Constituido el grupo de trabajo entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, recibió el lunes 03 de noviembre al presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, para poner en marcha un grupo de trabajo en el que participarán miembros de ambas instituciones para abordar los asuntos que más preocupan a los abogados.

Durante el encuentro, los representantes del Ministerio y  de la Abogacía Española han tratado la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, así como las tasas judiciales, que el ministro ya anunció que revisará para proceder a su mejora en función de la repercusión que hayan tenido sobre ciudadanos y empresas.

También se ha abordado en el encuentro la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Estatuto de la Víctima, los colegios profesionales y la separación de las carreras de abogado y procurador.

REUNIÓN CON LAS MESAS SINDICAL Y SECTORIAL

Por otro lado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, también se ha reunido el martes 04 de noviembre con  los sindicatos con representación en la Administración de Justicia para dialogar sobre tasas judiciales, el nuevo Registro Civil o el empleo público en los juzgados y tribunales.

La Mesa Sindical tendrá lugar dos días antes de que se produzca la Conferencia Sectorial que acogerá a los representantes de las comunidades autónomas con las competencias transferidas.

Las autonomías pedirán se pague con cargo a las tasas judiciales los abogados de oficio, tal y como prometió Alberto Ruiz-Gallardón cuando aprobó sus polémicos gravámenes cuya recaudación finalmente no ha ido destinada a la financiación de la justicia gratuita.

Las plataformas sindicales defenderán ante el Gobierno su exigencia de derogar las tasas –que llegan hasta los 800 euros en apelación o 1.200 euros en casación–, mantener los juzgados de paz y convocar una oferta de empleo público para reducir el alto índice de eventualidad y número de interinos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reivindicará que el Registro Civil siga al cargo de funcionarios públicos, la derogación de la Ley de Tasas o la supresión de la condena en costas para los funcionarios que demanden a la Administración teniendo en cuenta que no existe para el resto de los trabajadores en el orden social, según ha explicado a Europa Press el presidente del área nacional de Justicia, Francisco Lama.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Desde CCOO, el portavoz del sector Justicia Ramón Alvare ha explicado reclamará la convocatoria de una oferta de empleo público de 12.000 plazas, que ahora están cubiertas por interinos en el ‘territorio Ministerio’ y las comunidades con competencias en esta material, lo cual no tendría un coste adicional. En su opinión, el 50% de la tasa de reposición es insuficiente.

Por su parte, STAJ insistirá en su malestar por la “privatización” del Registro Civil y defenderá el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, advirtiendo de que no dudará en emplear “todos los mecanismos de movilización” necesarios si existe el más mínimo riesgo para los funcionarios afectados.

Catalá ha mantenido encuentros con cada uno de los sindicatos y este martes reunirá a todos ellos para discutir sobre las reformas pendientes en su departamento. Desde su llegada al Ministerio, ha mostrado un talante conciliador, ha prometido revisar las tasas en primera instancia para las personas físicas y ha retirado la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, apostando en su lugar por medidas de carácter organizativo más  realizables y menos polémicas que el otro anteproyecto.

La Abogacía apoya las reformas de Justicia y reclama más cambios con diálogo y consenso