02 septiembre 2016

Curso sobre las Garantías de los Encausados y las Víctimas en el Proceso Penal en Latinoamérica y España

El curso sobre las Garantías de los Encausados y las Víctimas en el Proceso Penal en Latinoamérica y España, organizado del 29 de agosto al 2 de septiembre, pretende abordar una visión integral y pormenorizada sobre los mecanismos de defensa, intervención de los abogados y los distintos sistemas y procedimientos para la protección de los derechos y libertades en el proceso penal, tanto de las personas acusadas como de quienes han sido víctimas de delitos. La garantía legal y el respeto efectivo de sus derechos resultan imprescindibles para la igualdad en el acceso a la justicia.

Cuartas Jornadas:

Las cuartas jornadas de este Encuentro de Garantías de los Encausados y las Víctimas en el Proceso Penal en Latinoamérica y España se centraron en el desarrollo de los talleres de trabajo.

En el primero de ellos, coordinado por José Luis Gorgojo del Pozo, el trabajo se centró en los análisis comparativos en los sistemas iberoamericanos respecto de la ejecución penal y las alternativas al cumplimiento de penas en prisión, partiendo de la normativa española en la que en general se aplica la suspensión de la condena en aquellos casos en que ésta sea inferior a dos años, y en determinados casos específicos. Comenzaron las intervenciones con el planteamiento de la situación en Costa Rica, desarrollado por Juan Carlos Alvarado Miranda, juez de ejecución del Poder Judicial. En su intervención, tras explicar el sistema de ejecución de penas, destacó la problemática del hacinamiento y su distinción con la sobrepoblación, la violencia estructural estatal y la judicionalización de la ejecución de la penal.

Por su parte Melvyn Guido Ludeña Ocaña, fiscal provincial del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación de Perú abordó el tema desde dos perspectivas. En primer lugar las medidas de coerción procesal como alternativas a la aplicación de la prisión preventiva, medidas centradas en la comparecencia con restricción de derechos. Y en segundo lugar, las medidas alternativas ante las condenas firmes, la suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio y la exención de pena.

Finalmente, Nelson Romero Bossa, abogado y defensor público de Colombia, centró su intervención en la jurisprudencia constitucional y el derecho de los pueblos indígena. El problema principal es la coordinación jurisdiccional entre la justicia ordinaria y la indígena.

En la jornada de tarde, los trabajos se desarrollaron sobre el tema de la intervención de la víctima a lo largo del proceso, con el análisis comparativo de sistemas con monopolio de la acción penal por el ministerio fiscal y con posibilidad de ejercicio de la acusación particular y/o popular.

El taller fue coordinado por Filomena Peláez Solís y en él participaron Hada Verónica Velasco Pérez, abogada del área derechos humanos del Servicio Social Pasionista de El Salvador; María Tomasa Gonzáles, asistente técnica del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras; y Vania Marcia Damascena Nogueira, de Brasil.

Velasco, destacó la problemática de la desatención de las víctimas de violencia y la participación de la víctima en los procesos judiciales, la reparación integral y la atención a las víctimas por algunas organizaciones sociales.

Por su parte, Gonzáles destacó en primer lugar la importancia de la no revictimización de la mujer.

Desde el punto de vista de España, se puso de manifiesto la intervención de la víctima en el proceso penal partiendo de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, destacando las novedades importantes: desde los tipos de víctimas, los derecho extraprocesales y procesales de las víctimas, la protección y el reconocimiento de las víctimas y las referencias específicas a las víctimas de violencia doméstica y de género.