El abogado nicaragüense José Arnulfo López Cruz se exilia en España con su familia

El abogado nicaragüense de derechos humanos José Arnulfo López Cruz se ha exiliado en España tras verse obligado a huir de su país la semana pasada para evitar ser detenido por defender a opositores y presos políticos.

“Mi esposa recibió hace una semana una llamada de alguien que le dijo que corríamos peligro porque ahora que se acercan las elecciones la situación es de más riesgo y por eso era mejor que nos fuéramos antes de que nos detuvieran”, cuenta el letrado, que también fue fiscal.

Desde 2018, cuando empezó a defender a presos políticos, López Cruz sufrió “hostigamientos continuos” por parte de la policía, con continuas visitas a su casa. Y también dificultades para ejercer su trabajo. “No me dejaban acceder a la información, no me facilitaban los expedientes, había un total secretismo.  Me cerraron todas las puertas, incluso de los casos privados porque ellos decían que como soy abogado golpista, que es como nos llaman a los que defendemos presos políticos, pues los jueces no nos iban a resolver y así te limitaban el derecho a trabajar”.

La situación empeoró en mayo cuando asumió la defensa del precandidato presidencial Feliz Maradiaga, cuando este fue detenido. “A raíz de eso comenzó una persecución todavía más masiva, llegaban a buscarme en todos los lugares donde vive mi familia, agredieron a mi hijo en la universidad… Y decidimos que lo mejor era salir de allá”.

Tras salir precipitadamente de Managua la semana pasada el letrado llegó a Madrid donde va a solicitar asilo político. El Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo, del que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española como miembro fundador, está prestando asistencia a López Cruz y su familia ante su nueva situación y el inicio de los trámites.

El letrado se muestra muy pesimista sobre la situación en su país: “A corto plazo está muy difícil, no creo que vaya a haber un cambio, va a depender de la presión internacional e interna. Tiene que haber una coordinación de la gente de fuera y la que esté dentro. El gobierno [de Daniel Ortega] lo controla todo, la policía, el poder judicial…”.

En los últimos meses han sido varios los abogados nicaragüenses que se han visto obligados a huir del país.