias de mayor actualidad del Derecho Penitenciario como la prisión permanente revisable, la perspectiva de género en prisión o la responsabilidad patrimonial de la Administración ante errores judiciales, entre otros.

La última de las sesiones de las Jornadas fue la presentación del compendio de conclusiones a cargo de Isabel María Díez-Pardo Hernández, magistrada juez del Juzgado Penal 2 de Vitoria y Ex Coordinadora del SOAJP del Colegio de Abogados de Burgos, César Tocino Hernández, vocal de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, José María Chacón Vallés, Ex Coordinador del SOAJP del Colegio de Abogados de Zaragoza y José Castilla Jiménez, Ex Coordinador del SOAJP del Colegio de Abogados de Sevilla, acto moderado por Carlos García Castaño, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española.

Estas Jornadas están ya en su XX Edición y, como señaló Carlos García Castaño, “ha permitido crecer a este grupo de trabajo hasta convertirlo en un referente mundial en el ámbito de la justicia penitenciaria”.

Entre las principales conclusiones alcanzadas durante este proceso de trabajo de veinte años, José María Chacón destacó el papel fundamental que se cumple en la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas que están en situación de privación de libertad. Y subrayó dos líneas de trabajo fundamentales en las que se hace necesario seguir profundizando: “por un lado, la de ampliar el asesoramiento de los menores de edad que se encuentran en los centros de reforma que siguen sin ser accesibles para la defensa jurídica, y por otro, la se seguir trabajando en las medidas alternativas a la prisión, en interés de la rehabilitación y resocialización de las personas condenadas”.

Por su parte, José Castilla incidió especialmente en el papel que se está ejerciendo en el marco de las Jornadas en la denuncia del artículo 78 del Código Penal, que recoge una suerte de cadena perpetua encubierta y que debería ser derogado. Alertó igualmente acerca de la amenaza que supone la propuesta de prisión permanente revisable. También destacó dos temáticas que fueron objeto de denuncia y visibilización en los últimos años: el caso de los llamados Top Manta, en cuanto a la injusticia que supone que personas sean enviadas a prisión por el mero hecho de vender mercancías en la calle, y la necesidad evidente de seguir mejorando la situación de salud al interior de los centros penitenciarios.

Isabel María Díez-Pardo subrayó el importante papel que juegan estas Jornadas en la formación de los abogados para defender los derechos de las personas que están siendo juzgadas penalmente. También reivindicó la necesidad de seguir presionando a las Administraciones Públicas para que se doten efectivamente de medios las medidas alternativas a la prisión, principalmente para aquellas personas afectadas por enfermedades mentales, problemas de drogadicción o situaciones de exclusión social.

Cesar Tocino, por su parte, señaló los avances que han supuesto estas Jornadas en el ámbito de la asistencia jurídica penitenciaria, sobre todo en cuanto a la mayor presencia en prisión y en la visibilización de las problemáticas de las personas privadas de libertad.

Carlos García Castaño cerró la presentación del compendio recordando el grave problema de la salud mental al interior de las prisiones, donde entre un 20% y un 60% de los reclusos están afectados por alguna enfermedad o problemática mental. También denunció el modo en el que se aplican los primeros grados en los centros penitenciarios que suponen una forma de tortura aceptada institucionalmente que debería desaparecer.