Discapacidad en prisión, una experiencia doblemente traumática

La prisión es un lugar hostil para cualquiera que pase por ella. Pero si además el interno tiene alguna discapacidad, la experiencia puede ser doblemente traumática. La situación de estos reclusos y los esfuerzos de la administración penitenciaria para adaptar el sistema serán objeto de análisis en las Jornadas de Servicios de Orientación Penitenciaria que se celebran en Lugo los días 4 y 5 de noviembre.

Actualmente, se calcula que hay unas 4.800 personas con algún tipo de discapacidad en las cárceles españolas, lo que supone un 10% de la población reclusa. De ellas, unas 1.600 presentan discapacidad psíquica, derivada de una enfermedad mental, alrededor de 340 tienen discapacidad intelectual; 1.350 discapacidad física u orgánica; 115 discapacidad sensorial y unas 1.400 presentan multidiscapacidad. Muchos se convierten en objeto de abusos y burlas por parte del resto de reclusos, no pueden  acceder a ciertos lugares por falta de adaptación, o incluso sufren las consecuencias de no ser capaz de entender bien las órdenes y aplicarlas.

Cuando ingresa en prisión una persona con algún tipo de discapacidad intelectual, existen ciertos protocolos de actuación dictados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero, como suele ocurrir, “la raíz del problema es la falta de recursos económicos”, según explica Ángel Bravo del Valle, abogado especializado en Derecho Penitenciario que será el encargado de exponer este tema durante las Jornadas.

Aunque se están haciendo esfuerzos para adaptar el entorno penitenciario a la discapacidad, como itinerarios accesibles a las zonas comunes (comedores, bibliotecas, etc), “las carencias aún siguen estando a la orden del día”, lo que complica también la participación de estas personas en actividades formativas u ocupacionales que pueden dar acceso a beneficios penitenciarios.

Los abogados también sufren complicaciones cuando tienen que atender a una persona con discapacidad en prisión, fundamentalmente en lo que se refiere a la comunicación. “Si ya es difícil en situación de libertad, los problemas se acrecientan entre los muros de la prisión”, señala Bravo.

A las dificultades habituales, “se han añadido las restricciones que ha provocado la pandemia. Por ejemplo, hablar con un interno con discapacidad auditiva, con una mascarilla puesta, sin que pueda leer los labios del letrado, es una traba que perjudica el Derecho de Defensa del cliente. Sin una comunicación adecuada con nuestros clientes, el trabajo por nuestra parte se resiente enormemente”, denuncia. Además, también faltan facilitadores que ayuden a las personas con discapacidad intelectual a entender conceptos jurídicos y comprender su situación.

Un aspecto fundamental para mejorar la integración de las personas con discapacidad en el entorno penitenciario es, a juicio de Bravo, la “formación, de los operadores jurídicos en derecho de la discapacidad, incluyendo a los responsables y trabajadores de los centros penitenciarios”, así como “la información a los reclusos con discapacidad y sus familias sobre sus derechos y recursos a su alcance. Y la  concienciación del conjunto de la sociedad sobre lo que significa la discapacidad, principalmente en prisión”.

Las alternativas a la cárcel para estas personas son escasas. “Sólo existen módulos especiales en tres prisiones (Estremera, Segovia y Quatre Camins) dedicados a personas con discapacidad intelectual”, pero no siempre es posible el ingreso en estos módulos, entre otras razones porque si su domicilio se encuentra lejos, separar a los internos de sus familias no es lo más beneficioso para ellos.