Concepción López-Yuste, presidenta del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita

EL TURNO QUE CAMBIA LA HISTORIA

• Como vocal de dicho órgano se encuentra Antonio Morán Durán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española. 

La directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, será la presidenta del nuevo Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, órgano que tiene como finalidad impulsar una mayor coordinación y unificación de criterios en la prestación de la asistencia jurídica gratuita.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia informa de que ayer quedó constituido formalmente el Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, que presidirá López-Yuste, y que está previsto en los artículos 53 y siguientes del Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

En ese consejo están presentes todas las administraciones con competencias en materia de Administración de Justicia, así como los operadores judiciales que participan, de forma directa en el ejercicio de esta prestación -abogados y procuradores-.

Nace, según explica el comunicado, con el objetivo final de establecer un punto de encuentro en el que compartir criterios de actuación, buenas prácticas y propuestas de mejora que redunden, en definitiva, en el fortalecimiento de este servicio.

Asimismo, este Consejo permitirá garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la asistencia jurídica gratuita, máximo garante del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

Antonio Morán Durán, presidente de la Comisión Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía forma parte, como vocal, de este Consejo Estatal. El nuevo órgano está constituido por varios vocales, dos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública; uno del Consejo General de la Abogacía Española; uno del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España; un vocal, con rango de director general, por cada comunidad autónoma; y uno último, designado por el Ministerio de Justicia y que rotará anualmente, atendiendo a las propuestas de las gerencias territoriales de Justicia del territorio gestionado por el Ministerio.