Conclusiones de las XXIV Jornadas de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria

1.- Con el objetivo de que las prisiones sean seguras pero sobre todo humanas, se considera que cualquier avance en materia de digitalización ha de preservar el contacto humano y respetar la seguridad y privacidad de las comunicaciones.

2.- Se destaca la importancia de que la comunicación con las personas internas se realice sin barreras y de manera presencial. En aras  a garantizar el derecho de defensa, los profesionales de la abogacía, deben poder acceder a los centros penitenciarios con la tecnología necesaria para tal fin.

3.- Para preservar a la población LGTBI es necesario potenciar la formación de los Servicios Orientación Jurídica Penitenciaria sobre esta cuestión y requerir a la Administración para formar y sensibilizar al personal de Instituciones Penitenciarias.

4.- En relación con la población transexual y transgénero ha de profundizarse en la posibilidad de que cumplan sus condenas de acuerdo con su género sentido y respetando el principio de libre autodeterminación de la persona y el género.

5.- Necesidad de información sobre la asistencia de recursos disponibles, formación de los profesionales intervinientes, así como coordinación conjunta en materia de discapacidad intelectual y salud mental.

6.- Es importante la utilización de la figura del facilitador con contrastada experiencia con el objetivo de alcanzar la comprensión de la terminología jurídica en la fase penal y de ejecución de condena.

7.-La detección y el diagnóstico precoz en materia de discapacidad y salud mental, son imprescindibles, así como la coordinación con servicios externos para llevar a cabo las evaluaciones pertinentes. Se reitera la necesidad de abordar las transferencias de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las CCAA.

8.- Se considera imprescindible la formación específica sobre los riesgos de suicidio, los recursos existentes y el empleo de los mismos para la prevención y detección de los suicidios en prisión.

9.- Se demanda transparencia en la relación laboral de las personas privadas de libertad, evitando la precarización salarial y la falta de promoción en estos trabajos.

10.- Se propone la modificación del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, para garantizar un salario adecuado, la revisión de la extinción de la relación laboral especial con la administración penitenciaria, indemnizaciones adecuadas y la modificación del contrato de obra adaptándolo a modalidades contractuales más adecuadas.

11.- Los Servicios orientación y asistencia jurídica penitenciaria son imprescindibles para garantizar los derechos de las personas presas, siendo el objetivo prioritario que al menos en todos los colegios en cuya demarcación existe un centro penitenciario se implanten, su financiación sea pública y con cargo a presupuesto de justicia gratuita de forma que se pueda garantizar su continuidad.