Seminario sobre Blanqueo de Capitales en la Sede del Parlamento Europeo de Madrid

Sólo con medidas coercitivas y penales contra los Estados y empresas que trabajen con paraísos fiscales se puede luchar eficazmente contra el fraude fiscal, puesto que los convenios internacionales sobre intercambio de información son insuficientes, según las conclusiones del seminario “Papeles de Panamá: Una estafa global” celebrado el 23 de enero en la sede del Parlamento Europeo de Madrid.

En esta jornada, organizada por la eurodiputada del Grupo Alianza de Liberales y Demócratas Europeos y portavoz de UPYD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, también miembro de la Comisión de Investigación de los Papeles de Panamá, participaron Daniele Grasso, Coordinador de la Unidad de Datos de El Confidencial;  Chizu Nakajima, Directora Cambridge Intl. Symposium on Economic Crime; Álex Madariaga, Abogado Especialista en Fiscalidad; José María Peláez, Inspector de Hacienda del Estado; y Andrés Herzog, Abogado Anticorrupción.

Los ponentes pusieron de relieve la incapacidad real de las haciendas públicas para luchar de manera eficaz contra estas prácticas de evasión y elusión fiscal, y subrayaron la urgencia de otro tipo de medidas que van más allá de los acuerdos voluntarios de intercambio de información tales como la creación de una lista negra de empresas, estados y territorios no colaboradores que lleve a sanciones como no reconocer su personalidad jurídica. Asimismo, apostaron por dotar de mayores poderes de investigación a las haciendas públicas, crear una legislación económica global, una legislación que proteja al demandante, un mapa global de transacciones financieras, difusión social de los delitos, establecer impuestos sobre los movimientos de fondos hacia o desde paraísos fiscales, obligar a las entidades financieras con sucursales en paraísos fiscales a proporcionar información de las cuentas, no reconocer como personalidad jurídica a las sociedades offshore constituidas en paraísos fiscales…

Desde el punto de vista internacional, Pagazaurtundúa reconoció que el Tratado de la UE tendrá que modificarse y deberá analizarse la “eficacia del principio de subsidariedad de los Estados miembros para permitir la persecución de los delitos transfronterizos”. “El proteccionismo no sólo es reivindicado por muchos países y no sólo por Reino Unido, por lo que es uno de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar”, recalcó.

Asimismo, la eurodiputada subrayó, haciendo un paralelismo con la saga Star Wars, la necesidad de “buscar los planos de la Estrella de la muerte, es decir, de la estafa global revelada por los Papeles de Panamá”. Si no es así, “en el siglo XXI las bases del derecho público pueden saltar por los aires”, destacó. “La situación descrita genera una crisis de confianza en los poderes públicos y es una causa de deslegitimación de los sistemas democráticos. Anula, de facto el principio de igualdad ante la ley y de sometimiento ante las leyes. Se trata, por tanto, de un gravísimo problema político que pone en cuestión eso que conocemos como contrato social”, agregó.

El periodista Daniele Grasso destacó que las revelaciones de Papeles de Panamá afectan a algunos de los más poderosos del planeta, con un alcance global, por lo que necesitaban una distribución y una investigación global, sobre todo para poner de relieve la impunidad y los loopholes de los que se aprovecha quien utiliza los paraísos fiscales. Asimismo, recordó la advertencia del instigador de la filtración, el denominado John Doe, quien aseguró que “la revolución será digitalizada” o no será. “Quizás se equivoque en algo: la revolución ya es, hoy mismo, digitalizada”, planteó Grasso.

La profesora británica Nakajima mostró sus dudas respecto a la confianza depositada en los bancos, a los que se ha puesto en primera línea para «vigilar» el sistema financiero mundial puesto que son entidades comerciales del sector privado que tienen que obtener beneficios y competir con sus rivales. “ Es evidente que la tendencia a cumplir los requerimientos continuará a medida que las autoridades de distintos países impongan multas récord a los bancos internacionales por sus deficiencias en cuestiones de blanqueo de dinero. En segundo lugar, puede darse el caso de que algunos gobiernos usen dichas multas para sancionar a los bancos de otros países y no a los suyos propios. Esta crítica la comparten muchos analistas”, planteó.

