Día del Refugiado: “La Abogacía es esencial para garantizar sus derechos”

España fue el país que más llegadas irregulares registró en Europa en 2020 (con un 47% del total), seguido de Italia y Grecia. Más de la mitad de los migrantes irregulares llegados a España lo hicieron a las costas canarias, según recoge el Informe CEAR 2021. Allí se vivieron escenas dramáticas, y fue fundamental la labor de los abogados de turno de oficio.

Así lo subraya Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía, que reivindica la importancia de los abogados en todos los procesos de protección internacional al considerar que “el protagonista esencial para que los derechos de las personas refugiadas sean tutelados y estén garantizados, es el abogado”. Con motivo del Día Mundial del Refugiado –que se celebra el 20 de junio-, Imbroda recuerda el compromiso constante de la Abogacía Española “con las personas que ostentan el derecho a la protección internacional, para lo que se presta asistencia jurídica gratuita a través de turnos especializados en la materia”.

“Son personas que precisan del apoyo de la sociedad a la que llegan, perseguidas en sus países de origen por numerosas causas, y necesitan sentirse arropados”, añadió, porque sus derechos “están amparados por normas internacionales que son de obligado cumplimiento porque forman parte de nuestro ordenamiento jurídico”.

En 2020 la llegada irregular de migrantes a los países de la UE cayó un 23%, principalmente por los cierres de frontera vinculados a las medidas por la pandemia. De las 99.475 personas registradas el año pasado, el 86% lo hicieron por vía marítima, “con el riesgo que supone, dado que las rutas cada vez son más peligrosas, caras y explotadas por los traficantes”, señala Estrella Galán, directora general de CEAR. Para garantizar la mejor defensa de los derechos de estas personas, desde la Abogacía Española “tenemos una permanente dedicación a la formación en el ámbito de la protección internacional, a través de cursos y jornadas, para que se preste una asistencia de calidad a estas personas”, indica Imbroda.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

La cifra de solicitudes de protección internacional en la UE también descendió en 2020, en concreto un 32,5%, situándose en 471.270 personas. Alemania (121 955), Francia (93 470) y España (88 762) fueron los países que atendieron a un mayor número de solicitantes

Pese a esto, en España solo se aprueban el 5% de las solicitudes, frente al 33% de media en la UE. Carlos Berzosa, presidente de CEAR, considera que “hay que ponerle remedio, porque en la UE no hay una denegación media tan alta”, subraya. Sobre este punto, Imbroda lamenta que “en muchas ocasiones, la administración española es excesivamente restrictiva a la hora de concederla”, algo que podría explicar el bajo número de concesiones en nuestro país.

Imbroda también destaca la importante relación de cooperación y colaboración de la Abogacía Española con ACNUR, “con el que mantenemos continuos contactos, reuniones periódicas y una colaboración constante”, y que “desarrolla una gran labor en la protección y ayuda a los refugiados”.

Finalmente, para ilustrar la intensa labor de la Abogacía en asuntos de protección internacional, subraya la creación de las Oficinas de Asilo en Melilla, únicas en España en frontera –salvo las que existen en el aeropuerto de Barajas-, en las que los abogados “colaboramos con el Ministerio en su apertura, y coordinamos con la administración y la policía que fueran dotadas de asistencia jurídica gratuita”.

Por su parte, Paloma Favieres, coordinadora jurídica de CEAR, destaca la sentencia del TS sobre la libertad de circulación de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, como “lo más importante desde el punto de vista jurídico en materia de asilo en 2020”. También enumera varios retos legislativos, como la modificación de la ley de asilo, avanzar hacia una ley integral de trata y la necesidad de una ley de igualdad de trato y no discriminación.

RECLAMACIONES DE CEAR

Desde CEAR reclaman que la política migratoria de la UE tenga un enfoque más transversal y alineado con los derechos humanos y realiza un llamamiento para que España elimine la exigencia de visado de tránsito para las personas originarias de un país en conflicto.

Igualmente, insisten en la necesidad de que se establezcan vías legales y seguras para las personas necesitadas de protección internacional. Dado que en el mundo hay 82 millones de personas refugiadas, también piden que España asuma un mayor compromiso con el reasentamiento como forma legal de llegar a nuestro país y que amplíe el número de nacionalidades elegibles. Por último, piden que se flexibilicen los requisitos para llevar a cabo la reagrupación familiar, que muchas veces tarda muchos años.