El 27-S, no todos los catalanes podrán votar

• Las personas con discapacidad intelectual privadas del derecho de sufragio por una sentencia de incapacitación reclaman su restitución.
• El Síndic de Greuges denuncia que 4.000 personas no puedan ejercer este derecho en las elecciones catalanes del 27 de septiembre.
• Dincat y el Colegio de la Abogacía de Barcelona reúnen a abogados, jueces y fiscales  en una mesa redonda para sensibilizar a los operadores jurídicos.

“En estas elecciones del 27 de septiembre, no todos los catalanes podrán votar. Las personas con discapacidad intelectual privadas del derecho de sufragio por una sentencia judicial de incapacitación siguen sin poder ejercer su derecho como ciudadanas “denuncia Rosa Cadenas, presidenta de Dincat.

Dincat (Federación Catalana de la Discapacidad Intelectual) y el Colegio de la Abogacía de Barcelona han organizado la mesa redonda “La ciudadanía en cuestión. El ejercicio de la capacidad jurídica y los derechos políticos de las personas con discapacidad intelectual”, que ha tenido lugar en la sede del ICAB. Por primera vez, Dincat ha reunido a los principales operadores jurídicos (abogados, jueces y fiscales) implicados en estos procesos que modifican la capacidad de obrar (incapacitación) y que están limitando este derecho. El objetivo de la mesa redonda ha sido aportar elementos de reflexión para transformar las prácticas jurídicas de estos operadores y adaptarlas a los principios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El derecho de sufragio es un derecho fundamental de todas las personas, tengan o no una discapacidad, y está recogido en la normativa catalana, estatal, europea e internacional. “La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marca que los Estados Parte deben garantizar los derechos políticos y, por tanto, asegurar que las personas con discapacidad pueden participar plenamente y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos” asegura Rafael Ribó, Síndic de Greuges. España ratificó la Convención de las Naciones Unidas en 2007 y, por tanto, es de obligado cumplimiento por parte de los Estados firmantes.

El Síndic de Greuges ha dictado una resolución que asegura que 4.000 catalanes no pueden ejercer el derecho de sufragio por una sentencia de incapacitación que limita este derecho, entre los que se incluye a personas con discapacidad intelectual.

“La incapacitación sirve para proteger mi economía, pero una cosa es eso y otra es privarme del derecho de sufragio. Esto quiere decir que no me permite dar mi opinión, utilizar mi criterio o manifestar mi pensamiento. Las personas con discapacidad tenemos el derecho a participar en la vida política porque somos parte de la ciudadanía” defiende Dolors Torrents, portavoz de las personas con discapacidad intelectual y miembro del Observatorio de Derechos de Dincat.

“Es importante que se estudie caso por caso, que se pondere la situación particular de cada persona. En los procesos que modifican la capacidad de obrar no valen las generalidades” afirma Oriol Rusca, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona. En la misma línea también se expresan los representantes de los jueces y los fiscales. “Todos tenemos derecho a votar, sin necesidad de tener que demostrar especiales conocimientos políticos. La pérdida del derecho de voto debe ser una medida excepcional y especialmente motivada en la sentencia de incapacitación para la protección de la persona” según Luis Rodríguez, representante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona .  “El derecho de sufragio es uno de los derechos políticos esenciales que establece la Constitución Española. La privación sólo puede darse en casos excepcionales” también ratifica Neus Pujal, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fiscal jefe en Sabadell.

La mesa redonda forma parte de la campaña de Dincat “Tienes derecho a votar. ¿Lo sabes? “Que defiende el derecho de voto y de participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad intelectual y que reclama la restitución de este derecho en el caso de privación por una sentencia de incapacitación judicial. Dentro de la campaña, la federación catalana de discapacidad intelectual también está trabajando para conseguir una reforma de las leyes que permita armonizarlas con la Convención de la ONU.

Dincat es la federación que agrupa 300 entidades sociales que atienden, ofrecen soporte y defienden los derechos de más de 30.000 personas con discapacidad intelectual o desarrollo en Cataluña.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona es una institución pionera que trabaja para defender la profesión de abogado, así como para  potenciar la imagen de la abogacía dentro la sociedad. La corporación está 365 días al año al servicio del colegiado, al servicio del ciudadano