Colombia… ¿la justicia y la paz?

Por Carles McCragh, vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española

Acabamos de regresar de Colombia como integrantes de la Caravana de Juristas de Derechos Humanos y cualquiera, tras estar diez días escuchando testimonios desgarradores, no puede dejar de hacer algunas reflexiones sobre la triste historia de Colombia y de sus últimos casi sesenta años de guerra.  Durante esos años, las fuerzas gubernamentales de los diferentes presidentes, los paramilitares, los ejércitos paralelos y no tan paralelos, las fuerzas del orden (del supuesto orden), los diversos grupos guerrilleros, revolucionarios o terroristas, los narcotraficantes, los terratenientes y las multinacionales han conseguido bañar al país en sangre, ocasionando centenares de masacres, secuestrando, despojando a los campesinos de las tierras, haciendo desaparecer jóvenes, enrolando en esas continuas guerras a niños, niñas y adolescentes y, en fin, creando la barbarie, el desastre y el caos que siempre suelen pagarlo los más desfavorecidos, los más nobles y los más valientes.

Entre estos últimos se encuentran, sin duda alguna, los abogados, los abogados de a pie, los defensores de los Derechos Humanos, que tanta sangre han vertido en defensa de que se respeten los derechos y se aplique una verdadera justicia en su país.

Coincidía nuestra estancia allí con la firma del acuerdo de paz, mientras escuchábamos historias como las de Estercila U.B. a la que, en octubre de 2002, los paramilitares de Marco Yulio, alias “el oso”, le secuestraban a sus tres hijos, de 24, 20 y 18 años (junto con una joven pareja de amigos). Habían ido desde Cartagena de Indias, donde trabajaban decentemente, a las fiestas del pueblo, y nunca jamás se ha vuelto a saber nada de los cinco ni se han encontrado sus cuerpos (aunque ella supo, por un testigo encarcelado, que a su hijo de 20 años, le arrancaron las uñas en vivo y le fueron troceando hasta matarlo). Sospechosos de guerrilleros por ser jóvenes y acudir a una fiesta.

Estercila, coaccionada y amenazada, tuvo que dejar sus pocas tierras (es una despojada más) y su escasísimo ganado, y huir con sus cinco hijos menores (de dos a doce años), a un suburbio de Cartagena, donde aún malvive en una chabola (ella dice <<en una cajita de fósforos>>) vendiendo carne y chucherías y esperando que el Estado le conceda por fin un piso. O el dramático y clandestino encuentro con Mari Nancy Ardila, fiscal del Valle del Cuaco, escondida en algún lugar de Colombia, amenazada de muerte y con la urgencia de salir del país para sobrevivir. Su delito es haber logrado encarcelar a una treintena de miembros de la banda del clan Úsuga que, desde la cárcel, dieron orden de asesinarla a ella y a toda su familia. Asesinaron a dos de sus hermanos y lo intentaron con sus padres y hermana: solo entonces los protegieron moderadamente.

Ella y catorce miembros de su familia (los huérfanos de sus hermanos incluidos) necesitan un país que les acoja, y su preferencia es España (pero ya se sabe el <<modélico>> comportamiento de nuestro gobierno con los refugiados, sobre todo si, como ocurre en este caso, no los consideran refugiados políticos). O el testimonio de Yessica Hoyos, abogada defensora de los Derechos Humanos que está entablando una demanda contra los asesinos de su padre, un sindicalista que pagó con la vida su dedicación a los obreros, y que se derrumba, entre sollozos, por todas las trabas que le ponen y las amenazas que recibe. Le han enviado una muñeca a su hija de tres años (que está allí con su padre, también abogado), con signos de haber sido torturada y con los genitales quemados. Le han vuelto a señalar el juicio en noviembre y cuando le preguntamos en qué podemos ayudarla, contesta que enviar abogados extranjeros a su juicio como observadores le facilitaría las cosas, ya que al gobierno le interesa mucho ahora su imagen exterior. Alrededor de todos estos dramas, los gobernantes y las FARC celebran el Acuerdo de Paz.

