Congreso de Derechos Humanos alerta contra la desinformación y pide frenar las ‘fake news’

El VIII Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, dedicado a la libertad de expresión y el derecho a la información, fue inaugurado con un llamamiento a frenar el avance de la desinformación y las fake news.

“El flujo constante de desinformación nos convierte en víctimas de la manipulación y nos impide ejercer los derechos de ciudadanía con la libertad imprescindible para la toma de decisiones”, señaló en sus palabras inaugurales la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

En el acto también intervino el periodista Miguel Ángel Gozalo, ex presidente de la agencia Efe, quien señaló que “habría que establecer mecanismos para que las fake news no avancen. La Unión Europea está en ello. Eso sería la solución”.

Gozalo, que hizo un repaso de la evolución del periodismo desde la censura franquista, destacó la importancia de la prensa en nuestra democracia. “Los periódicos no son una mercancía como otra cualquiera y la información tiene un valor añadido y un papel social que jugar”.  “Nadie puede dudar que la prensa ha sido un complemento indispensable para la culminación de ese paisaje por el que nos movemos los españoles, un mundo de libertad, de seguridad jurídica, de paz y cierta prosperidad”, añadió.

También alertó contra el exceso de “compadreo” de los periodistas con los políticos. “Las relaciones tienen que ser distantes”, aseguró.

Los límites legales de la libertad de expresión

¿Es necesario redefinir el contenido y el marco legal del derecho a la libertad de expresión para adaptarlo al contexto actual? En opinión de Marta Timón Herrero, letrada coordinadora del área de lo contencioso-administrativo del Gabinete Técnico de la Sala 3ª en el Tribunal Supremo, sí, ya que existe un factor determinante que es el crecimiento exponencial de la sociedad digital.  “Desde 2015, hemos asistido a un aumento de condenas en materias de libertad de expresión. No es una nueva realidad, es el sitio donde estamos y a dónde vamos y no lo podemos obviar”, afirmó en la primera mesa redonda dedicada a los límites de la libertad de expresión.

“Es difícil separar opinión de información. Y en esta dificultad entra un tercer elemento: el derecho a la libertad de la creación artística, la protección de una obra con un lenguaje propio, que transforma la realidad”, apuntó Timón. “Cuando estamos ante manifestaciones humorísticas, ¿ante qué derecho nos encontramos?”, planteó. La exposición constante a las redes sociales, que modifica el derecho a la intimidad, o el alcance de las informaciones realizadas por particulares que no son periodistas son otros elementos que hacen necesaria esta resignificación”.

Por su parte, Jacobo Dopico recordó que los derechos a la libertad de expresión y la información “son los presupuestos de una democracia, sin los cuales solo existe la posibilidad de un Estado de Derecho limitado” y señaló que  “estamos afrontando retos nuevos”.

Dopico habló también de la “preocupante instrumentalización” de juzgados por parte de ciertos colectivos para hacer que quienes profieran expresiones que les hieran ideológicamente sean llevados ante el juez y deban dar explicaciones: “Esto plantea un efecto demoledor en el ámbito de la libertad de expresión, un efecto censura porque la mayoría de los ciudadanos tenemos miedo a un procedimiento judicial”, añadió, tras contar que diversos juristas han creado la página LibEx, que ofrece herramientas para revertir estas praxis.

En la segunda mesa se abordaron precisamente dos sentencias muy conocidas. La abogada Cristina Peña habló sobre el “caso Jiménez Losantos”, en el que se enjuició al periodista por injurias contra Alberto Ruiz-Gallardón. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos finalmente condenó a España por vulnerar la libertad de expresión, una sentencia calificada por Peña como “ejemplar”, ya que “tuvo en cuenta las circunstancias y contexto en las que se emitieron esas declaraciones, cosa que no hicieron las instancias españolas”.

Y el abogado Endika Zulueta habló sobre el “caso Willy Toledo”, denunciado por ofender los sentimientos religiosos por varias publicaciones en redes sociales. En el proceso, del que finalmente salió absuelto, “no se enjuició lo que dijo, sino a la persona que lo dijo. No se criminalizaba la libertad de expresión, sino de pensamiento. Pero en un estado democrático regido por derechos fundamentales el pensamiento no delinque y su expresión tampoco, salvo que llame a la violencia, que no era el caso”, aseguró. “Como abogados tenemos el privilegio de defender a personas que ejercen derechos que no son de ellos, son de todos, aunque a parte de la ciudadanía no le guste”, concluyó.

Las trampas de Internet a los derechos fundamentales

Los derechos fundamentales están amenazados en Internet, pero no es el único terreno peligroso. Actualmente existen otras tecnologías de mucho más impacto a las que todavía no se les ha dado respuesta: Inteligencia Artificial, modificación genética, bots… Durante la tercera mesa del Congreso, Idoia Salazar, presidenta de OdiseIA recordó que “nada de esto es el futuro, es una realidad presente y debemos prepararnos ya”. “Si no hacemos un cambio profundo en la manera de legislar y vamos más rápido, cuando queramos darnos cuenta ya habrá otras tecnologías nuevas y habrá derechos afectados”, añadió. Para evitarlo, apostó por “aumentar la responsabilidad individual de los ciudadanos formando gente con criterio en el impacto de las tecnologías”.

José Perals, fiscal de Criminalidad Informática de la Audiencia Nacional señaló que “las fake news, como tal, no suponen un delito, aunque sí pueden provocarlo y además son peligrosas, porque provocan una serie de consecuencias con su generación y difusión”. El límite penal de las noticias falsas debe ser “el discurso del odio y la promoción de la violencia”,  porque “cada uno tenemos nuestras ideas, pero como juristas debemos coger el código penal e interpretar como aplicarlo para defender la libertad de expresión”.

Finalmente, David Javier Santos, jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española Protección de Datos explicó que en la sociedad hiperconectada en la que nos encontramos las fake news y la publicidad personalizada tienen todas las facilidades porque nosotros mismos les ofrecemos la información que necesitan. “Los smartphones han puesto Internet en el bolsillo de cada uno de nosotros” y con ello y el surgimiento de las tecnologías de tratamiento masivo de datos las empresas saben exactamente nuestros gustos y necesidades. “El tratamiento masivo de datos no tiene por qué ser malo, pero se utiliza para finalidades no deseables, como la manipulación política”, señaló. Dado que “muchos de los datos los facilitamos nosotros mismos voluntariamente, hay que invertir en educación y proteger nuestra privacidad”, añadió.

A lo largo de todo el día destacados expertos debatirán también sobre la censura que hoy imponen las redes sociales, “la extraña paradoja de que son grandes corporaciones empresariales las que imponen sus propias reglas de publicación, a través de algoritmos”, señaló Ortega, quien debido a una afección de garganta no pudo leer su intervención.

Y la jornada se cerrará con una mesa redonda sobre la lucha contra la desinformación.