Dos dictámenes motivados a España por no transponer las Directivas de contratación pública y concesiones y la Directiva sobre productos del tabaco

La Comisión Europea ha enviado dictámenes motivados a quince Estados miembros, instándoles a que incorporen en el Derecho nacional una o más de las tres Directivas nuevas en materia de contratación pública y concesiones Directivas 2014/23/CE, 2014/24/CE y 2014/25/CE). En el caso de España, se trata de la implementación de las tres Directivas.

Las nuevas Directivas hacen más eficiente y transparente la contratación pública en Europa, con normas más inteligentes y más procedimientos electrónicos. Además, hacen que sea más barato y más fácil para las PYMEs participar en concursos públicos, mejoran la transparencia y la competencia y contribuyen a la consecución de objetivos políticos más amplios, tales como objetivos medioambientales y sociales relacionados con la innovación.

El plazo de notificación de la transposición de las nuevas normas de contratación pública por todos los Estados miembros expiró el 18 de abril de 2016. Los quince Estados miembros que aún no lo han hecho disponen de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para adecuar su legislación nacional al Derecho de la UE.

También, la Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Luxemburgo y Suecia para que notifiquen la plena transposición de la Directiva sobre productos del tabaco (Directiva 2014/40/UE). Dicha Directiva tiene por objeto mejorar el funcionamiento del mercado interior de los productos del tabaco y productos afines, garantizando al mismo tiempo un nivel elevado de protección de la salud de los ciudadanos europeos. La Directiva exige la transposición de sus disposiciones al Derecho nacional a más tardar el 20 de mayo de 2016. Hasta la fecha, Suecia ha notificado a la Comisión la transposición parcial de la Directiva, pero no se ha recibido notificación de transposición por parte de Chipre, Croacia, Eslovenia, España ni Luxemburgo. Los Estados miembros disponen de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación; de lo contrario, la Comisión Europea podría decidir llevar estos asuntos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4211_es.htm