Los paramilitares y los narcos, algunos grupos guerrilleros (ELN) y los poderosos intereses económicos comen aparte, y con esos inevitables protagonistas es difícil la paz y más difícil es la justicia.

ABOGADOS DE DERECHOS HUMANOS

¿Y el pueblo? El pueblo, que también son ellos, tras casi sesenta años de guerra, también ansía desesperadamente la paz, y cualquier acuerdo es lo menos malo. Pero la mayoría de la gente, los más sencillos, es decir, las víctimas, y con ellos los que las defienden, los abogados de los derechos humanos, se muestran muy escépticos, por no decir absolutamente incrédulos, en que la paz vaya a traer la justicia y viceversa. Se ha tejido ya una tupida red de protección y favoritismos para hacerlo imposible, o al menos dificultarlo: muchos estamentos del Estado han sido tomados por manos reaccionarias y ultraconservadoras (incluso la Defensoría Pública, salvo honrosas excepciones). Se ha creado, formado por paramilitares, un ejército anti restitución de tierras, y cada vez se hace y se hará más difícil la necesaria reparación que debería llevar a la concordia y a la conciliación de un pueblo profundamente dividido entre los muy pobres y los muy ricos.

Es difícil así que haya una efectiva justicia, porque no hay justicia sin reparación y ésta es tan difícil como conseguir sin ella la paz definitiva. Tampoco, después de tanto tiempo de guerra y de injusticias, hay dinero suficiente para satisfacer a todas las víctimas, desenterrar todos los cuerpos, devolver la memoria de los miles de desaparecidos y buscar el necesario reconocimiento o perdón.

Mientras tanto, muchos abogados, compañeros nuestros en ese camino en busca de la justicia y de la paz, siguen recibiendo presiones, humillaciones, coacciones y amenazas, pero aun así, con riesgo de su integridad y de su vida, siguen ejerciendo el derecho de defensa como un hermoso ejemplo de vocación y valentía.

Desde aquí, tan lejos espacialmente, pero con el corazón muy cerca de todos ellos, no podemos dejar de mostrarles nuestra admiración y respeto y desearles suerte en ese arduo y largo camino por una verdadera justicia que aún tendrán que sobrellevar durante mucho tiempo para poder alcanzar una paz definitiva, que en gran parte se logrará gracias a su heroica labor. Y recordar, en nombre de todos, a algunos de ellos que se quedaron en el camino, murmurando con afecto sus nombres: Eduardo Umaña Mendoza, Maritza Palacios, José Absalón….

Las últimas noticias sobre la situación en Colombia respaldan nuestra apuesta para que se respeten los derechos humanos y que se aplique una verdadera justicia en este país. El 50,2% de los colombianos decidió votar en contra del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, por el 49.7% que se decantó por el ‘sí’. La abstención, de más del 60%, y la pésima imagen de la guerrilla fueron determinantes en el resultado de la votación, que ninguna encuesta supo predecir. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien recibió a primeros de octubre el Nobel de la Paz, ha anunciado recientemente que donará el dinero del galardón a las víctimas del conflicto armado en el país.

Pero también son impactantes noticias como el asesinato de Nestor Ivan Martínez, padre de 6 niños y encargado del Comité de Tierras del Consejo Comunitario de la Sierra, el pasado 11 de septiembre en la zona rural de La Sierrita, perteneciente al municipio de Chiriguaná. Néstor Ivan participó en la jornada de protesta, que buscaba evitar que se redujera de categoría el hospital público de la región. Ese día, fue agredido verbalmente por agentes de la Policía Nacional; centenares de personas fueron víctimas de violencia física y psicológica proveniente del personal uniformado. La policía en la región está fuertemente cuestionada en la comunidad por sus vínculos con las estructuras criminales y por la brutal represión contra quienes ejercen el derecho a la protesta social.