El experto en asesoría fiscal Madariaga, por su parte, recalcó que siempre ha tenido la sospecha que la existencia de los paraísos fiscales ha sido “tolerada” por los poderes públicos, pero desde la publicación de los papeles de Panamá, “esta sospecha se ha convertido en una certeza”.

Según explicó, “no hay nada más complejo, lento e incierto que una Comisión rogatoria para obtener información” en aplicación de un convenio de intercambio de información. “Cuando se efectúa una investigación y tenemos la sospecha que los fondos han sido desviados a un tercer país, tenemos que solicitar dicha información mediante una Comisión Rogatoria emitida por el Juez. Ahora bien dicha comisión debe contener información concreta: preguntamos si tal cliente (persona o entidad) tiene fondos en tal banco y si es posible indicando el número de cuenta y sucursal de la entidad así como los motivos de la petición. Cualquier otra solicitud será rechaza por ser considerada una fishing expedition, es decir una excursión de pesca y por tanto no será atendida”, lamentó.

En su opinión, falla la normativa, necesariamente internacional, que obliga al intercambio automático de información entre estados tal como exige una económica globalizada. Pero también faltan autoridades de control, internacional que impidan la creación de ingeniería financiera para el fraude; y no podemos olvidar el papel de activos colaboradores necesarios del fraude de algunas entidades financieras, asesores, abogados y auditores, por tanto resulta exigible un férreo control de estas actividades. Por último, dijo, falta también una protección del denunciante.

Por su parte, José María Peláez, de la AEAT, lamentó que en el momento actual “son nulas las posibilidades de que la Administración tributaria de cualquier país logre descubrir los bienes que los defraudadores, corruptos o delincuentes ocultan en esos territorios, y por eso, cuando salta un escándalo, siempre es consecuencia de fugas de información, y no por la actividad investigadora de los diferentes Estados, sea policial, judicial o administrativa”.

Recalcó también que si se analizan las empresas del IBEX-35,  todas tienen sociedades en paraísos fiscales, habiéndose triplicado su número desde el año 2009 al 2014, según los datos que figuran en sus propias cuentas anuales. En concreto, en el año 2009 tenían 268 sociedades en paraísos fiscales y han pasado a tener 891 en el año 2014.

En el apartado de soluciones nacionales, Peláez planteó la necesidad de crear una policía fiscal,  poder actuación de incógnito, sin el conocimiento del obligado tributario, así como otorgar a la Agencia Tributaria facultades legales para investigar el blanqueo de capitales asociado a los delitos fiscales.

El abogado especialista en temas anticorrupción Andrés Herzog indicó que los “papeles de Panamá” demostró que las sociedades “offshore” son un inmenso agujero negro fiscal destinado en la mayoría de los casos a eludir el pago de impuestos, cuando no a cosas peores, como el lavado de dinero proveniente del tráfico de armas, del terrorismo, de los cárteles de la droga, de la mafia y de los abusos perpetrados por sátrapas de medio planeta, gracias a los cuales financian guerras y exterminios como el que asola ahora mismo Siria, ante la pasividad del llamado mundo civilizado.

“Este problema eminentemente global requiere soluciones globales, pero que ante todo necesita voluntad política de cada uno de los países afectados, entre ellos obviamente España que, una vez pasada la avalancha de noticias sobre los beneficiarios de tales entramados, destaca por la falta de iniciativa política y el clamoroso silencio de la opinión pública respecto de las medidas para perseguir a los responsables y para abordar las necesarias medidas. Más bien fue al revés, el Gobierno español facilitó una puerta abierta a los defraudadores, que pudieron acogerse a la amnistía fiscal del gobierno mediante el pago de una cantidad ínfima de lo defraudado, el precio de la venta de nuestra conciencia fiscal, consideró.