Descienden en Madrid casi un 50% las asistencias a víctimas de violencia de género durante el estado de alarma

• Desde el inicio del confinamiento, el Turno de Oficio de Madrid ha asistido a 413 víctimas, frente a las 774 atendidas en el mismo periodo del año pasado
• Entre el 14 de marzo y el 27 de abril, la abogacía de oficio ha realizado un total de 3.745 asistencias de guardia, un 63% menos que un año antes

Desde la declaración del estado de alarma, aprobado por el Real Decreto 463/20 de 14 de marzo, el número de asistencias de guardia realizadas por los letrados y letradas del Turno de Oficio de Madrid ha descendido un 63% respecto al mismo periodo del año anterior. En total, entre el 14 de marzo y el 27 de abril de 2020, la abogacía de oficio madrileña ha realizado 3.745 asistencias, en comparación con las 10.033 registradas en esas mismas fechas en 2019.

Por servicios de guardia, destaca un descenso del 47% en las asistencias a víctimas de violencia contra la mujer, habiéndose realizado 413 desde el inicio del confinamiento frente a las 774 del año anterior. Asimismo, las asistencias letradas en procedimientos abreviados a personas investigadas por violencia de género se han reducido en un 42%, desde las 1.200 registradas en ese periodo de 2019 a las 698 contabilizadas durante el estado de alarma.

El descenso está siendo más acusado en el servicio de asistencias letradas a detenidos, con apenas 163 desde la aprobación del Real Decreto 463/20, cuando un año antes se habían producido 654, lo que supone un 75% menos. Cifra prácticamente idéntica a la registrada en el servicio de asistencia a detenidos en los Centros de Detención o Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, donde se ha registrado un descenso del 74% con 43 asistencias frente a 167.

No obstante, los servicios de guardia en materia de Extranjería (-86%), protección internacional (91%) y delitos leves (-91%) son los que presentan el descenso más acusado durante el estado de alarma.

Aunque los datos reflejan una reducción significativa en el número de asistencias de guardia, el decano del ICAM, José María Alonso, ha recordado que “sigue habiendo delitos, situaciones donde es necesario por imperativo legal que estén abogados y abogadas asistiendo, y así lo están haciendo, mostrando una valentía y un arrojo verdaderamente encomiable”.

Servicios de Orientación Jurídica

El impacto de la pandemia generada por el SARS-CoV-2 ha sido menor en el Servicio de Orientación Jurídica, que también presta el Colegio de Abogados de Madrid. Así, en los meses de marzo y abril los letrados que prestan este servicio público han gestionado un total de 5.865 llamadas, un 40% menos que en el mismo periodo de 2019, cuando se recibieron 12.050 llamadas.

En este sentido, la directora del área de Servicios a la Ciudadanía del ICAM, Marisol Cuevas, ha recordado que “los ciudadanos de la Comunidad de Madrid han podido contar con una atención telefónica donde se ha dado respuesta inmediata a la problemática que haya podido surgir a raíz de la situación de alarma, y que ha generado nuevas situaciones en gran parte de la población (ERTES, despidos, alquileres, moratorias hipotecarias, régimen de visitas, etc.)”.

Un servicio que la ciudadanía valora muy positivamente, según los resultados de la última encuesta de satisfacción, realizada en el año 2019, a la que respondieron 2.371 personas de las 20.000 a las que se remitió. De ellas, el 78 % contestó que la atención en el Servicio de Orientación Jurídica había sido satisfactoria con una valoración media de 3,8 sobre 5, habiendo obtenido la información y el asesoramiento que necesitaban.

Para Cuevas, estos resultados ponen en valor un servicio que ha alcanzado “un alto nivel de calidad” debido principalmente a la especialización de los letrados que lo prestan, “de forma que se atiende además de en las distintas materias, a las distintas problemáticas personales (menores, personas con discapacidad, ciudadanos extranjeros, víctimas de delitos, presos…)”.

En cuanto al futuro más inmediato, la responsable del ICAM prevé el regreso a la atención presencial “de forma que el ciudadano pueda obtener un asesoramiento de calidad a la vista de la documentación que obre en su poder”. A largo plazo el objetivo es “disponer de los medios necesarios para atender a quienes lo demanden sin demoras”, ha asegurado.