El Ayuntamiento de Palau-solitá también rechaza alejar la justicia del ciudadano

• Tal y como ya han hecho los consistorios de Polinyà, Sabadell o Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans ha manifestado su rechazo frontal al Anteproyecto de Ley de demarcación y planta judicial.

La iniciativa del Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD) para pedir el rechazo al anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial, proyecto de ley que prevé una modificación de todos los partidos judiciales en todo el estado y una centralización de los juzgados en las capitales de provincia, ha encontrado una gran acogida entre los consistorios del Vallés. A los municipios de Polinyà, Sabadell y Santa Perpètua de Mogoda, se ha sumado recientemente el de Palau-solità i Plegamans con la aprobación de unos acuerdos en los que manifiesta su oposición a esta medida que empobrece nuestro estado de derecho y menosprecia a los ciudadanos y ciudadanas de las poblaciones afectadas, que se tendrán que desplazar a Barcelona para defender sus intereses ante la Justicia. El pasado mes de diciembre, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sabadell rechaza al Anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial.

Como el ICASBD ha venido reiterando en los últimos meses, esta iniciativa legislativa significa un claro retroceso en el acceso a la Justicia puesto que, según ha destacado el decano de la institución, Juan Antonio García Cazorla, “supone alejar todavía más el ciudadano de la Administración de Justicia, puesto que no responde a criterios geográficos, demográficos o de racionalidad, sino a motivaciones que nada tienen que ver con las necesidades de la sociedad en general”.

Además de mostrar su satisfacción por la buena acogida de la iniciativa, García Cazorla ha vuelto a poner de manifiesto que el cambio del actual modelo de justicia de proximidad por uno de más centralizado, que a buen seguro los obligará a desplazarse a la capital de provincia para cualquier trámite judicial representa un ataque frontal al Estado de derecho. “Esta concentración en la capital de provincia supone un regreso a patrones de justicia del siglo XIX que nada tienen que ver con criterios de eficiencia, como se ha querido vender desde el gobierno central”, ha reiterado.