El CGPJ recorta su presupuesto un 12% para 2013 y critica la “drástica” reducción de los días de permiso

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una reducción del 12,02 por ciento de su presupuesto, que pasa de 71,35 millones en 2012 a 62,77 millones de euros para el próximo ejercicio, según ha informado EUROPA PRESS.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este lunes el proyecto de Presupuesto de la institución para el año 2013, así como el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica Complementaria del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial

En relación con el recorte presupuestario sufrido por la institución, su nuevo presidente, Gonzalo Moliner, ha destacado en rueda de prensa que el órgano se ha acomodado a los criterios generales establecidos por el Gobierno, aunque no le hayan sido llegados directamente.

En consecuencia, se trata de una reducción “acomodada a las exigencias generales” y en la que se puede equiparar a cualquier otro órgano del Estado. “En definitiva, un presupuesto acomodado a las necesidades y al interés general de este país”, ha añadido.

La cifra de 62.778.490 euros para el presupuesto del año próximo es, a juicio de Moliner, “más acomodada a las necesidades del Consejo, a las que en cualquier caso no puede renunciar”. En este sentido, ha recordado que el Consejo tiene a su servicio el CENDOJ, administra la Escuela Judicial y lleva la formación continua de jueces y magistrados.

La reducción presupuestaria ha afectado al presidente del Consejo, que ha nombrado a un sólo jefe de gabinete técnico –el del Supremo– cuando hasta ahora había dos y ha mantenido a los actuales asesores, “sin traer a gente de fuera por el incremento de gasto que ello podía suponer”.

EL JUEZ ES UN FUNCIONARIO CON OBLIGACIONES EXCEPCIONALES

En relación con el informe al anteproyecto de ley sobre las medidas de estabilidad presupuestaria, Moliner ha afirmado que el Consejo reconoce que el juez es un funcionario público pero con “unas obligaciones excepcionales” y ha argumentado que los magistrados tienen a su cargo la defensa de los derechos constitucionales, lo que les conduce a “una situación no equiparable ni en jornadas, ni en horarios ni en obligaciones”.

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, ha enfatizado que el órgano de gobierno de los jueces, “en principio, no tiene reparos” sobre las medidas que homologan el régimen jurídico de jueces y magistrados con el resto de funcionarios públicos, entre las que ha citado el régimen de vacaciones.

Sin embargo, ha precisado su desacuerdo con otras medidas que, entiende, suponen “una restricción de los derechos de la Carrera Judicial”. En el caso de los permisos anuales, ha recordado que los jueces tenían derecho a 6 permisos anuales de 3 días de duración cada uno de ellos con un “severo régimen de justificación y de disfrute”.

“Esto en ningún momento se ha considerado como un privilegio para la Carrera Judicial con respecto al resto de la función pública sino una consecuencia de la especialidad y las exigencias propias de la función jurisdiccional”, ha aseverado Bravo.

En este sentido, el Consejo ha criticado la reducción “de forma drástica de los permisos porque entiende que el actual sistema sigue siendo con la reducción, únicamente a 3 días de permiso, sigue siendo muy duro y prácticamente no tiene ninguna justificación”.

El CGPJ ha criticado que el anteproyecto no vaya acompañado de ninguna memoria económica sobre el ahorro que puede suponer esa “restricción de derechos sociales”. “Somos todos solidarios con la situación económica que vive este país pero no podemos olvidar las especiales peculiaridades, características y responsabilidad derivada del ejercicio de la función jurisdiccional”, ha añadido la portavoz.

LICENCIA DE ESTUDIOS Y BAJAS MÉDICAS

La portavoz del Consejo ha subrayado que existen otras vías para mantener el mismo número de permisos a los jueces sin coste económico para el erario público y ha criticado el cambio que ha afectado a las licencias de estudios. “La supresión de toda retribución cuando las licencias por estudios superan los 20 días anuales implica un trato peyorativo respecto a la función pública”, ha alegado.

Respecto a las bajas médicas, el anteproyecto contempla que jueces, fiscales y secretarios generales verán reducido su salario en función de la duración de la incapacidad médica, algo que el Consejo ve “sumamente gravoso” para todos los afectados.

En el caso de los jueces, añade, supone una modificación de su régimen jurídico que sólo puede desarrollarse a través de una Ley Orgánica prevista para el estatuto de la Carrera Judicial.

VOTOS PARTICULARES

Se han introducido enmiendas al informe y ha sido aprobado con una amplia mayoría aunque ha contado con los votos particulares de los vocales José Manuel Gómez Benítez y de Ramón Camp.

El primero considera que la ley no tiene que tener ningún trato desigual en materia de permisos, mientras que Camp entiende que debía haberse previsto una reducción proporcional a los días de permiso que gozaba la Carrera Judicial.

Para terminar, Gabriela Bravo ha destacado que el CGPJ es solidario con la situación económica del país y las críticas introducidas no responden a ninguna posición de defensa de intereses corporativos, sino de la dignidad de la Carrera Judicial.