El asesinato de un abogado en Honduras eleva a 59 la cifra de letrados muertos desde 2010

El abogado Francisco Erick Rodríguez fue asesinado el pasado jueves 16 de mayo en Tegucigalpa, capital de Honduras, según informó la policía. Con este asesinato, son ya 59 los abogados asesinados desde 2010 en esta nación centroamericana.

Se trata del segundo abogado asesinado en menos de tres días en el país y el sexto en lo que va del año. La policía señaló que Rodríguez fue citado en la colonia Santa María, en Tegucigalpa, por una persona que estaba interesada en alquilarle una casa, donde fue atacado.

El pasado martes fue asesinado Luis Alfredo Mejía Oyuela, de 56 años, quien era miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Según el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), durante la administración del presidente Porfirio Lobo, de abril de 2010 a diciembre de 2012, fueron asesinados 53 abogados.

En lo que va de 2013, suman seis abogados asesinados, con Oscar Maricio Benavides (enero); José Andrés Andrade Soto y Héctor David Quesada, en febrero; Said Alfredo Castrillo, en marzo, y Luis Alfredo Mejía Oyuela y Francisco Erick Rodríguez, en mayo.

En 2010, 16 abogados fueron asesinados en Honduras, uno de los países más violentos de América Latina; en 2011, perecieron otros 22, y en 2012, 15.

El presidente del Colegio de Abogados, Roy Urtecho, dijo que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los crímenes, la mayoría sin resolver. “Estamos sometidos a una impunidad, no hay defensa, no hay investigación”, agregó.

CONDENA DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

En septiembre de 2012, el presidente de la Fundación Abogacía Española y del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se dirigió al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, para exigirle que estos asesinatos no quedaran impunes, a raiz de la muerte del abogado hondureño Antonio Trejo y el fiscal Manuel Eduardo Díaz Mazariegos. Los dos defensores de los derechos de los campesinos hondureños fueron asesinados a tiros.

En una carta dirigida al presidente Lobo, Carnicer afirma que “cualquier crimen contra abogados u otros profesionales de la Justicia es en sí mismo un ataque a los cimientos del Estado de Derecho. Pero en el caso hondureño, el alto grado de impunidad en estos crímenes, que según datos del Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) ronda el 95%, sugiere que existe una gravísima situación y una urgente necesidad por desplegar todos los mecanismos necesarios para garantizar sin paliativos la integridad personal de los miembros de estos colectivos”.

Carnicer, en nombre de la Abogacía Española, asegura en su misiva que defender los derechos de los más desfavorecidos no puede ser una labor de alto riesgo. “Mientras que garantizar la seguridad de los ciudadanos es una obligación internacional para todos los Estados, garantizar la de quienes asumen la responsabilidad de defender a los más vulnerables es un imperativo sin el cual no puede existir la Justicia”, afirma.

La Abogacía Española confía en que la voluntad del gobierno hondureño por aclarar las circunstancias en que se produjeron los asesinatos de Antonio Trejo Cabrera y Manuel Eduardo Díaz Mazariegos y por hacer caer sobre los autores de los mismos todo el peso de la ley, “propicie una investigación ejemplar”, concluye Carnicer.