10 noviembre 2020
Condicionalidad presupuestaria al respeto del Estado de Derecho
Los negociadores del Parlamento Europeo llegaron el 5 de noviembre a un acuerdo provisional con la presidencia alemana del Consejo para establecer un mecanismo que permita la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de Derecho. La decisión de suspender los pagos la tomará el Consejo de la UE por mayoría cualificada de Estados y tras la propuesta de la Comisión.
Los eurodiputados ya habían advertido en la sesión plenaria de octubre que los valores europeos estaban en peligro. También incidieron en que los fondos de la UE, procedentes tanto del presupuesto a largo plazo como del plan de recuperación aprobado para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, no deberían ponerse en manos de “quienes trabajan en contra de la democracia y los derechos fundamentales en Europa”.
Los eurodiputados reclamaron en una resolución aprobada el 7 de octubre reforzar el Estado de Derecho a través de un nuevo mecanismo y de la imposición de estrictas sanciones a aquellas naciones que violen este principio fundamental de la Unión Europea. Así, insistieron en que las instituciones comunitarias deben acordar reglas claras que vinculen el acceso a los fondos de la UE con el respeto al Estado de Derecho.
El Estado de Derecho es una preocupación que comparten todos los europeos. Acorde con la encuesta del Eurobarómetro de 2019, al menos el 85% de los ciudadanos de toda la UE considera “esencial” o “importante” cada uno de los diferentes aspectos del Estado de derecho. Otro sondeo, de octubre de 2020, destaca que el 77% de los europeos respalda la idea de conceder fondos de la UE a los Estados miembros bajo la condición de que el Gobierno del país respete el Estado de derecho y los principios democráticos.
La Unión Europea ya cuenta con herramientas a su disposición para proteger el Estado de derecho. Sin ir más lejos, la Comisión publicó el pasado 30 de septiembre el primer informe anual sobre el Estado de Derecho, que supervisa la evolución tanto positiva como negativa del Estado de derecho en todos los Estados miembros. Este mecanismo ha estado observando a Rumanía y Bulgaria desde que se unieron a la UE en 2007.
Además, existe un diálogo abierto sobre el Estado de derecho en el Consejo Europeo y la actual presidencia alemana tiene previsto celebrar debates específicos por país en noviembre, comenzando con cinco países de la UE.
En paralelo, si la Comisión tiene sospechas de que un Estado miembro está violando el Derecho de la UE, el órgano puede iniciar procedimientos de infracción que pueden dar lugar a sanciones financieras determinadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otro procedimiento, en virtud del Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, permite al Consejo formular recomendaciones o decidir por unanimidad sobre las sanciones contra un Estado miembro, incluida la suspensión de los derechos de membresía.
Sin embargo, los eurodiputados insistieron en que estas herramientas son insuficientes. Si bien hay audiencias en curso en el Consejo en virtud del Artículo 7 con respecto a Polonia y Hungría, el Parlamento Europeo lamenta la falta de avances significativos por parte de estos dos Estados miembros en solucionar los problemas relativos a esta cuestión.
Los líderes de la UE acordaron en julio de 2020 introducir esa condicionalidad relativa al Estado de derecho. Es decir, hacer que la recepción de fondos de la UE dependa de su respeto por el mismo.
Los ponentes del informe del Parlamento Europeo, los eurodiputados Petri Sarvamaa y Eider Gardiazabal Rubial, comenzaron las negociaciones con el Consejo en octubre y llegaron a un acuerdo el 5 de noviembre.
Así, los negociadores del Parlamento Europeo lograron una interpretación más amplia de violación del Estado de Derecho. Ésta permitirá la activación de la cláusula no solo cuando ésta ponga en riesgo la buena utilización de los fondos de la UE, como sucede con los casos de corrupción y fraude, sino que también cubrirá las violaciones de los valores fundamentales de la UE, como la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías.
El acuerdo también incluye la posibilidad de que los beneficiarios últimos de los fondos, como las ONG, agricultores o estudiantes, puedan seguir recibiéndolos incluso si su Gobierno está sujeto a la activación del mecanismo.
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