Dos expulsados de la Isla de Tierra en 2012 demandan a España ante el Tribunal Europeo de DDHH

Dos ciudadanos cameruneses han presentado una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por haber sido expulsados a Marruecos, junto a otras 71 personas, de la Isla de Tierra en septiembre de 2012, sin acceso al procediendo de asilo y de extranjería, informa Europa Press.

En su demanda, solicitan que el Alto Tribunal condene a España por haber ejecutado una expulsión colectiva, “expresamente prohibida” por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), negándoles la posibilidad de solicitar asilo en España y acceder a la tutela judicial recogida en la normativa española e internacional, según ha informado Migreurop, red formada por las organizaciones ACSUR, Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elín, Mugak y SOS Racismo.

“Se cometió una infracción flagrante de la regulación”, ha explicado a Europa Press Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo. El caso, que tuvo un importante eco en su momento, se remonta a agosto de 2012, cuando dos embarcaciones arribaron al islote de Isla de Tierra, cerca de las costas marroquíes, con 73 personas, incluyendo mujeres embarazadas y niños.

Varios días después, en la madrugada del martes 4 de septiembre, el Gobierno ejecutó una orden de expulsión colectiva de estas personas a Marruecos. Entonces, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, elogió la “generosidad” del país vecinos por aceptar al grupo de migrantes y afirmó que el Ejecutivo trabajaba con Marruecos y la Unión Europea para encontrar una “solución duradera” a la inmigración por la vía de los islotes de soberanía española que salpican la costa alauí.

Ahora, en la denuncia presentada ante el TEDH, se señala que la Ley de Extranjería, al igual que el CEDH, contempla la obligatoriedad de las autoridades de informar a los inmigrantes interceptados de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial efectiva.

También es obligación de las autoridades proceder a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. En cambio, “el Gobierno español decidió expulsarles de forma colectiva, sin estudiar de forma individualizada cada caso”, según Migreurop.

Además, denuncian que su expulsión se produjo hacia un país, Marruecos, “dónde se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas de origen subsahariano”, violando el principio internacional de no devolución a países dónde puedan sufrir torturas y tratos degradantes e inhumanos.

VARIOS MESES PARA DAR CON LOS EXPULSADOS

Tras varios meses de investigación, las organizaciones españolas de Migreurop, en colaboración con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), consiguieron localizar en Rabat a dos de las personas expulsadas del islote en 2012, Enmanuelle y Denis, quiénes habían conseguido regresar a territorio marroquí tras su expulsión a Argelia.

Según relataron, tras su expulsión, Denis fue víctima de una brutal paliza por parte de la gendarmería marroquí al negarse a subir a un autobús con destino al desierto argelino, dónde sería abandonado a su suerte. Mientras, Enmanuelle se vio obligado a solicitar protección internacional en Marruecos, país que carece de un sistema eficaz de asilo y dónde existe un grave problema de discriminación hacia las personas refugiadas subsaharianas.

Una vez entrevistados e informados de sus derechos, decidieron interponer una denuncia contra el estado Español. “Ahora hay que esperar a que sea admitida o no a trámite”, un paso que puede dilatarse varios meses, según ha explicado Mazkiaran.

Las organizaciones de Migreurop han denunciado que prácticas como la expulsión colectiva de Isla de Tierra, en línea con “las políticas de la Europa fortaleza”, acaban provocando tragedias como las vividas estos días en Lampedusa, al fomentar que las redes de tráfico de personas recurran a métodos y rutas cada vez más peligrosas.

En el caso de los expulsados de Isla de Tierra, se denuncia que España violó tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el artículo 3 del convenio que recoge la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, el artículo que contempla la prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros y el que contempla el derecho a un recurso efectivo.

DENUNCIA DE LA ABOGACÍA

Con estos mismos argumentos, denunciaba el presidente de la Subcomsión de Extranjería del Consejo General de la abogacía, Pascual Aguelo, el trato dado a estas personas en un artículo que concluía así:

“En síntesis, parece claro que el gobierno no ha respetado los Derechos de los extranjeros que entraron irregularmente en territorio español: No ha respetado los Derechos dimanantes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ni los Derechos derivados de la Ley española de Extranjería. Porque tales extranjeros pueden ser expulsados, pero no de cualquier forma sino cumpliendo las normas de sus Derechos y garantías”.

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